Luego de algún tiempo siendo un privilegiado, teniendo la oportunidad de conocer diferentes países y meterme de lleno en una comunidad con los valores y principios bien puestos, no puedo más que hacerme un montón de preguntas. ¿Hasta donde estamos generando el cambio real que creemos que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra medida de éxito? ¿Donde reside nuestra ganancia, en lo individual o en lo colectivo?
Luego de algunas palabras catárticas que hacen de introducción, pretendo identificar aquí algunos de los problemas que entiendo que son necesarios de resolver, si queremos que los debates sobre la apertura gubernamental (con todas sus contradicciones a cuestas) se convierta en un motor de cambio e inclusión en América Latina. Son impresiones personales, y sus comentarios son más que bienvenidos.
La comunidad de AbreLatam.
Hace algunos (pocos?) años en América Latina un conjunto de actores vinculados con la vida pública de nuestra región comenzaron a seguir con relativa atención la aparición de un conjunto de palabras claves relacionadas con una tendencia que llegaba desde el norte: gobierno abierto, datos abiertos, innovación cívica. Como suele pasar también en estos lares, no se compraron enteros los paquetes que bajaban (ni que eso fuera garantía de nada), sino que fueron adaptados a las realidades que reinan nuestras sociedades sudacas.
Esta movida regional que vincula a gobiernos, sociedad civil, académicos, periodistas, desarrolladores, diseñadores, y otros segmentos de nuestras sociedades, tiene anclajes diversos que confluyen en una sola conversación. Sin miedo a que me quede alguno afuera podríamos nombrar algunos: la modernización del estado, las externalidades de la digitalización de los procesos públicos, la emergencia de las redes sociales como espacios de interacción entre gobiernos y ciudadanía, la madurez de la agenda de acceso a la información pública y la transparencia activa, el paulatino involucramiento de las comunidades geek en la resolución de problemas de origen cívico, y la atención de sectores del periodismo y la academia sobre todos estos fenómenos. Es innegable además otro factor: el surgimiento de la Open Government Partnership (OGP).
La promesa incumplida de Open Government Partnership.
Argentina en este sentido se destaca como caso paradigmático de todo aquello que OGP vino a querer aportar en términos de calidad democrática y republicana, e hicieron todo lo contrario. Sin que haga demasiado falta entrar en una enumeración de hechos fácticos y simbólicos, podemos decir en grandes términos que la pantomima del Gobierno Argentino siendo parte de OGP sólo sirve para quitarle validez a la propuesta de que OGP deje ser ser un planteo romántico y se convierta en un faro de buenas prácticas gubernamentales.
Estas palabras las escribo en un hotel en Ciudad de México, a unos cientos de metros de donde en unas horas va a comenzar la Cumbre Mundial de OGP con las palabras de Enrique Peña Nieto, Presidente de México. Cabe aclarar también que México tiene en este momento la Presidencia de OGP. Un país donde los índices de corrupción son los más altos de la región, donde desaparecen y son asesinados periodistas por cumplir con su deber de informar, donde todavía no sabemos que pasó con los 43 estudiante de Ayotzinapa que desaparecieron hace un año y un mes, donde se abren montones de datos, donde se crean laboratorios de innovación. Un país donde la apertura parece un chiste de mal gusto en vez de una luz que alumbra esa zona oscura que representa la política para la gran mayoría de mexicanos. En vez de un esfuerzo conjunto para achicar esa brecha entre gobernantes y gobernados. En estos contextos creer que OGP es la solución, es parte del problema.
El rol de los financistas.
Una pregunta que suele surgir cada vez que uno arranca una conversación con estos tópicos, y cuenta los "grandes esfuerzos" que se están haciendo en esta materia es bastante obvia: ¿quién paga todo esto? Fundamentalmente son un puñado de organizaciones transnacionales que por diferentes motivos tienen en su agenda el financiar acciones y políticas que promuevan alguno, varios, o todos los valores que se enmarcan en las discusiones sobre apertura gubernamental (transparencia, gobernanza, innovación pública, gobierno electrónico, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción, open data, ciudades inteligentes, etc.).
Algunas pocas empresas, generalmente fundaciones que surgen de la filantropía, organismos multilaterales de crédito, algunos estados a través de sus agencias de investigación científica o gubernamentales, y paremos de contar. Varias veces hemos hecho el chiste de que en un cuarto con más de 15 personas no llegamos a completar la ronda si cada uno nombra una organización distinta. Pero... ¿Es esto bueno o malo?
