¿Conviene hacer desaparecer la desgravación por vivienda en el IRPF?

Tras la declaración del comisario Joaquín Almunia “las recomendaciones de la UE son de obligado cumplimiento” para España, nos debemos preguntar qué margen tiene el gobierno de Mariano Rajoy para no subir el IVA o no hacer desaparecer, por ejemplo, la desgravación de la vivienda en el IRPF.
Este último punto se incardina dentro de la política de la vivienda que se ha ido desarrollando en España desde 1979 cuando se introdujo ese estímulo fiscal que, fue retocado en 1999, e inicialmente suprimido en 2010 para ser recuperado a las pocas semanas de acceder Rajoy al frente del Ejecutivo. 
Esta decisión iba en la línea de ayudar a reducir más rápidamente el stock de vivienda en manos de la banca española ya que los inmuebles presionan sobre su solvencia y liquidez por las provisiones que deben realizar periódicamente mientras no se vendan.
Sin embargo, nos debemos preguntar si la medida es buena para el conjunto de la población. Ya se han levantado voces de expertos explicando que es una desgravación muy costosa para el erario público, que ralentiza el ajuste de precios en el sector y que incluso incide indirectamente sobre la recuperación del empleo.
Una comparativa hecha por el Banco de España sobre el estado de la cuestión en los diferentes países de la Unión Europea nos permite vislumbrar el desarrollo de tres tipos de políticas respecto de esta temática. 
España es el único miembro del club que permite desgravar en el IRPF tanto principal como intereses del préstamo hipotecario. Diez países (Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal) permiten desgravar solamente los intereses, y en cuatro de ellos (Alemania, Eslovenia, Chipre y Malta) no se permite desgravar nada.
Tenemos claro que la desgravación incide directamente sobre los ingresos de las arcas públicas. Pero, ¿la desgravación, tal como está planteada, acelera la reducción del stock? Diferentes estudios (1) inciden en que para ello se debería incentivar la inversión (como reducción del IVA en la compra de vivienda nueva). 
Además, la desgravación desincentiva la inversión en otro tipo de activos. Hay una extensa literatura científica al respecto que lo avala que no nos entreteneremos en detallar. La medida, con más de tres décadas en vigor, ha conformado un escenario donde la mayor parte del patrimonio de los españoles se concentra en el sector inmobiliario lo cual hace que exista un porcentaje muy alto de la población con vivienda en propiedad lo que desincentiva la movilidad geográfica factor que incide negativamente en el mercado de trabajo.
Paralelamente, la rebaja fiscal reduce el ritmo de reducción de precios de la vivienda y permite una mayor transferencia de rentas hacia el sector inmobiliario y/o financiero que suele repetir el ciclo empresarial con lo que se concentra el riesgo aún más en la construcción. 
Desde el plano político, al incidir en muchas capas de la población, proceder a su eliminación es poco popular y el riesgo de pérdida de apoyo electoral muy claro. La decisión puede ser adoptada por un gobierno que sabe perderá las siguientes elecciones (el caso de Zapatero) pero de difícil aplicación si se opta a la reelección. 
En todo caso, una política de vivienda debe tener en cuenta la opción del alquiler como eje central de su estrategia social. Una política que posibilite el fácil acceso de la población a ese recurso. De existir, los incentivos fiscales deben concentrarse en el arrendamiento de inmuebles.