Ante la agudización de la pugna de poderes, se levantan voces que advierten en cuanto a su potencial desestabilizador y la inevitable incidencia en la conflictividad del país. Auguran una suerte de onda expansiva que incidirá sobre todas las instituciones y prácticas. En tono profético, pronostican una dinámica política de violencia y conflicto, que se añade a la conflictividad social existente.
El Gobierno niega la pugna, defiende el equilibrio de poderes y denuncia un solo poder en desacato, el Legislativo. Diputados de oposición afirman que son el Ejecutivo y el Judicial los poderes en desacato de la Constitución. En ese sentido, acuerdan que la Asamblea desconocerá “la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del TSJ que contraríen los valores, principios y garantías democráticos y lesionen los derechos fundamentales”.
Pueblo y sociedad civil se constituyen en actores políticos. El Presupuesto 2017 va a la calle y el Gobierno lo consulta y debate en asambleas populares, demostración de “cómo se discute con el pueblo”. La AN reclama al Ejecutivo la entrega del proyecto para su aprobación, y convoca un “gran movimiento cívico-nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el voto”.
El propio sistema político genera una dinámica de institucionalización del conflicto, suerte de marco de procesos y relaciones que dan lugar a reglas de juego y procedimientos que regulan la conflictividad y aseguran una relativa estabilidad. En ese sentido, el conflicto es un componente más de las relaciones sociales y políticas, en cuanto mecanismo de reacomodo de los intereses de las partes en conflicto.
En el país, el “conflicto político institucionalizado” descansa en la concepción bélica de la política y el consiguiente ejercicio periodístico; en las prácticas comunicacionales y discursos rutinizados de actores con intereses en pugna; en las confrontaciones electorales, espacio de reajuste de los intereses en conflicto y, recientemente, se incorpora a la conflictividad estructurada la pugna de poderes.
La institucionalización del conflicto limita la participación ciudadana y posterga la movilización social, bajo el manto de un pacto de no convivencia.
@maryclens