Privar a las personas del derecho a la asistencia sanitaria pública es un atentado contra el principal de los Derechos Humanos: el derecho a la vida. Que se acorta o deteriora en la medida en que no recibe atención médica en caso de enfermedad. La reforma sanitaria introducida por el Real Decreto Ley 16/2012 puede costar vidas. Y colectivos profesionales plantean desobedecer la norma.
Un Estado democrático tiene la potestad y el deber de garantizar el bienestar y la subsistencia de todos sus miembros.Así lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. (Art. 25).
Y lo corrobora la Constitución Española:
Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. (Art. 41).
Por encima de cualquier otra prioridad, el primer deber de un Gobierno democrático es el servicio a la ciudadanía que le otorga legitimidad. Este principio de sensatez política ha sido olvidado por quienes, en aras de la brutalidad ideológica, están derribando las instituciones del Estado del Bienestar. Legitimando, por otro lado, la desobediencia civil a las leyes dictadas por la injusticia.
Un caso flagrante de esa brutalidad política es la reforma sanitaria introducida por el Gobierno del Partido Popular a través del Real Decreto Ley 16/2012. Esa reforma puede costar vidas humanas. Esto supone un punto de inflexión en el que se cambia de raíz el modelo sanitario, que deja de constituir un derecho universal a la salud para segregar a la población entre "asegurados" y "no asegurados".
En el fondo, lo que la presunta austeridad gubernamental encubre es el programa oculto por el Partido Popular. Que se resume en la privatización de los servicios públicos. Como adelanto, ahí están los hospitales de Castilla la Mancha, que se reparten en el camarote de los hermanos Capio.
La limitación del acceso a la atención sanitaria para las personas migrantes mayores de edad en situación irregular a la modalidad de urgencias y a la asistencia al embarazo, parto y posparto, así como el retroceso en la universalidad del acceso a la atención sanitaria para una considerable porción de personas españolas (como jóvenes desempleados mayores de 26 años) constituyen medidas regresivas y discriminatorias. Además de vulnerar obligaciones internacionales, tienen un gran impacto sobre el derecho a la vida de las personas.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ha recomendado a España que la "reforma sanitaria adoptada no limite el acceso de las personas que residen en el Estado a los servicios de salud, cualquiera sea su situación legal". Recomienda revisar las reformas implementadas para garantizar que todas las medidas de austeridad mantengan el nivel alcanzado de protección de los derechos económicos, sociales y culturales, y sean en todos casos temporales, proporcionales y no perjudiciales para estos derechos.
Desde Amnistía Internacional, junto con Médicos del Mundo y Red Acoge, se está trabajando para denunciar esta situación. Se puede colaborar con ellos, a través de este enlace, exigiendo a las Comunidades Autónomas que mantengan la atención sanitaria para todas las personas como un derecho irrenunciable.
Por otra parte, diferentes personas y organizaciones sociales junto con el personal de los servicios sanitarios han decidido organizarse en defensa de la sanidad, pero en particular con el objetivo de sacar adelante una campaña de respuestas concretas y realizables.
Respuestas dirigidas fundamentalmente a que todo el mundo siga teniendo acceso a la sanidad pública ya existente animando a los profesionales de la medicina a hacer uso de la objeción de conciencia para desobedecer el Decreto y seguir atendiendo a las personas, tengan o no tarjeta.
Para ello, han elaborado un manual de desobediencia -con las acciones concretas que pueden realizar personal sanitario y usarios-, tratando asimismo de organizar una red de profesionales objetores de conciencia que pretenden que esté plenamente activa a partir del próximo mes de septiembre.