Muy pocos medios cubrieron la presentación de este documento. ¿Cuántos lo tendrán en cuenta a la hora de informar sobre ‘hechos policiales’?
El jueves antepasado la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires se convirtió en plataforma de lanzamiento del Observatorio de Violencia Institucional, a cargo de la carrera de Comunicación Social. El organismo tiene por misión detectar, analizar -si es posible desalentar- las coberturas mediáticas que reproducen representaciones estigmatizadoras de los argentinos más vulnerables a la represión estatal. En el acto realizado en la misma facultad, también se presentó la Guía para el tratamiento mediático responsable de la violencia institucional.
Fueron pocos los medios que cubrieron el evento del que participaron Verónica Torras del Programa Memoria en Movimiento de la Secretaría de Comunicación Publica; el diputado nacional Leonardo Grosso, coordinador de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional; María José Guembe, de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; el periodista Horacio Cecchi de Página/12; Stella Martini, docente de la carrera de Comunicación de la UBA; y Mercedes Calzado, investigadora y secretaria académica de la carrera. Es que, salvo excepciones, a la prensa argentina le preocupan poco los casos de violencia institucional, mucho menos informarlos con sistematicidad, rigurosidad y sentido de compromiso republicano.
La seguridad de algunos argentinos representa la inseguridad de otros.
Tal como le explicó una integrante del flamante observatorio a Infojus Noticias, la gran mayoría de los periodistas reproduce estereotipos estigmatizantes de los sectores más vulnerables y repite las versiones policiales sin molestarse en investigar lo que realmente sucedió. La guía -cuya versión online se encuentra disponible aquí– ofrece herramientas para asegurar la realización de una cobertura responsable, es decir, dispuesta a difundir las diferentes versiones del hecho, y capaz de identificar los posibles focos de conflicto así como los indicios de uso ilegítimo de las fuerzas de seguridad.
Tanto el observatorio como la guía apuntan a luchar contra el ocultamiento o encubrimiento mediático de la violencia estatal. Se trata de darle prioridad a un paradigma comunicacional con perspectiva de derechos humanos.