Una de cada dos personas cree que la corrupción se ha agravado en los dos últimos años, según la mayor encuesta de opinión pública sobre corrupción realizada por Transparency International.
El Barómetro Global de la Corrupción 2013se basa en una encuesta realizada a 114.000 personas en 107 países y muestra que la corrupción es un fenómeno extendido, aunque un importante número de personas encuestadas creen que tienen la capacidad de detener la corrupción y están dispuestas a combatir el abuso de poder, los acuerdos secretos y el soborno.
Estos últimos días hemos conocido el caso Navalny, en Rusia: su proceso judicial pone en tela de juicio la independencia del poder judicial y muestra las dificultades que soportan los ciudadanos rusos queformulan críticasa las autoridades. Navalny es un crítico del gobierno ruso, y líder de una organización no gubernamental de lucha contra la corrupción; ha manifestado su intención presentar su candidatura a la alcaldía de Moscú.Navalny fue juzgado por un delito civil y la sentencia no es proporcional al hecho punible, si comparamos con otras sentencias de casos similares: fue condenado por malversación de 500.000 dólaresy se le condena a cinco años de prisión, inhabilitación y una multa, mientras que una semana antes, el funcionario de Moscú Joseph Reyhanov fue condenado a cinco años por malversación de 9,6 millones de dólares.La comparación de la sentencia con las de otroscasos similares permite ver que hay problemas en el funcionamiento del Estado de derecho.
El Barómetro Global de la Corrupción 2013 también pone de manifiesto que en muchos países las personas no tienen confianza en las instituciones encargadas de combatir la corrupción y otros delitos, muestra que existe una crisis de confianza en la política y en las instituciones responsables de llevar a los delincuentes ante la justicia. El 55 por ciento de los encuestados creen que el gobierno responde a intereses particulares.
El poder judicial es uno de los pilares básicos de los Estados,y su autonomía e integridad son necesarias para el mantenimiento del Estado de derecho. La Justicia debe garantizar la igualdad de todos, lo que otorgará credibilidadal funcionamiento de las administraciones e instituciones democráticas. Sólo existe Justiciasi todos somos iguales ante la ley y recibimos un juicio justo; en caso contrario, estaremos ante un sistema judicial ignorante, incluso infractor de los principios del derecho. Un sistema de justicia comprometida, utilizado con fines parciales, corporativistas o políticos, socava la sostenibilidad del Estado de derecho y disminuye la capacidad del Gobierno para favorecer el bienestar de la sociedad, desarrollar políticas sociales democráticasy combatir la corrupción y resto de delitos.
En nuestro país, un ejemplo de doble vara de medir: la Fiscalía anticorrupción considera que la señora Urdangarín no sabía lo que firmaba y pide que no sea imputada, mientras que la misma fiscalía no ve engaño en la venta de las preferentes y considera que ancianos de 70 y 80 años, sin apenas formación, sabían perfectamente lo que firmaban.Los políticos deben actuar para tratar de recuperar la confianza ciudadana, por ejemplo difundiendo sus declaraciones patrimoniales y las de sus familiares cercanos. Por su parte, los partidos políticos y los candidatos deben dar a conocer dónde obtienen sus fondos para que no haya dudas respecto de quiénes los financian y se puedan identificar intereses incompatibles.
El Barómetro Global de la Corrupción 2013 refleja que en 20 países el sistema judicial es la institución considerada más corrupta por los encuestados. A este tenor, es preocupante últimamente leer alguna que otra sentencia de nuestros tribunales, en cuyos fundamentos se copia y pega el contenido de decretos y otras disposiciones gubernativas, introduciendo de manera alarmante sesgos políticosen la función judicial.
“Los gobiernos deben asegurarse de que haya instituciones sólidas, independientes y con recursos suficientes para prevenir y remediar la corrupción. Cuando el flagelo de la corrupción erosiona a las instituciones centrales y servicios básicos, demasiadas personas sufren las consecuencias”, según Transparency International.
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