Unas veces no llego y otras me paso. Es lo que tiene querer publicar cada día un tema diferente y, si puede ser, de actualidad. El caso es que hace días que tenía algunos correos electrónicos atrasados que quería mirar y publicar, y lo haré hoy.
Y es que el único intento judicial de investigar los espeluznantes asesinatos y desapariciones ha llevado al Juez Garzón al banquillo, acusado de incumplir la Ley de Amnistía de 1977. La Fiscalía y destacados juristas mundo secundan las acciones de Garzón en este caso, y el derecho internacional establece que crímenes de tal gravedad no pueden ser objeto de amnistía. Pero el Supremo está bajo una enorme presión y podría condenar al juez, enviando un mensaje intimidatorio a los que luchan contra la impunidad y buscan proteger la dignidad de las víctimas y de sus familias.
Las críticas internacionales siguen creciendo, y nuestras autoridades son conscientes de que la independencia y reputación de nuestra judicatura está en entredicho. Enviémosles un mensaje ensordecedor pidiéndoles que apliquen los principios de derecho internacional, absuelvan al Juez Garzón, y garanticen un tratamiento justo y humano a los familiares de todos los que siguen abandonados en fosas comunes. Quedan pocos días para el final del juicio - firma ahora la urgente petición, y será entregada al Tribunal Supremo cuando alcancemos 50.000 firmas.
Desde Ecologistas en Acción me llega esta nota de prensa: Hacía la privatización de la costa
El profundo cambio en materia ambiental que pretende llevar a cabo el Ministerio de Medio ambiente, Alimentación y Agricultura (MAAM) supone una vuelta atrás en la conservación del medio ambiente, dejando totalmente a merced de lo privado lo que es público.
Ecologistas en Acción considera que alargar las concesiones y desafectar el Dominio Público Marítimo Terrestre es la antesala de la privatización del litoral, algo que contradice totalmente el espíritu inicial de la Ley de Costas que garantiza el uso y disfrute de las riberas del mar.
La progresiva pérdida y degradación de los ecosistemas litorales, derivada de la nefasta gestión de las administraciones y de la apuesta por la especulación y el todo vale, muestran claramente como aún con la Ley de Costas de 1988, la costa sigue siendo un espacio fuertemente amenazado. Por ello, afirmar que “frenar la actividad económica en el litoral no garantiza su conservación” es cuanto menos disparatado, ya que, aún con la Ley, la realidad es que la degradación litoral es algo que va de la mano del beneficio económico de unos pocos.
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