“¿Continuará?” se preguntó Bruno Ciancaglini al final de la crónica de la detención ilegal que sufrió a manos de la Policía Bonaerense mientras cubría el 31° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata para la Revista Mu. El periodista publicó su artículo el 1° de diciembre, cinco días después de ocurrido el escalofriante episodio de violencia institucional.
En el transcurso del mes pasado Juliana Corbelli en Tiempo Argentino, el sitio Diario sobre Diarios, la agencia Paco Urondo, Mempo Giardinelli en Página/12, Oscar Cuervo en su blog La Otra, Jorge García en el blog de Roger Koza contribuyeron a difundir lo sucedido. Por su parte, la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresaron su repudio aquí, aquí y aquí.
El 12 de diciembre, la socia fundadora de la cooperativa comunicacional La Vaca colgó del muro de Facebook de La Garganta Poderosa una versión actualizada de la nota editorial que se publicó en caliente, al día siguiente de aparecida la crónica de Ciancaglini. A través de la red social, Claudia Acuña contó que “miles de personas” replicaron el testimonio del periodista, y que “esa cadena espontánea de solidaridades motivó una investigación que hoy está en curso”, a cargo del fiscal marplatense Guillermo Nicora.
Acuña también dijo que, horas después de liberar a Ciancaglini, la patota policial le pidió a Nicora que procesara al periodista por las fotos que les sacó a uno de los agentes que lo detuvieron y al patrullero donde fue trasladado. El vocero de la Bonaerense invocó el delito penal de coacción agravada, que se sanciona con dos a diez años de prisión.
Como el fiscal rechazó la solicitud de procesamiento, la Policía acusó a Ciancaglini de cometer dos infracciones al Código Contravencional, que ameritan hasta cuarenta días de arresto. Acuña precisó que esa causa “sigue su trámite en el juzgado correccional N° 5 del doctor Leonardo Celsi”.
En el mismo texto de Facebook, la periodista recordó que el Código Contravencional bonaerense está vigente desde 1973, y autoriza a la Policía a hacer cualquier procedimiento sin ningún tipo de control. “No necesita fiscal ni juez para labrar un acta, y esa acta es prueba suficiente. Es decir: lo que diga ahí la Policía no necesita avalarlo con ningún tipo de prueba”.
En su comunicado del 15 de diciembre, FOPEA informó que la causa por infracción a los artículos 72 y 74 inciso A del régimen contravencional fue cerrada, que Ciancaglini fue sobreseído, y que los policías responsables de los apremios fueron identificados. Sin precisar nombres propios, el Foro anticipó que se presentaría una denuncia formal ante la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial.
Esta Auditoría existe desde julio de 2004. Fue creada en el marco de la Ley 12.204, “con el objeto de planificar y conducir las acciones tendientes a prevenir, identificar, investigar y sancionar aquellas conductas vinculadas con la actuación del personal con estado policial pertenecerte a las Policías de la Provincia de Buenos Aires, que puedan constituir faltas éticas y abusos funcionales graves que por su magnitud y trascendencia afecten a la Institución y a sus integrantes”. Al menos en sus páginas web, el organismo no ofrece ninguna información sobre las denuncias recibidas.
A fines de diciembre, Espectadores intentó contactar a Ciancaglini, Acuña y al fiscal Nicora para conocer la evolución de la denuncia. No tuvo éxito.
Ante la consulta del blog, un vocero de FOPEA respondió: “No tuvimos más novedades del caso después de nuestro pronunciamiento”. Algo similar contestó Belén Alfano del programa Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, que también le reclamó medidas a la mencionada Auditoría de Asuntos Internos.
“Sobre la presentación que realizamos, se nos informó que se abrió una auditoria sumarial, a fin de investigar los hechos denunciados. Como toda investigación, ésta también lleva su tiempo, y ahora se encuentra en una etapa preliminar. Hasta el momento no se nos ha informado de sanción alguna”.
Los apremios policiales que Ciancaglini sufrió en la madrugada del 26 de noviembre dan cuenta de un presente atravesado por dos fenómenos preocupantes. El primero es histórico, y remite a los abusos de autoridad que -en palabras del maestro Raúl Zaffaroni– los “agentes del poder punitivo” ejercen en nombre de la lucha contra la inseguridad, para disciplinar a los sectores más vulnerables de la sociedad, en especial a los varones jóvenes de las clases populares (cuanto más jóvenes, mejor). El segundo es coyuntural, y tiene que ver con la desarticulación del Estado de Derecho que la alianza Cambiemos lleva adelante desde que tomó las riendas del gobierno nacional y de algunas provincias e intendencias de la Argentina.
Además de la pesadilla que vivió en carne propia, el periodista de la Revista Mu fue testigo del maltrato físico y verbal que la Bonaerense le infligió a otro joven demorado en el complejo Vucetich. El dato refuerza la idea de que la violencia policial es una práctica generalizada e incluso institucionalizada.
El 22 de diciembre, la Central de los Trabajadores de la Argentina presentó en su sede de La Plata un informe sobre 824 casos de represión, intimidación, situaciones confusas y abuso de autoridad relevados en el transcurso del año recién finalizado. Según precisó La Capital de Mar del Plata, la ciudad balnearia fue escenario de cinco de los 298 episodios registrados en toda la Provincia de Buenos Aires.