Jamás me imagine que España se podría convertir en un país de castas, por un lado tenemos la plebe formada por los trabajadores de la empresa privada y el personal laboral de la Administración y por otro la aristocracia de los funcionarios. Todas estas diferencias entre laborables y funcionarios realmente es algo que lleva ocurriendo años, ya que los funcionarios en este país siempre han sido unos privilegiados en relación con el personal laboral, privilegios que expondré más adelante.
Me presento, soy personal laboral fijo por oposición y a lo largo de mis más de 20 años de empleado público he visto que si alguien sobraba en la Administración eran los múltiples funcionarios que pululaban por despachos y pasillos sin nada que hacer después de haber consolidado el Nivel y de haber sido cesados de sus cargos de libre designación, por no hablar de los puestos duplicados en distintas administraciones o en la misma, es decir aquellos casos en que para hacer una gestión el ciudadano tiene que recorrerse 4 o 5 ventanillas, cuando todo ello podría hacerse en una. No olvidemos también que hoy en día muchas gestiones pueden hacerse por Internet, por lo que muchos puestos de funcionarios, que son los que realizan estas labores son innecesarios.
El personal laboral realiza unas funciones muy específicas, por lo que su supresión siempre redundara en la calidad de servicio que se presta al ciudadano. La mayoría trabaja más horas que los funcionarios y con jornadas que incluyen sábados, domingos y festivos, desde hace unos años vemos como se han ido reduciendo plazas de laborables, hecho que repercute en una mayor carga de trabajo para los que se quedan. Los funcionarios tienen horario reducido en verano mientras que a muchos de los laborales nos lo han ampliado, su jornada suele ser de lunes a viernes, mientras que los laborales trabajan sábados, domingos que no nos compensan. Ellos no tienen problemas con los permisos ni con los asuntos propios, este año no me han dado ni uno. En algunos centros mientras los laborables tienen que fichar (algo que es obligatorio para todos los empleados públicos), los funcionarios están exentos, saltándose el control horario y la ley. Incluso hay centros que cierran unos meses y mientras a los laborables los mandan para casa, los funcionarios siguen "trabajando" todo el año en ese centro que en teoría esta cerrado.
Dicen que es un problema legal y por eso no se les puede aplicar un ERE, ya que están regulados por una Ley, la del Estatuto de la Función Publica y según ellos no es tan fácil modificarla o derogarla. Pero el Gobierno no tiene ningún problema en legislar para echar al resto de los trabajadores no funcionarios, ya sean laborables o del sector privado. como también dicen que es un problema legal suprimir los privilegios, las indemnizaciones y las pensiones de los políticos y de los altos cargos. Cuando es para recortar a los demás no hay ningún problema para regularlo por ley, pero si es para recortarse a ellos, todo son problemas, ¡Que curioso! No existe tal problema legal eso se lo han inventado ellos para convertirse en unos privilegiados “intocables”.
Aunque el art. 103 de la Constitución dice: “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. Habla de la Administración Pública en general, laborales y funcionarios, lo que no se puede hacer es aplicar esto solo al personal laboral y no al funcionario produciéndose una grave vulneración del art. 14 de la Constitución que dice: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
También el Art. 9, recoge en su enunciado lo siguiente:
"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".
Todas las leyes se pueden modificar, derogar o reemplazar por otras, incluida la ley de leyes, la Constitución. Lo que no hay es voluntad ni interés porque es algo que les toca a ellos, sus familiares o amigos. En Grecia o Portugal no han tenido el más mínimo problema para despedir funcionarios.
Por otra parte este problema que se ha agudizado con una crisis cuyas causas han ido madurando en los últimos años, sin que ningún gobierno tomara las medidas adecuadas para solucionarla. Todos estos años de enchufismo y creación de organismos, chiringuitos, cargos y empleos inútiles hoy nos pasan factura. . En primer lugar hay que echar a todos aquellos que han accedido sin superar una oposición y que han sido enchufados por los políticos o altos cargos de turno. Después hay que eliminar todas esas fundaciones, empresas y demás chiringuitos creados por los partidos gobernantes para colocar a sus amigos, familiares, afiliados, cargos a punto de perder el puesto, asesores, etc.
En todos aquellos casos que se demuestre que esas plazas u organismos carecen de utilidad o están duplicadas o que su creación se debió a motivos políticos y que el acceso a esos puestos no siguió el procedimiento que marca la ley, hay que suprimirlas.
El resto del personal que accedió a la plaza por oposición legal siguiendo los criterios de capacidad, mérito y que no haya presupuesto para mantener sus centros deberían ser recolocados, accediendo de las plazas que queden vacantes por jubilación. Lo que no tiene lógica es que se despidan a estos trabajadores, produciéndose una clara discriminación y un grave agravio comparativo en relación con los funcionarios que se encuentren en la misma situación. Habiendo otras opciones como el recorte de horas, trabajar menos meses, el recorte salarial o la amortización de plazas.
También quieren retrasar la edad de jubilación a los 67 años, pero mientras la Administración fomenta las jubilaciones anticipadas y parciales con un coste anual, estimado para la Seguridad Social, según el Ministerio de Empleo, de 7.288 millones de euros para las anticipadas y de 2.690 millones para las parciales.
Parece que el CSI-F, el sindicato mayoritario de funcionarios, rechaza secundar la huelga general por responsabilidad ante la situación económica y social. A eso se le llama negociar bien, no hacemos ruido y no nos despedís como al resto de los trabajadores.
Este sindicato ha conseguido un gran acuerdo al negociar con el Gobierno. Si los funcionarios se están quietos, obedientes y no protestan no los echan como al resto de los trabajadores privados y al personal laboral. Por otra parte gran numero de políticos son funcionarios por no hablar de sus familias y amigos, igual que todos los altos y medios cargos de la administración, todos estos son una casta intocable con muchos más privilegios que el resto de los trabajadores y a los que no se puede despedir porque ellos mismos lo han decidido así, creando una grave discriminación y agravio comparativo en relación con el resto.
Somos o no somos todos iguales ante la ley como marca el art.14 de la Constitución. Lo que no puede ser es que las leyes se apliquen a unos y a otros no. Sigo pensando que el ERE había que aplicárselo a los políticos, que por otra parte cumplen los requisitos de ineptitud, ineficacia y pésima gestión económica. Quizás mañana el Gobierno decida pagarle la paga extra y aumentarle el sueldo solamente a los empleados públicos afiliados al PP o a los más altos o a los que tengan barba.
Fuente: Kike Sarmiento Anguiano. Diario El País.