Según cifras oficiales, se calcula que la Iglesia católica posee unos 100.000 inmuebles en España, habiéndose apropiado de templos, ermitas, fortalezas, murallas, frontones y quioscos. Ello supone que, de aplicarse sentencias como la que acaba de dictar el Tribunal Europeo, tendría que tributar unos cinco millones de euros. Pero la curia siempre ha gozado de bonificaciones de este tipo, acogiéndose a los concordatos del Estado español con la Santa Sede. Así que pobre de aquel Gobierno que ose meterle mano a la fiera, argumentando, una vez más, aquel viejo dicho castellano de que “con la Iglesia hemos topado”.
La inmatriculación es una figura jurídica que permite a las personas físicas y jurídicas anotar a su nombre en el registro, en un trámite que cuesta en torno a treinta euros, la posesión de fincas tanto urbanas como rústicas (solares, edificios, viviendas, locales, campos) cuya propiedad pasa a adquirir si, en un máximo de treinta años, nadie documenta que es otro el propietario. Eso ha sido y sigue siendo posible, siempre que se demuestre documentalmente la posesión. El diputado socialista Antonio Hurtado estima que han podido ser en torno a 40.000, aunque investigaciones como las de los ayuntamientos de Zaragoza, que detectó 49 en la ciudad, las 401 de Córdoba, las 2.023 de los gobiernos de Aragón o las 1.086 de Navarra apuntan que cualquier estimación puede resultar errónea.Sin embargo, una reforma de la Ley Hipotecaria en 1998, bajo el Gobierno de José María Aznar, permitió que, hasta 2015, las instituciones eclesiásticas pudieran autocertificar esa posesión, lo que dio lugar a una inaudita actividad registral por parte de la iglesia, que anotó a su nombre en ese periodo miles de fincas urbanas y rústicas de todo tipo. Y, aunque la cosa había comenzado antes, en los años 80 y 90, los registradores comenzaron a aceptar esos autocertificados como prueba suficiente pese a que la legislación vigente, datada en 1946, prohibía expresamente inmatricular edificios dedicados al culto. Eso dio lugar a una primera oleada de inscripciones que incluyó monumentos emblemáticos en muchas ciudades.El Gobierno central, que quiere revisar esa frenética actividad inmobiliaria de la iglesia, se muestra decidido a recuperar para el dominio público los edificios que formaron parte de la misma, muchos de ellos declarados como “pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional” desde 1931, caso de las catedrales de Zaragoza, Málaga o Palma. Los trabajos de las entidades agrupadas en la coordinadora “Recuperando”, permitieron sacar a la luz buena parte de esas inmatriculaciones, entre las que destacan, la mezquita de Córdoba, la Seo de Zaragoza, el templo de San Juan de los Panetes, el Monasterio de Santa Cruz de la Zarza, en Ribas de Campos (Palencia), las Murallas de Artá, (Mallorca), la Giralda de Sevilla,la Iglesia-fortaleza de Xàbia,(Valencia) el Santuario de la virgen en Cabra (Jaén) la Plaza de Fuensanta, (Cordoba), la iglesia de San Juan en Zaidín (Huesca)la iglesia de San Francisco en Palencia, un frontón, un quiosco y un teleclub. Entre las propiedades inmatriculadas por la iglesia hay casos escandalosos como un frontón en el barrio rural zaragozano de Garrapinillos, un antiguo despacho de loterías conocido como el Quiosco de San Hipólito, en Córdoba, o el local de un teleclub en Priego, en esa misma provincia andaluza.