Los pescadores canarios hemos tenido una relación histórica con el banco pesquero sahariano que se vio modificada por el abandono del Sahara Occidental en 1976 por el Estado español, sin cumplir con sus obligaciones hacia el pueblo saharaui, permitiéndole ejercer su derecho a la autodeterminación.
Desde entonces hemos asistido a una sucesión de acuerdos pesqueros, entre España primero y la Unión Europea después, con Marruecos que han supuesto, para los pescadores canarios una progresiva expulsión de los caladeros, y para el pueblo saharaui ver como las riquezas de sus mares son saqueadas por unas prácticas pesqueras depredadoras desarrollados por poderosas flotas extranjeras, permitidas y alentadas por la administración ocupante marroquí.
Esta situación ha sido declarada contraria a derecho en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de diciembre de 2016- C-104/16 P-. Dicha resolución judicial ha reconocido que Marruecos y el Sahara Occidental son territorios distintos y separados, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de autodeterminación de los pueblos, considerando que los acuerdos establecidos entre la Unión Europea y Marruecos no son aplicables al territorio del Sahara Occidental o sus aguas, por lo que las empresas europeas no pueden, en ningún caso, utilizar autorizaciones marroquíes para operar en el Sahara Occidental. Este órgano judicial afirma también que lo determinante no es valorar si una actividad económica concreta puede ser favorable o no a la población saharaui, sino garantizar que el representante del pueblo saharaui, el Frente Polisario, ha dado su consentimiento para su desarrollo. De esta manera el derecho europeo deja sentado que cualquier actividad económica en el territorio del Sahara Occidental está condicionada al acuerdo expreso del Frente Polisario, único representante del pueblo saharaui, en aplicación de la resolución 34/37 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Unión Europea ha iniciado contactos con el Frente POLISARIO con el objetivo de dar cumplimiento a esta sentencia. El Frente POLISARIO ha aclarado que la Unión Europea debe comportarse con el máximo respeto a la legalidad internacional y a sus propias leyes por lo que si se intenta incluir de alguna manera las aguas del Sahara Occidental en un nuevo acuerdo sobre pesca con Marruecos, recurrirá de nuevo a los tribunales europeos, dejando en la inseguridad jurídica más absoluta a las empresas que pretendieran actuar con la cobertura de esos acuerdos.
El Frente POLISARIO ha manifestado su disposición a llegar a acuerdos con las empresas interesadas en desarrollar actividades económicas en el territorio y las aguas del Sahara Occidental, con la perspectiva de permitir una actividad respetuosa con sus recursos, sostenible en el tiempo y beneficiosa para las partes que suscriban los acuerdos.
Desde esta Federación hacemos un llamamiento tanto al Gobierno del Estado Español como a la Unión Europea para que sin más rodeos se cumpla con el contenido de la citada sentencia del TJUE y se negocie con el representante del pueblo saharaui reconocido por las Naciones Unidas, el Frente POLISARIO, un acuerdo pesquero que dé estabilidad y el adecuado respaldo legal a nuestra presencia en las aguas saharianas.
En ese acuerdo pesquero se debe prestar especial atención a la presencia del sector artesanal canario, que con sus prácticas de pesca sostenible garantizarían la recuperación de un caladero esquilmado y la pervivencia en el tiempo de unos recursos de los que podemos beneficiarnos los pueblos canarios y saharaui.
Por último, hacemos un llamamiento para que se apliquen los acuerdos de paz de 1991 y las innumerables resoluciones de las Naciones Unidas y la Unión Africana, para que se resuelva definitivamente el conflicto en el Sahara Occidental mediante la celebración de un referéndum en el que el pueblo saharaui pueda decidir libremente su futuro, de manera que todos los pueblos de esta zona podamos desarrollarnos con paz y estabilidad.