Los Estados se financian con la recaudación de impuestos, las cotizaciones de los trabajadores, la inversión estatal, los préstamos y, en menor medida, con las tasas de las Administraciones y los ingresos patrimoniales y de las empresas públicas. Estos ingresos financian servicios como la sanidad, la justicia o la educación o el mantenimiento de la Administración, las infraestructuras y las fuerzas de seguridad.
Los impuestos y las cotizaciones de los trabajadores son la vía de recaudación más importante. Los impuestos directos gravan los ingresos de los ciudadanos y empresas en función de su nivel de riqueza. Su finalidad es recaudar pero también distribuir la riqueza del país entre toda la población. Las formas más conocidas son el impuesto sobre la renta, que se aplica sobre el patrimonio personal, y el impuesto de sociedades, que grava el beneficio que obtienen las empresas. Las cotizaciones laborales siguen un funcionamiento parecido respecto a los sueldos. Trabajadores y empresarios aportan un porcentaje de su salario, según lo que ganen, que se destina a otras prestaciones económicas, como financiar las pensiones de los jubilados.
Los impuestos indirectos, al contrario que los directos, no son progresivos, se aplican a todos los ciudadanos por igual cuando consumen un producto o servicio. El más conocido es el impuesto sobre el valor añadido, (IVA), que grava una compra sumando un porcentaje a su precio. Si el bien adquirido es de primera necesidad, como el pan, el porcentaje es mejor que si es de lujo, como un perfume. Ciertos artículos pueden ser gravados además con impuestos indirectos especiales, destinados tanto a recaudar como a desincentivar su consumo. Es el caso del alcohol, el tabaco o el combustible. Otro impuesto indirecto son los aranceles, que se aplican a las mercancías que se venden o compran a otros países.
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Otra vía de ingresos son las tasas que la Administración impone al ciudadano por hacer un uso particular del espacio público, como calles o aceras. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los ayuntamientos cobran por aparcar o por adquirir un espacio de aparcamiento permanente, como los vados. El interesado paga por estacionar su coche en la vía pública, que ha sido pagada con los impuestos de todos. La Administración también cobra por expedir documentos de identidad, entradas a museos o tasas de matrículas a la universidad.
Los ingresos patrimoniales funcionan de forma similar: el Estado los obtiene de cobrar a empresas por explotar terrenos públicos, como campos de cultivo o bosques, o de venderles derechos para emitir gases contaminantes. El sector público también obtiene dinero cuando vende sus bienes públicos, como solares o fincas. Por otro lado, los Gobiernos pueden poseer empresas públicas para aumentar sus ingresos o prestar servicios y cobrar por ellos, como en el caso de la mensajería o el transporte público.
La fuente más abstracta de financiación son los préstamos. El Estado puede prestar dinero a entidades públicas, privadas o extranjeras, y recibir intereses a cambio. Pero también puede pedir prestado a estas entidades cuando sus ingresos no sean suficientes para costear sus gastos. Se dice entonces que el Estado se financia con deuda pública: el conjunto de pagos pendientes del país hacia sus acreedores. Acumular deuda implica que la riqueza que genera el país no siempre irá para sus ciudadanos, sino para pagar el déficit. Supone, por tanto, un empobrecimiento a largo plazo y una dependencia del deudor con quien le dejó el dinero, como le sucede a Kenia con China.
Por último, el sector público puede recibir transferencias de organizaciones internacionales centradas en el desarrollo económico y social u otros organismos que no esperan una devolución de esas transferencias. Un ejemplo son los fondos que la Unión Europea hace a los países miembros para promover el crecimiento económico, la agricultura nacional o la cohesión social.
¿Cómo se financia la Unión Europea?
¿Cómo se financia un Estado? fue publicado en El Orden Mundial - EOM.