El diputado José Antonio Lorca Valle, coordinador del grupo Morena en San Luis Potosí, propuso regular los aportes que realizan los trabajadores de las instituciones públicas del Estado para tener seguridad social y para poder jubilarse, así como mejorar enérgicamente la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas de nuestro Estado, con el objeto de brindar seguridad social a los trabajadores de todas las instituciones públicas y regular las retenciones salariales que se realicen.
El legislador enfatizó que “contar con un marco legal que brinde claridad y certeza en un aspecto esencial como es la seguridad social es de gran importancia para el cumplimiento del deber de las instituciones gubernamentales con sus trabajadores”. Tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad social se establece y regula entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, por lo que Toño Lorca argumentó que las instituciones públicas no están exentas de cumplir con sus obligaciones de seguridad social con sus empleados.
En municipios y estados, la Ley del Seguro Social ha dado lugar a diversos puntos de vista. Hay un antecedente de la normativa de 2019 que muestra cómo se puede implementar a través de convenios con las distintas instituciones de seguridad social que ya existen.
El Morenista afirmó: “Si bien las legislaturas locales tienen la libertad de regular las formas en que debe prestarse la seguridad social, los municipios y entidades deben garantizar este derecho a sus trabajadores”.
Tres aspectos de la propuesta del legislador fueron enfatizados en términos claros. Así, menciona la existencia de un organismo centrado en las pensiones en primer lugar mientras contrasta la regulación local. En segundo lugar, asegúrese de llenar completamente la información relativa a las contribuciones del trabajador al seguro social, ya que este es un componente que se menciona en las normas federales, como es el caso de la Ley del Seguro Social. La tercera declaración del diputado fue que las instituciones públicas tienen el deber de garantizar que sus empleados reciban los beneficios de la seguridad social.