El debate en torno a la renta básica ha emergido con la llegada de la pandemia del COVID-19, pero nació hace años cuando los economistas alertaron que la irrupción de la robótica, traería cambios esenciales al mundo. El debate se centra ahora en la gestión de una crisis sanitaria mundial y la posibilidad de habilitar una renta de emergencia para los más vulnerables. El Gobierno ha tomado medidas excepcionales pero algunos expertos alertan que podría traer un incremento de la economía sumergida en nuestro país.
El escritor y novelista George Bernard Shaw dijo en una ocasión que las epidemias han tenido más influencia que los gobiernos en el devenir de nuestra historia. Por esta razón vivimos un momento muy difícil e histórico. La pandemia del coronavirus está produciendo un impacto brutal en la salud de todo el mundo. Pero este virus también tiene una vertiente económica cuyas consecuencias van a ser extremas en la economía mundial.
Con la paralización de la economía hasta niveles nunca conocidos, autónomos, pymes junto a infinidad de trabajadores están viviendo una situación excepcional. Ante este duro escenario, el presidente Pedro Sánchez anunció a finales de marzo una batería de medidas extraordinarias para asegurar la cobertura de suministros esenciales con el objetivo de proteger a los ciudadanos más vulnerables.
Y no es algo exclusivo. En Francia se ha anunciado que se interrumpirá el cobro de alquileres y las facturas de servicios esenciales. En Italia se ha aplazado durante 18 meses los pagos de la hipoteca y el Congreso de los Estados Unidos está valorando repartir fondos de emergencia nacional para todos aquellos ciudadanos que ganen menos de 75.000 dólares anuales. Es decir, una renta básica que llegue de forma inmediata a las familias más damnificadas por esta cruel pandemia. Y esta decisión ha vuelto a abrir el debate de la instalación de una renta básica entre las capas más débiles de la sociedad.
Hace ya unos años, en Silicon Valley -la meca mundial de la tecnología- se comenzó a hablar de renta básica cuando los teóricos del mundo laboral se preguntaban si los robots nos quitarán el trabajo en un futuro no muy lejano. El debate es amplio y muy diverso. Algunos expertos indican que la implantación de la renta básica es imposible por el coste económico que supone la medida. Y también porque para implantarla habría que incrementar la presión fiscal, lo que incentivaría el fraude con el objetivo de evitar esa fuerte carga de impuestos. Otros, por el contrario, señalan que si se modifica el sistema tributario y las prestaciones actuales, sí sería una medida viable y positiva. Sea como fuera, el debate siempre ha quedado en el aire, sin conclusiones definitivas, pues los cálculos del verdadero impacto que podría tener no dependen de datos reales y fidedignos.
Renta básica y estados de emergencias
El debate ha vuelto a reactivarse por una cruel pandemia. Estamos asistiendo a un momento histórico, que va a crear un nuevo escenario. Y muchas son las voces que abogan por establecer esta medida en un estado de emergencia. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo ha señalado que “el Estado tiene que actuar en este periodo transitorio para que después de la crisis sanitaria, con un impacto económico intenso y profundo, no se produzca una crisis social”. Igualmente, se ha pronunciado Antón Costas que aboga por la adopción de una renta de emergencia como escudo ante el previsible deterioro social y económico que va a causar el COVID-19.
Por su parte, el Catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull, Niño Becerra señala que en España el problema es el fraude fiscal pues “contamina las estadísticas de ingresos”. En la misma línea discurre el Colegio de Economistas, que indica que la falta de un registro válido y fidedigno de ingresos pone en quiebra la idea de aplicar este criterio de asignación de subsidios mínimos a la ciudadanía más necesitada.
Y es que las cifras de fraude fiscal en España son demoledoras. Los últimos datos revelan que la factura del fraude en España le cuesta a cada ciudadano 2.000 euros. Es decir, cada contribuyente debe pagar esa cantidad para tapar el agujero que provocan los defraudadores a las arcas del Estado. Según el último estudio de Gestha, la asociación que agrupa a los técnicos del Ministerio de Hacienda, la economía sumergida en España supone el 22,1% del PIB. O lo que es lo mismo, cerca de 300.000 millones de euros no se declaran ni tributan, lo que nos sitúa a la cabeza de la lista del fraude en Europa. España es líder destacada del frauda y triplica a países como Alemania, Francia o Gran Bretaña.
Estos deprimentes datos, se complementan con otro dato desalentador, ya que más del 70% del fraude fiscal está relacionado con grandes empresas y grandes fortunas, donde se produce más omisión que evasión fiscal, aunque para los técnicos de Gestha el fraude en nuestro país es una práctica bastante común y transversal. Por eso, es necesario combatir el fraude con más efectivos de Hacienda -técnicos e inspectores-, obligar a los bancos a compartir cierta información, concienciar a la sociedad de la importancia de tributar y, sobre todo, implantar sistemas de control a todos los productos de contrabando. Así, tal vez, podríamos llegar a esa renta básica de emergencia…..