CONFERENCIA DE GARRE: Un intento de encubrir el espionaje oficial

La conferencia de prensa de la ministra Garré y la “auditoría” de su ministerio son un acto de encubrimiento del espionaje oficial.
1.-La ministra rechazó que el Proyecto X se haya utilizado contra militantes del movimiento social, a pesar de que en el expediente de la causa Kraft figuran las ‘actuaciones’ de la gendarmería con datos sobre los delegados del conflicto, sobre los dirigentes políticos que lo apoyaron e incluso análisis políticos de esa huelga. El jefe de gendarmería, Schenone, confirmó ante el juez que esa tarea de espionaje se realizó en el marco del Proyecto X. La “auditoría” oficial por lo tanto, ni siquiera ‘encontró’ lo que es ya de conocimiento público, está documentado en la justicia y reconocido por el propio organismo que llevó adelante el espionaje.
2.-Garré dijo que la Gendarmería sólo actúa en manifestaciones o protestas a requerimiento de los jueces, y en un marco –o ‘base de datos’- diferente al de Proyecto X, con funcionamiento en Campo de Mayo. Pero ningún juez ordenó que los gendarmes se hagan pasar como ‘periodistas’ en las manifestaciones, o que espíen reuniones de los huelguistas fuera del lugar del corte de ruta, o que ‘caractericen’ políticamente a los huelguistas.  O Sea que existe una labor de inteligencia de carácter independiente a los requerimientos judiciales, sobre la que Garré no dio cuentas.
3.-La ministra reconoció que esta ‘base de datos’ opera desde 2002, con Duhalde y Toma. De la misma época son los archivos de la SIDE que se conocieron en agosto pasado, y que reunían miles de datos de dirigentes políticos y sociales. Todo indica que el kirchnerismo se ha apropiado de ese material de inteligencia; que, con el nombre que fuere, la Gendarmería y otras fuerzas represivas realizan una labor sistemática de espionaje sobre las organizaciones populares; y que la presentación de Garré y su auditoría han salido al rescate de esa operación represiva.
4.-Si Garré quiere probar lo que dice, debería abrir todos los archivos de inteligencia política –no sólo los de Gendarmería– a la consideración pública, y dar luego lugar a su completa destrucción. En cambio, la “auditoría” del espionaje a cargo de los propios sospechados de espiar ha terminado en un fiasco.