Desde la Asociación Aidós para la Defensa de la Administración Pública queremos expresar nuestra más enérgica repulsa e indignación ante el tijeretazo aprobado hoy por el Gobierno andaluz en las retribuciones de los empleados públicos.
DENUNCIAMOS que el Gobierno andaluz MIENTE al afirmar que cumpliría con la reducción del déficit sin tocar los derechos, ni los servicios públicos de los andaluces, cuando este es, en sí mismo, el mayor recorte social y de derechos de la historia de la autonomia andaluza.
DENUNCIAMOS que a esta situación se ha llegado tras décadas de nefasta gestión en las que la Administración de la Junta de Andalucía ha sido empleada como un medio para colocar a familiares y afines y para generar clientelismo (que tan buenos réditos electorales otorga al PSOE andaluz).
DENUNCIAMOS que mediante la externalización y agencialización generalizadas que se han ido imponiendo en estos años se han ido sustrayendo a los empleados públicos andaluces (funcionarios y laborales del VI Convenio) las funciones que por Ley les corresponde desempeñar. Todo ello ha dado lugar a que se dupliquen puestos y funciones y a la creación de una descomunal “burbuja administrativa” que ahora revienta y nos estalla en la cara a las víctimas y no a los culpables.
DENUNCIAMOS, por incalificable, la disminución mínima del 5%, que se autoimponen los miembros del Gobierno andaluz, cuando hay empleados públicos que tendrán que soportar reducciones del 15%.
DENUNCIAMOS la complicidad y la traición de Izquierda Unida, que ahora apoya desde el gobierno lo que denunció desde la oposición.
DEFENDEMOS, que la solución al problema del exceso de gasto en la Administración pasa por devolver el ejercicio de las funciones sustraidas a los funcionarios públicos, dejando de contratar servicios a empresas externas que pueden y deben ser desempeñados con medios propios y por la reducción de la administración instrumental a su justa y necesaria medida, enfocándola a la prestación de servicios a los ciudadanos y no a generar y perpetuar el clientelismo.
Por tanto, ahora más que nunca, REITERAMOS nuestra oposición a la mal llamada Reordenación del Sector Público Andaluz y nuestra reivindicación de una administración profesional, sostenible económicamente y transparente.
EXIGIMOS, el cumplimiento de las sentencias que en vía del procedimiento de defensa de los derechos fundamentales han declarado nula la integración como empleados públicos del personal procedente de las fundaciones y empresas públicas por vulnerar los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a las funciones y cargos públicos.
Por último, APOYAREMOS las acciones de oposición al “tijeretazo” del gobierno andaluz que lleven a cabo los sindicatos de la Administración Pública.