Confieso con sinceridad y sin asomo de ironía que ya dudo sobre la ola de COVID-19 en la que nos encontramos en este momento y lugar. En algunos medios leo que vamos por la sexta y en otros que aún estamos en la quinta, pero esperando por la siguiente en un suma y sigue continuo. Puede que sea solo el fruto de la confusión de la que sigue adoleciendo la lucha contra la pandemia con sus subidas y bajadas de nivel de riesgo y su galimatías de medidas contradictorias, el lío jurídico que la rodea y un cierto periodismo más interesado en ponernos los pelos de punta que en contarnos la realidad sin agravarla más de lo que ya está. En todo caso puede que el virus se vuelva endémico aunque menos peligroso y se quede para siempre entre nosotros, lo que permite suponer que las olas continuarán yendo y viniendo como las del mar. Pero eso es lo de menos, lo que realmente nos debe preocupar es ser capaces de construir diques para contenerlas y recuperar las libertades sacrificadas, el curso de nuestras vidas y la economía.
EFE
Desescalar con prudencia
La clave es aprender de lo que se ha hecho mal, que tiempo de sobra ha habido, para no estrellarnos de nuevo contra los mismos o parecidos errores. A fecha de hoy parece que los contagios descienden, si bien la presión hospitalaria es aún elevada y todos los días mueren personas como consecuencia de la enfermedad. Nos queda como mínimo agosto para saber si se ha superado esta ola, sea la quinta o la sexta, tanto da. Respirar con relativo alivio cuando llegue septiembre y se acerque el otoño dependerá, entre otras cosas, de que la vacunación continúe a buen ritmo entre los jóvenes y de la responsabilidad social de vacunados y no vacunados.
También es crucial que no aparezca una nueva mutación que deje inoperativas las vacunas disponibles y la pandemia se vuelva a descontrolar como ya nos ha pasado en varias ocasiones desde principios del año pasado. Especialistas de reconocida solvencia como Rafael Bengoa alertan de la necesidad de no empezar a correr de nuevo en la desescalada antes de haber afianzado el control sobre la situación actual. Ir con pies de plomo sería la consigna si queremos empezar a construir esos diques de los que hablaba antes.
"Nos queda como mínimo el mes de agosto para saber si se ha superado esta ola"
Hay pocas dudas a estas alturas de que, de haberse impuesto el principio de prudencia y no el cálculo político o la ansiedad económica, no se habría anunciado irresponsablemente el triunfo sobre el virus como hizo hace más de un año Pedro Sánchez; tampoco se habría levantado el estado de alarma sin legislar para dar cobertura legal a las comunidades autónomas y no se habría relajado el uso de la mascarilla ni se habría vendido cien veces la inminente vuelta de los turistas cuando las evidencias no apuntaban en esa dirección.
La confusión sobre la tercera dosis y el reto del otoño
El principio de prudencia exige también estar atentos a la evolución de la pandemia en otros países para no desdeñar, como se hizo alegremente en primavera con la variante delta, los riesgos derivados de mutaciones con un alto poder de contagio y/o letalidad. Es imprescindible una vuelta al cole ordenada, habida cuenta de que aún no hay vacuna para menores de 12 años, así como prever el regreso de los universitarios a las aulas y el de los ciudadanos hoy de vacaciones a sus puestos de trabajo. Se trata de factores de riesgo en los que hay que pensar ahora y no cuando volvamos a tener la situación manga por hombro, la piedra en la que no hemos dejado de tropezar una y otra vez.
También es muy conveniente que el Gobierno cese de enviar mensajes contradictorios a la población sobre la tercera dosis de la vacuna y aclare cuanto antes qué piensa hacer, cómo y cuándo. Mientras Alemania, Francia o el Reino Unido ya han anunciado que a partir de septiembre habrá un tercer pinchazo de refuerzo entre los grupos más vulnerables, en España la ministra de Sanidad y la de Ciencia se contradicen en público sobre si se administrará o no, añadiendo más confusión a la ya existente.
"Resolver el alboroto jurídico debería ser prioritario"
Aunque para confusión y caos, achacable en exclusiva al Gobierno central, la generada tras el fin del estado de alarma sin dotar a las comunidades autónomas de cobertura jurídica que les ahorrara los revolcones judiciales. Aunque no es el único, el caso canario es paradigmático de las consecuencias de que el señor Sánchez decidiera en mayo desentenderse de la gestión de la crisis y pusiera el marrón en el tejado de las autonomías, mientras él se llenaba la boca de "cogobernanza" y se dedicaba en exclusiva a cantar las alabanzas de una recuperación económica aún más imaginada que real. Resolver este alboroto jurídico debería ser prioritario en cuanto comenzara el nuevo curso político, pero desgraciadamente no parece que haya intención de hacer nada al respecto.
Obligatoriedad de la vacuna y certificado COVID
Ahora se debate sobre la vacunación obligatoria de determinados colectivos o si puede exigirse algún tipo de certificado para acceder a algunos establecimientos. Se trata de otro debate que afecta de nuevo a libertades y derechos fundamentales y que, en todo caso, se debería estar sustanciando en el Congreso de los Diputados y no en los medios de comunicación y en las redes sociales. España se nos muestra así como un país en el que, con tal de eludir responsabilidades y no cumplir sus obligaciones, los políticos con mando en plaza buscan chivos expiatorios en el negacionismo, en los jóvenes "irresponsables" que hacen botellones o en los jueces por no transigir con los trágalas del gobierno.
"Se trata de otro debate que afecta a derechos fundamentales"
Particularmente grave e insidioso es el inmisericorde ataque contra el Poder Judicial por cumplir con su función constitucional y hacer valer la separación de poderes. Es absurdo e impropio que el poder ejecutivo pida a los jueces que "unifiquen criterios", como ha hecho el presidente canario. Si Ángel Víctor Torres fuera un político valiente habría pedido hace tiempo el estado de alarma en las islas o, mejor aún, habría exigido al Gobierno de su partido que cuanto antes impulse en el Congreso una legislación que ponga fin al desorden actual para poder actuar con amparo legal suficiente si fuera necesario.
Sin embargo, parece que cualquier excusa, incluso deslegitimar a uno de los poderes del Estado y poner en solfa derechos y libertades constitucionales, es buena si sirve para ocultar que en no pocas ocasiones se ha actuado más por cálculo político que en función de la prudencia y el parecer científico. Puestos a hablar de negacionismo y de responsabilidad, la realidad es que la inmensa mayoría de los españoles merecen un sobresaliente a pesar de unos gestores políticos acreedores de un suspenso general. En su gestión imprudente y desnortada encontramos parte de la respuesta al actual clima social de hartazgo cuando no de indiferencia o rechazo frente a medidas muchas veces ininteligibles. Lo dramático es que mientras no hagan sus deberes y merezcan el aprobado seguiremos contando olas y sufriéndolas.