Por Vincenzo Basile
El crecimiento sustancial del número de turistas que cada año deciden visitar la mayor de las Antillas, unido al incremento de viajeros norteamericnos que habrá con el avance de la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, abre una cuestión espinosa sobre un tema que necesita ser tratado con muchas cautelas y resuelto con más contundencia: la prostitución en Cuba.
Un laguna jurídica respeto al tema específico (el código penal cubano solamente castiga a quienes introduzcan a otro, o de cualquier modo cooperen o promueven a que otro ejerza la prostitución o el comercio carnal) y la necesidad y voluntad de las autoridades cubanas de generar un ambiente favorable para un turismo extranjero que ha desarrollado un específico imaginario acerca del comercio sexual en la Isla, pueden ser – y quizás ya han sido – causas de un completo descontrol y de falta de protección para quienes – mujeres y hombres – deciden vender sus cuerpos.
Cuba sigue siendo una nación pobre, del llamado Tercer mundo, con un salario per-cápita bajísimo (aunque relativamente más alto si se considera a Paridad del Poder Adquisitivo, PPA) que en el año 2014 alcanzó los 471 pesos, alrededor de 14 euros. En estas condiciones, resulta claro y casi consecuente que muchas personas decidan vender sus cuerpos ganando, en un solo acto sexual, el doble o el triple de lo que un cubano gana en un mes de trabajo. La facilidad económica que otorga la comercialización del cuerpo es precisamente el elemento que debería llevar, por un lado, a rechazar cualquier hipótesis de legalización de la prostitución en Cuba y, por el otro y sobre todo, exigir leyes que condenen y sancionen estas prácticas (y aun mejor leyes que sancionen a los consumidores y no tanto a los prestadores).
El rechazo no debe tener ninguna relación con cuestiones morales, sino debe derivar de la voluntad de respetar la libertad de decisión de cada ser humano. Ofrecer prestaciones sexuales a cambio de dinero debería ser una elección libre de cada persona, y este es el argumento utilizado principalmente por quienes abogan para el reconocimiento legal de dicha actividad. Sin embargo, la libertad de elección no radica solamente en la inexistencia de leyes que impiden algo o en la existencia de leyes que permiten algo, otorgándonos facultades para hacer o no hacer, sino en una auténtica ausencia de condicionamientos que nos llevaría a tomar determinadas decisiones que consideramos adecuadas para nuestras vidas. Y resulta claro, al menos tal parece, que en un contexto de pobreza generalizada en el que se encuentra Cuba – sin caer, por supuesto, en catastróficos escenarios de miseria – vender el cuerpo para poder satisfacer más necesidades básicas no puede considerarse una elección tomada en plena y completa libertad.
Aunque pueda parecer una opinión retrógada y en discordia con los tiempos en que vivimos, existen medidas que hay que tomar, más allá de la popularidad que puedan tener, más allá de la necesidad de modernizar un país. Hasta que no haya un consistente aumento de los salarios en Cuba y una consecuente mejoría de las condiciones de vida, hasta que la libertad de elección, aun con sus matices, no sea plena, no se puede defender la legalización de la prostitución en Cuba. Hasta que una mujer o un hombre decidan vender sus cuerpos por falta de alternativas y para huir de situaciones marginales, tiene que existir una ley que sea expresión del poder de un Estado que, lejos de retomar actidudes paternalistas, debería tener la finalidad esencial de proteger y cuidar las libertades, todas las libertades, de sus ciudadanos.
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