También define si existe o no la voluntad política de asignar recursos reales para solucionarlos o si simplemente se habla sin llegar a nada concreto.
Del 27 de este mes al 9 de marzo, ministros y delegados de la sociedad civil se reunirán en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con motivo de la 56 sesión de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer (CEM).La reunión de este año es especialmente crucial porque evaluará hasta qué punto los gobiernos cumplieron las promesas asumidas en la 52 sesión, que tuvo lugar en 2008, para estimular el financiamiento destinado a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Stephanie Seguino, profesora de economía en la estadounidense Universidad de Vermont, participará en los debates de la CEM como integrante de un panel sobre experiencias nacionales en la implementación de los acuerdos de 2008. IPS dialogó con Seguino sobre cómo afectará la actual crisis económica a las mujeres, y sobre el rol de los gobiernos en la elaboración de políticas que promuevan no solo la igualdad sino también un desarrollo sostenible para toda la sociedad.
IPS: Los bajos salarios y el desempleo de las mujeres son un problema persistente en todo el mundo desde mucho antes de la actual crisis financiera. ¿Cómo puede el financiamiento de la igualdad de género afrontar estos asuntos?
STEPHANIE SEGUINO: Algunos de los problemas de menores salarios y desempleo de las mujeres pueden tratarse utilizando una perspectiva de género al abordar los gastos públicos, así como las políticas antidiscriminatorias.
Claramente, son clave las políticas para promover la educación de las niñas.
Sin embargo, más que eso, las políticas para reducir la carga que implican para las mujeres los cuidados de otras personas y para promover la participación de los hombres en las tareas de cuidado no pagas –como la licencia por paternidad- liberan tiempo a las mujeres para realizar trabajos pagos.
También ocurre que las inversiones públicas en infraestructura, que mejoran el acceso de las mujeres a la atención a la salud –clínicas rurales, personal calificado- y reducen el tiempo que pasan yendo a buscar agua y combustible, o trasladando productos al mercado, las ayudan a participar en actividades productivas.
Los programas de capacitación dirigidos a mujeres, especialmente para puestos "masculinos" no tradicionales, son importantes. En las economías agrícolas, los gobiernos pueden ofrecer garantías de préstamos donde las mujeres carecen de títulos de propiedad sobre la tierra a fin de facilitar su acceso a créditos.
(Pero) aun estas medidas serán insuficientes para combatir la desigualdad salarial. Los gobiernos tienen que desarrollar y aplicar firmemente legislación antidiscriminación, y programas de acción afirmativa. Los gobiernos pueden servir como modelos de rol garantizando que un mínimo de puestos de liderazgo sean ocupados por mujeres; 30 por ciento o más.
IPS: La Declaración del CEM de 2008 expresó preocupación por "la creciente feminización de la pobreza". ¿Es esto una tendencia con probabilidades de continuar en el futuro cercano?
SS: Las fuerzas de la globalización continúan presionando a la baja los salarios de los trabajadores, lo que hace ajustar los presupuestos del sector público (a causa de la menor carga tributaria corporativa y de las reducciones de los cobros arancelarios).
A consecuencia, es probable que las mujeres tengan un mal desempeño, especialmente en el contexto de un alto desempleo. Esto se debe a que se tiende a considerar que los hombres se merecen más los puestos laborales cuando estos escasean.
Mientras no resolvamos estas presiones macroeconómicas negativas que enlentecen el crecimiento y causan escasez de empleo y mayor desigualdad, será difícil resolver el problema de la pobreza de las mujeres y de los niños y niñas que tienen a su cargo.
IPS: Usted escribió que "esta crisis brinda la oportunidad de repensar el rol del gobierno en la economía". ¿Puede explicar brevemente esa idea?
SS: Esta crisis tiene sus raíces en la desregulación mundial de las economías, que conduce a fracasos de mercado, al aumento de la desigualdad, junto con una mayor inseguridad económica.
Las empresas han buscado ganancias a menudo a expensas de un bienestar común. No se trata de condenar a las corporaciones por su comportamiento. Las firmas buscan maximizar sus ganancias en el contexto de normas sociales que regulan sus acciones.
Esto plantea dos desafíos para los gobiernos. Primero, deben identificar y aplicar una serie de normas y regulaciones que sean suficientemente flexibles para permitir a las firmas innovar, al tiempo de requerirles a esas empresas que alineen sus objetivos de lucro con el bienestar social. Para dar un ejemplo, las firmas intentan reducir sus costos para elevar las ganancias.
Pueden hacer esto bajando salarios o innovando, y por lo tanto elevando su productividad. Su opción sobre qué camino de reducción de costos tomar dependerá de la serie de incentivos que los gobiernos determinen.
Si un gobierno fija e implementa un salario mínimo, las firmas se verán obligadas a innovar para poder competir, lo que es bueno para la empresa, los trabajadores y la sociedad en su totalidad.
Segundo, los gobiernos tienen un rol importante que desempeñar a la hora de invertir en áreas clave para atraer en tropel las inversiones privadas. Por ejemplo, las inversiones en infraestructura y educación son buenas para los negocios porque reducen sus costos. También es bueno para toda la ciudadanía. El desafío es abordar cuidadosamente esos gastos, a fin de que logren estimular las inversiones empresariales que conduzcan a mayores ingresos.
Un desafío relacionado es identificar las inversiones que permiten un abordaje de género. Como señalé antes, hay parte del gasto público que antes se pensaba como bienestar social, y que en realidad es una inversión en infraestructura social, por ejemplo en educación, salud y programas de transferencia condicionada de efectivo.
Son inversiones porque mejoran la capacidad productiva de la economía, generando una corriente de beneficios a futuro, que pueden usarse para pagar la deuda derivada de financiar estos gastos.
El concepto de infraestructura social no está bien desarrollado. Es un concepto importante y una vía importante para promover la igualdad de género de maneras financieramente sustentables.
Por Mathilde Bagneres entrevista a STEPHANIE SEGUINO
Foto Stephanie Seguino
Crédito: Cortesía de la entrevistada