Metroscopia, empresa que sondea regularmente la opinión de los españoles sobre su situación social y política, acaba de revelar que el 96 por ciento de los ciudadanos cree que el país sufre una alta corrupción política, de la que culpa a los partidos por crearla y a la justicia por no combatirla.
Ahora mismo debaten si es ético, aunque sea legal, que el partido catalán Unió, parte del gobernante CiU, quede sin sanción alguna tras abonar 388.000 euros de multa por el caso “Pallerols” de financiación ilegal con comisiones y chantaje a empresas, iniciado hace casi veinte años.
Entre 200 y 300 políticos de toda España están imputados judicialmente en la corrupción, y el 63 por ciento de los encuestados por Metroscopia cree que en los últimos años ha crecido el fenómeno.
Pero, no. Es antiquísimo: hace también más de dos décadas que aparecieron los casos Filesa o Naseiro en el PSOE y el PP, respectivamente, y entonces no se cortó la hemorragia que iba a desangrar desde entonces la honradez de los partidos.
Sus dirigentes no dimitieron, como se le exige ahora al de Unió, Josep Antoni Durán i Lleida, y su continuidad señaló que se gozaba de barra libre: Felipe González y Manuel Fraga-José María Aznar fueron los Durán de ahora.
O los miembros de la familia Pujol, que podrían tener decenas de millones cosechados tras la presidencia de la Generalidad catalana del patriarca, Jordi, entre 1980 y 2003.
Aunque nadie debería atribuirle la corrupción solamente a los políticos: es un producto muy “Made in Spain”.
España es el país de las pequeñas corruptelas de los ciudadanos, que empiezan con las recomendaciones entre amigos, siguen con el nepotismo y terminan con comisiones y chantajes.
Y cualquier organismo público, y muchos privados, está trufado de enchufados que son buena parte de ese 96 por ciento que denuncia la corrupción: Corruspaña-Corruspain está emulsionada por la corrupción de casi todos los españoles.
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SALAS