El domingo pasado, Carlos Rodríguez publicó en Página/12 una crónica sobre el enfrentamiento entre vecinos de Mataderos y los integrantes de la cooperativa Los Bajitos, desatado cuando éstos quisieron tomar posesión del terreno que compraron en la calle Basualdo al 1700 para construir dos edificios con 88 viviendas dignas. Entre otras cuestiones, el periodista explica que la adquisición del predio se realizó a mediados de 2007 en el marco de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno porteño y con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“El episodio de mayor violencia -escribe Rodríguez- se produjo el viernes cuando unas cincuenta personas ingresaron al predio destrozando el portón de entrada con un camión, y les prendieron fuego a las instalaciones”. Tras citar a la apoderada de la cooperativa, Lorena Sfeir (“los vecinos dicen que no quieren que los ‘villeros’ se instalen ilegalmente en el barrio, cuando en realidad sólo están tratando de ejercer su derecho a la propiedad privada”), el cronista acota: “lo extraño es que la Policía Metropolitana, creada por Mauricio Macri entre otras cosas para defender a rajatabla la propiedad privada, no mueve un dedo para garantizar la seguridad de personas que sólo quieren comenzar obras de construcción en un terreno propio”.
La información vertida en el artículo coincide con la historia que Lisandro González Ursi y Diego Carabelli abordaron en el documental Errantes, proyectado en el marco del último BAFICI. Además del trabajo que llevaron adelante los integrantes de Los Bajitos, los realizadores argentinos registraron las reacciones hostiles en Mataderos ante un primer intento de traslado.
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El mismo domingo alrededor de las 15, Espectadores se acercó hasta el predio disputado, y tomó las cinco fotos que ilustran este post. La calma imperante contrastaba con los restos de las fogatas que la patota vecinal encendió en las esquinas, con las pintadas sobre la presunta condición “mulita” (dealer) de Los Bajitos, con la faja de clausura que funcionarios de la Ciudad pegaron en el portón trasero de cara a la calle Araujo.
El patrullero de la Policía Metropolitana se encontraba estacionado sobre la vereda correspondiente a la entrada de la mencionada calle Basualdo: de ahí mismo salió un agente uniformado apenas notó nuestra presencia y nuestra cámara. La actitud vigilante del efectivo nos intimidó menos que la mirada hostil proveniente de un grupo de seis vecinos apostados en la vereda de enfrente al portón custodiado, aunque corridos hacia la esquina lindante con la avenida General Eugenio Garzón.
Una mujer cuarentona, teñida de rubio, se acercó paulatinamente al auto de Espectadores con cara de pocos amigos. Quien suscribe presintió la improbabilidad de un diálogo mínimamente civilizado.
Los desmanes provocados por los vecinos de Mataderos, la inacción complaciente de la Policía Metropolitana y de los funcionarios porteños que ignoran olímpicamente el acuerdo firmado con el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto de la Vivienda, la escasa intervención judicial, la indiferencia mediática (sólo Página/12 cubrió el enfrentamiento del viernes) ilustran la insensibilidad de una clase media empecinada en negarle derechos a la negritud, si es necesario mediante la violencia (particular e institucional).
En esta ocasión la consigna parece ser “combata la pobreza; patotee errantes”.