Sin tener que reflexionar demasiado podríamos decir que el sustento económico (que no es el único, pero indudablemente es necesario) de esta agenda dependa de unos pocos actores es un poco preocupante. ¿Que pasa si les deja de importar la región, o la agenda, o si tienen una lista de prioridades sobre países en los cuáles tienen que actuar y los verdaderos procesos de cambio se dan en un país no prioritario? Estas cosas están pasando. Y estas preguntas están dejando de ser hipotéticas.
Por otro lado, es muy complejo pensar en una agenda de cambio de este tipo que no pueda generar una cierta autosustentabilidad en sus organizaciones y proyectos. Aunque esta idea choca de frente y a toda velocidad con la inconmesurabilidad del impacto que pueden generar los procesos democráticos en la vida de las personas. Y aquí aparece otra palabra clave en esta discusión. Los financistas evalúan sus proyectos a través de la realización de estudios de impacto, los cuáles no suelen ser comparables entre sí, con indicadores poco claros y metodologías en muchos casos discutibles. Si no avancemos de a poco en sincerarnos en que esta discusión tiene que ver con una reformulación democrática intangible profunda que se ajuste a la Sociedad del Conocimiento, vamos a seguir leyendo sobre el impacto de la innovación cívica medido en clicks, retuits y likes de facebook.
Más allá de eso, las organizaciones y los proyectos no funcionan sin dólares (o euros, o pesos, o soles...). Esta discusión es de las más duras entre las que se vienen.
Los conflictos de intereses.
Casi llegando al final, algo que es imposible dejar de mencionar, porque sino se convierte en el elefante en el cuarto, que todos ven pero nadie menciona. Cuando hablamos de política (porque la política pública es más política que pública) es imposible comenzar un análisis sin querer comprender cuáles son los incentivos y los intereses que llevan a que cada uno de los actores involucrados se mueva en el tablero. Si, como si fuera un juego de ajedrez, contemplando las posibilidades de los movimientos nuestros y de nuestros circunstanciales adversarios a tres o cuatro pasos más allá del próximo.
El problema en este punto es que, a priori, tenemos dos bandos claros en escena. Por un lado los gobiernos que sólo quieren ocultar sus acciones y disfrutar de las bondades del erario público para solventar sus vicios, y en el extremo opuesto está la sociedad civil, guardiana de las virtudes sociales, pulcra e impoluta en una cruzada por defender los únicos valores que le quedan a los pueblos.
Ni los negros son tan negros ni los blancos son tan blancos. Y no hace falta entrar en detalles o ejemplos, pero tanto de un lado como del otro estamos calzándonos trajes que nos quedan demasiado grandes. Hay funcionarios y gobernantes que se toman en serio su rol de servidor público, y hay muchos que utilizan las bondades aparentes del tercer sector, la sociedad civil organizada, para servir a fines e intereses tan cuestionables como los de aquellos que se aprovechan de las bondades del estado. Si queremos transparencia seamos transparentes.
Pasando de la discusión de policy a una discusión política.
Sin pretender dar soluciones, sino terminar de encender en llamas un debate que ya nos quema las manos y las cabezas hace un tiempo, algunas reflexiones finales.
Muchos de los que somos parte de los diferentes colectivos arriba mencionados tenemos varias cosas en común. Solemos ser personas formadas en ámbitos universitarios, con inquietudes sobre la relación entre el Estado como forma de ordenamiento social y las asimetrías que generan. También solemos ser personas que no tenemos problemas en comer todos los días, y en muchos casos tenemos la suerte de conocer muchas realidades distintas a lo largo y a lo ancho del mundo. Unos privilegiados, como decía al principio de esta descarga sincera y apesadumbrada.
No sólo somos privilegiados, sino que nos hemos convertido en algo que, al menos para mí, es muy chocante: somos los nuevos tecnócratas. De lleno nos hemos convertido en parte del problema. Hablamos un idioma raro que sólo comprenden aquellos que nos cruzamos en estos eventos, como la Cumbre Mundial de OGP. Discutimos sobre la necesidad de leyes de acceso a la información, de integrar a las voces minoritarias en la toma de decisiones y de como se pueden detectar fraudes electorales con algoritmos. Pero sólo nos entendemos nosotros.
Tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para que ésta deje de ser una conversación de tecnócratas. Si no se convierte en una discusión política sobre cuál es la realidad que queremos para nuestra región, para nuestros países, para nuestras ciudades, nos seguiremos quedando a medio camino, conversando entre las mismas personas, aunque quizás, en diferentes países.