Comando judicial

ETA estará en los Ayuntamientos a partir del 22 de mayo. Millones de euros de distintas arcas municipales vascas y navarras (más dos ayuntamientos del burgalés Condado de Treviño) pasarán a ser administrados por sus miembros, los que atienden el frente militar o el de la acción política. Para empezar, se calcula que, teniendo en cuenta las subvenciones que el Ministerio de Economía otorga por cada concejal logrado y por cada voto recibido cuando éste se traduzca en un concejal, la coalición Bildu obtendrá de los fondos públicos 520.000 euros. Esto sería sólo el principio; en cuanto se tome posesión de los cargos municipales, el Estado dejará en las manos del grupo terrorista el manejo de presupuestos de docenas de ayuntamientos, ayudas públicas, sueldos, contratos a personas afines… De esta manera, el Estado español ayudará a que la banda terrorista sea sostenible, cosa nada fácil dados los ingentes gastos que supone su mantenimiento. Por ejemplo (es sólo un ejemplo), por una nota manuscrita que fue encontrada en poder de Aitor Elizarán Aguilar, jefe del «aparato político» de ETA, detenido en la localidad francesa de Carnac, en la Bretaña, el 19 de octubre de 2009, se ha sabido que poco antes la banda había comprado tres misiles (no utilizados todavía) que le costaron 100.000 euros. Sólo con las subvenciones del Estado recibidas antes de tomar posesión de las actas, la banda tendría ya fondos para multiplicar por cinco su arsenal de misiles, con los que podrá atentar contra cualquier avión o helicóptero.

En el Código Penal está tipificado el delito de financiación ilegal. Cuando unos magistrados del Tribunal Constitucional permiten que una banda terrorista concurra a las elecciones municipales y de esa manera pueda financiarse con dinero público, ¿se está defendiendo el Estado de Derecho y salvaguardando la Constitución o se está cometiendo un delito de financiación ilegal?
Cuando en vez de perseguir a una banda terrorista (que sigue operativa, aunque adaptando su estrategia a los gestos de colaboración con ella promovidos desde el poder político y judicial), se la permite instalarse en las instituciones del Estado, ¿se está respetando el juego democrático o se está cometiendo el delito tipificado como “omisión del deber de perseguir delitos”?
Cuando se consiente que, una vez instalada en los ayuntamientos, la banda terrorista tenga acceso al censo y a información sobre el domicilio y los ingresos de sus potenciales víctimas, y pueda poner en práctica con mayor eficacia su habitual estrategia de coacción y de chantaje, ¿se está siendo escrupuloso en la defensa de los ciudadanos que sostienen con sus impuestos al Estado o se están cometiendo delitos como el de prevaricación o colaboración con banda armada?
Que el Estado condescienda o colabore con grupos que aspiran a destruirle y a destruir la nación y la democracia en España es como optar por apostarse al borde del abismo. Y como Nietzsche decía: “Si miras durante mucho tiempo al abismo, el abismo acabará mirándote a ti”… A no ser que, sin tardanza, los españoles decidamos cambiar de perspectiva y empezar a mirar a tierra firme.