El 11 de diciembre de 1997, en la ciudad de Kioto, los países industrializados se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente de CO2. Finalmente, el llamado Protocolo de Kioto entró en vigor tras la ratificación de Rusia en noviembre de 2004. Este protocolo excluía a países emergentes como China e India, que actualmente son dos de los países que producen más emisiones, lo que no agradó a los Estados Unidos (que consume el 25% de toda la energía fósil del mundo), que se retiró del tratado en 2001 al considerar que existía un agravio comparativo hacia ellos.
Los países firmantes de este protocolo se comprometían a reducir sus emisiones durante los años siguientes y si no lo hacían deberían pagar unas multas considerables. Esto ha hecho que algunos países, como Canadá, abandonaran Kioto para librarse de las sanciones. ¿Y que pasa con el resto de países? ¿Han reducido sus emisiones? Pues aquí entra la trampa.
Una de las conclusiones de este tratado era que se asignaba una cuota de emisiones de CO2 a todos los países, incluso a aquellos que no tenían posibilidad de contaminar porque no tenían industrias contaminantes o porque habían cerrado gran parte de sus industrias. Por lo tanto, un país como España, que a pesar de firmar el protocolo de Kioto no ha reducido sus emisiones sino que por el contrario las ha incrementado, tiene la posibilidad de cumplir el acuerdo comprando los derechos de emisiones de esos países. Por otra parte, si una determinada empresa reduce sus emisiones respecto a la cuota que tiene asignada, puede vender esa cuota sobrante a otra empresa que emita más CO2 que el previsto. La conclusión es que España ya ha asignado 420 millones de euros a la compra de derechos de emisión ya que en sólo en el año 2010 ha rebasado en un 22% sus emisiones respecto a lo que había firmado.
Pero ¿quién fija el precio de esas emisiones? Pues el precio por tonelada de CO2 lo fijan los mercados, o sea, que los derechos de emisión cotizan en bolsa y además de los países, los inversores privados pueden comprar y vender derechos de emisión a través del "Sistema electrónico de negociación de derechos de emisión de dióxido de carbono" (SENDECO). La conclusión es que, como era esperable, el mercado de compraventa de CO2 está en su mayoría en manos de especuladores, que han llegado a copar el 80% de todas las transacciones. Curiosamente, este mercado del CO2 ha significado que mientras las empresas contaminantes han ganado 1300 millones de euros desde el año 2008 por los derechos de emisión, el estado español ha pagado 770 millones en comprar derechos a otros países y aun gastará 500 millones más antes de que acabe este año. Solo hace falta hacer una suma para darse cuenta de que el estado, o sea, todos nosotros, pagaremos los beneficios de esas empresas.
Cómo ganar mucho dinero en tiempos de crisis a costa de CO2
España esta siendo uno de los países más afectados por la actual crisis económica. Algunas empresas, como por ejemplo las cementeras han bajado enormemente su producción al pincharse la burbuja inmobiliaria. Otras como las acereras han cerrado varios altos hornos debido a la caída en la demanda. Esa caída en la actividad empresarial, que ha supuesto el despido de miles de trabajadores, ha significado también una reducción en las emisiones de CO2, que paradójicamente han supuesto para esas empresas la obtención de beneficios millonarios por la venta de los derechos de emisión no utilizados. Bajo esta perspectiva economicista, podríamos entender que una empresa como Arcelor-Mittal, que tiene plantas repartidas por todo el mundo, baje salarios, cierre algún alto horno y despida a parte del personal pero mantenga parte de su producción para así conseguir más beneficios que si cerrara definitivamente.
Ante este panorama no parece que la estrategia de venta de emisiones de CO2 haya contribuido a una reducción de dichas emisiones y por consiguiente a paliar los efectos de esos gases de efecto invernadero sobre el cambio climático. Mas bien parece que ha resultado una jugada magistral para que al final, las empresas y los especuladores ganen ingentes cantidades de dinero que todos nosotros pagaremos con nuestros impuestos mientras las emisiones siguen aumentando año tras año.