LUISA ORTEGA DÍAZ
América Latina padeció durante las últimas décadas del siglo pasado cruentas dictaduras que prácticamente extinguieron el ordenamiento jurídico de los derechos humanos América Latina padeció durante las últimas décadas del siglo pasado cruentas dictaduras que prácticamente extinguieron el ordenamiento jurídico de los derechos humanos. Lamentablemente, fue en Venezuela donde originalmente se ejecutaron crímenes atroces como la desaparición forzada de personas por razones políticas. Desde inicios de los sesenta se implementó este condenable delito contra los derechos humanos. Se estima que cerca de 3.000 venezolanos fueron víctimas de tan inhumano proceder de los gobiernos de aquel entonces. Miles de familias han sufrido durante décadas el dolor de no conocer la verdad sobre lo ocurrido con sus seres queridos. Además, otros venezolanos, igualmente por razones políticas, fueron asesinados, torturados o mantenidos injustamente en prisión durante años, incomunicados y sin derecho a la defensa. Durante los gobiernos que detentaron el poder entre 1958 y 1998, se desplegaron por todo el país los conocidos Teatros de Operaciones, que funcionaban como centros de torturas y asesinatos. Conocidos terroristas internacionales como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, fungieron como jefes policiales de esos tiempos. Lamentablemente, el Poder Judicial y el Ministerio Público de la época garantizaron la impunidad de tales crímenes. Ahora, la nueva institucionalidad que rige en Venezuela, nacida del proceso constituyente que se originó de gestas patrióticas como el 27 de febrero y el 4 de febrero, comprometida con la defensa de los derechos humanos, ha asumido que esa sistemática violación de los derechos humanos constituye un crimen de lesa humanidad de carácter imprescriptible. De allí que la Asamblea Nacional dictó la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998. El artículo 8 de este instrumento legal crea la Comisión por la Justicia y la Verdad, cuya misión es investigar tan dramática crisis de los derechos humanos y contribuir en el esclarecimiento de la verdad en cada caso. Me ha correspondido el honor de ser integrante de dicha comisión, formalmente constituida y juramentada el día 27 de febrero de 2013. En esta nueva tarea pondré todo mi empeño en el entendido de que el derecho a la verdad y a la justicia es parte fundamental de la reparación del daño causado a las víctimas. Fiscal General de la República