Estos son algunos ejemplos de las promesas que el actual Gobierno hizo con calculado énfasis a los españoles para que les votaran en 2011, cuando España era pasto de una crisis económica mundial, que se vio agravada con el estallido de nuestra particular burbuja inmobiliaria. Por si no nos acordamos, entonces nadie, ni siquiera el Fondo Monetario Internacional, fue capaz de prever la envergadura de los problemas financieros que se nos venían encima ni de acordar las medidas para afrontar con eficacia y prontitud ese “crack” que hizo tambalear a Estados Unidos y asoló Europa. Se recurrió, como primera y lógica reacción, a aplicar medidas anticíclicas (gasto público) para contrarrestar la contracción de la actividad económica. Por eso, hacer hoy la comparación entre lo prometido y lo conseguido resulta odioso, pero oportuno. Oportuno, porque aquellos que no cumplieron lo que prometieron vuelven a ofrecernos idílicas promesas “sociales” ante la proximidad de otras elecciones generales, en las que esperan renovar la confianza de los ciudadanos.
La tomaron con los servicios públicos y eso que se ha dado en llamar el Estado de Bienestar. Venían de gobernar muchas comunidades autónomas y, al acceder al Gobierno, descubren que las previsiones del déficit público (en gran parte, debido al gasto autonómico) debían ser revisadas al alza, hasta el 8 por ciento del PIB. Así, emprenden una política urgente de “recortes” del gasto que se lleva por delante toda la capacidad del Estado en atender a los más necesitados y prestar servicios sociales que corrijan las desigualdades de origen o nacimiento. Dejan sin financiación la Ley de Dependencia, aunque no la derogan, convirtiendo en agua de borrajas un derecho asumido por el Estado. No contentos con esto, hacen un “recorte” adicional de 10.000 millones de euros en Educación y Sanidad que deteriora peligrosamente estos pilares fundamentales del Estado de Bienestar, como se comprobará posteriormente cuando se tuvo que atender al misionero contagiado por ébola en África y se había desmantelado el hospital especializado en infecciones emergentes de Madrid. Ahora prometen aumentar la tasa de reposición de los empleados públicos, tras la reducción de plantillas hasta límites insoportables, y causa indignación lo realizado frente a las nuevas promesas. Es una comparación odiosa.
Pero es que toda la clase trabajadora le debe al Gobierno, ahora tan generoso, la precariedad en salarios, trabajo y derechos laborales, el despido casi libre, la congelación del salario mínimo interprofesional, la desvinculación del convenio colectivo y el recorte de prestaciones por desempleo, en cuantía y duración, y demás ayudas a los parados, Se promete una recuperación que consolidará la creación de empleo, pero lo único que figura en el Boletín Oficial del Estado es la Reforma Laboral de febrero de 2012 que ha posibilitado toda esta suerte de amenazas a un trabajo digno, estable y bien remunerado. Una “reforma” que ha debilitado el poder de negociación de los trabajadores frente a los empresarios y ha precarizado trabajos y salarios, consiguiendo que un “mileurista” con un trabajo temporal sea considerado un privilegiado en nuestra sociedad. Mientras a la Fuerzadel Trabajo se le exigen grandes sacrificios, al Capital se le conceden ingentes ayudas y beneficios, incluso recursos a fondo perdido. Tan es así, que el rescate que la “troika” europea ha llevado a cabo en España, ha consistido exclusivamente en reflotar bancos con dificultades de financiación, a pesar de que sus problemas se deban al despilfarro y la corrupción, como el del caso Bankia. Comparar todo lo que ha tenido que soportar el trabajador español, al que se ha tratado como culpable de la crisis, con medidas que lo han conducido a un empobrecimiento material y al expolio de derechos, causa exasperación e ira, máxime si los autores del atropello pretenden ahora, como hace el Gobierno, convencer de que la explotación es benéfica para el explotado, según las grandes cifras de la macroeconomía.