Aunque este asunto ha saltado incluso a plataformas de activismo ciudadano como Change.org, que el pasado año registró una petición para hacer una auditoría sobre la legitimidad del déficit, hablar de la tarifa de la luz sigue siendo un tema complejo. Conceptos como el propio déficit, las primas a las renovables, el pago por capacidad y el pool de electricidad [mercado mayorista] se escapan a la mayoría de los mortales. Si para colmo añadimos una maraña regulatoria, el caos está servido. Para José Ignacio Pérez Arriaga, actual director de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad y autor en 2005 del Libro Blanco sobre la reforma del sector eléctrico, hay dos grandes tareas pendientes: “Acabar con ese cáncer del sector que hemos creado con el déficit tarifario y acometer la prometida reforma eléctrica. El arreglo del primero no tiene solución técnica sino política. No hay quien enumere el cúmulo de arbitrariedades que, a favor y en contra de las cuentas de las empresas y de los consumidores, se han realizado desde 2006. Se necesita una política energética con visión a largo plazo”. Para el segundo, este experto receta credibilidad regulatoria, transparencia en el debate público y seguridad jurídica antes de acometer medidas de calado técnico. “La CNE tiene escasas responsabilidades regulatorias”, suele repetir.
El déficit –el desfase entre los costes regulados del sistema eléctrico y los ingresos– no es nuevo, pero la magnitud que ha alcanzado es insostenible. Un Real Decreto Ley de 2009 fijó su eliminación para 2013, sin embargo este escenario solo ha aguantado sobre el papel. La realidad es que el Gobierno ha pedido un crédito extraordinario de 2.200 millones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para intentar cuadrar las cuentas eléctricas este año [hasta abril el desfase generado es de 1.900 millones] y busca rascar de dónde sea para obtener ingresos. La pregunta ahora es si la reforma del sector que prepara el Ministerio de Industria para cumplir con uno de sus compromisos de inicio de legislatura será la definitiva u otro remedo para parchear la situación. “Las decisiones tomadas por el Gobierno en los últimos meses [impuestos a la generación eléctrica, a los residuos nucleares y al gas natural para uso industrial y cogeneración, retroactividad en el recorte de las primas...] deben ser temporales. Independientemente del problema del déficit, es necesario hacer una reflexión profunda sobre los precios energéticos y su fiscalidad”, ha reconocido Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa y presidente de Enerclub, durante la presentación del estudio Regulación Política y Energética en España el pasado mayo.
Las renovables: se niegan a ser las únicas culpables del problema, señaladas con el dedo por las energéticas convencionales. “Decir que somos los responsables del déficit es un mito. En realidad, el 41% del déficit es exante, es decir, asumido por los responsables políticos antes del inicio de cada ejercicio; el 31% se originó antes de 2009 por no trasladar los incrementos del precio de la energía a las tarifas; un 22% proviene del desvío registrado por las primas a las renovables y un 5% se debe al desvío en los costes extrapeninsulares”, apunta José Donoso, director general de Unef, la patronal fotovoltaica. El desarrollo de esta tecnología sobrepasó todas las previsiones –diez veces más del objetivo–, lo mismo que la termosolar –cinco veces más de lo previsto–. “Tenemos un mix energético formidable. El problema es cómo lo hemos financiado”, reconoce un directivo de una de las grandes energéticas. Hay voces que proponen que las primas a las renovables se financien vía impuestos o a través de los PGE –al igual que otras medidas de política energética como el coste del bono social–. Por su parte, Unef y varias asociaciones renovables defienden sacar a estas tecnologías de los peajes de acceso y pasarlas a la partida de término de energía. “Las renovables producen energía y su coste debe incluirse en la tarifa eléctrica. Lo que debería quedar fuera de ésta son costes como los extrapeninsulares o la interrumpibilidad para los grandes consumidores”, añade Donoso.
Transparencia en los costes y una correcta actuación del mercado: son muchas las voces que exigen a los agentes la clarificación de los costes en los que incurre el sistema [y evitar los famosos beneficios caídos del cielo] y establecer una correcta imputación de los mismos en la tarifa. ¿Qué pasa con los 3.400 millones supuestamente de más que cobraron las eléctricas por los llamados Costes de Transición a la Competencia? Además, crecen las críticas a la existencia de un oligopolio eléctrico que distorsiona la correcta actuación del mercado [pool]. La CNE ha abierto varios expedientes informativos por los sobrecostes de las restricciones técnicas y de los mercados de ajuste en el precio final medio del pool.
Ciclos hibernados: la caída de la demanda y el auge de la producción renovable ha llevado a las centrales de ciclo combinado a estar infrautilizadas. Las compañías presionan para que Industria regule la hibernación o parada de varias plantas durante tres o cuatro años y les pague por ello.
Balance neto: producir para el autoconsumo permitiendo equilibrar la curva de producción y demanda mediante la compensación de saldos con el sistema eléctrico –verter a la red el excedente y recibir unos créditos que gastar cuando se necesite tirar de ella para cubrir el consumo–. Una medida para la que aún no existe regulación ad hoc. Aquí, unos dicen que deben pagar peajes por el uso de la red sí o sí, otros que solo en la parte proporcional del uso que hagan de ella.
Actividades reguladas (transporte, distribución….): las eléctricas tradicionales temen ser las grandes perjudicadas, con recortes de hasta el 20% de la retribución a la distribución. E insisten, una y otra vez, en la necesidad de que ésta sea razonable. “No se deben congelar los peajes [suponen un 50% de la tarifa] por la crisis porque entonces se da una señal equivocada al consumidor de que la energía es barata o gratis”, advierten desde el departamento de Regulación de una de las grandes eléctricas. Tomen nota de lo que se avecina.
LO FINALMENTE APROBADO: La reforma que impulsa ahora el Gobierno, y que la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría define como definitiva, contempla un incremento del recibo con carácter inmediato del 3,2%, con el objetivo de elevar los ingresos en 900 millones de euros. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha centrado toda su defensa de la necesidad de la reforma en que, sin las medidas que contempla, la subida de la tarifa tendría que ser del 42%. El Gobierno también impone una reducción de lo que cobran las eléctricas por la distribución de la electricidad. Al tiempo se elimina el sistema de primas a las renovables y se sustituye por otro que garantice una rentabilidad de las inversiones y que tendrá carácter retroactivo. Ambas medidas permite en ahorrar en los costes regulados 2.700 millones. Además, los Presupuestos del Estado de sólo la mitad de los costes extrapeninsulares del sistema, con lo que las cuentas públicas sumirán 900 millones. Soria insiste en que la reforma es sobre la parte regulada del sistema, que es donde está el problema, anque no quita que a posteriori pida revisar cómo funciona el mercado. Fuente: Amaia Arteta. Capital. C. Marco