Comprensible la indignación de los familiares de los cuatro policías asesinados durante el "Andahuaylazo", llevado a cabo por Antauro Humala e instigado por su hermano Ollanta desde Corea del Sur, al ver que el sentenciado por el crimen de los agentes va a cobrar más de 500 mil soles del Estado, pese a que aún no paga las reparaciones a los deudos dispuestas por el Poder Judicial.
En efecto, es una burla y agravio que este sujeto esté cobrando del Estado, y haga planes para la compra de una casa para su familia, cuando hay todavía cuatro familias que no han sido resarcidas materialmente por el brutal crimen de sus seres queridos a manos de las hordas "etnocaceristas" que tomaron la comisaría de Andahuaylas y además secuestraron a policías.
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El sentenciado Humala ya ha tenido mucha suerte desde que su hermano llegó a la Presidencia de la República, pues ha hecho lo que le ha dado la gana en las cárceles donde ha permanecido recluido. Incluso se ha construido un penal para él, a fin de que sus padres puedan verlo sin supuestas amenazas a su seguridad. Ya tuvo bastante, por lo que ahora que cuenta con recursos, al menos debería pagar lo que debe.
Para los terroristas se creó un mecanismo a fin de evitar que cobren indemnizaciones del Estado cuando aún deban reparaciones civiles por los crímenes que cometieron cuando se creían revolucionarios. Algo así debería aplicarse al hermano del presidente Humala para que cumpla con las víctimas que dejó en Andahuaylas. Se trata nada menos que de los padres de cuatro policías asesinados en servicio.
A este sujeto, que gritaba a los jueces y pateaba el mobiliario del Poder Judicial durante el proceso al que fue sometido, deberían hacerle ver que no se puede burlar de la justicia ni de los familiares de los policías asesinados por su demencial y absurda acción. En este país nadie tiene corona. Ya le construyeron su propio penal, pero ahora que pague lo que su sentencia ha dispuesto.