No es la primera vez que el Ministerio de Defensa se vio envuelto en una polémica de este tipo. Hace un año, El Plural denunció cómo la revista oficial del Ejército promocionaba un libro sobre la “cruzada” franquista de la Fundación Francisco Franco, con un “sentido prólogo” del ya fallecido José Utrera de Molina, el que fuera ministro franquista y suegro de Alberto Ruiz-Gallardón. La propia María Dolores de Cospedal dio la espalda a la ley de memoria histórica de la que tanto reniegan los nostálgicos del franquismo visitando la tumba de un aviador franquista en Málaga. El piloto homenajeado, Joaquín García-Morato, fue premiado por la dictadura con el título de “Conde del Jarama”, por su participación en los bombardeos en el frente de Andalucía, y en especial sobre la malagueña ciudad de Antequera.
El BOE del 9 de enero recogía los convenios del Ministerio de Defensa con siete diócesis y con el Opus Dei para pagar los “estipendios” derivados de la asistencia católica a los militares españoles de 2017. En total, sufragar esta asistencia espiritual castrense costó 26.133 euros a todos los españoles. De esta forma, las Archidiócesis de Madrid, Sevilla y Santiago de Compostela, las Diócesis de Canarias, León y Málaga, así como la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei consiguieron estos “convenios de colaboración” con el Ministerio de Defensa. Y las Fuerzas Armadas conseguían ser la institución oficial donde menos se aprecia la “aconfesionalidad” del Estado español. Las mismas fiestas oficiales de cada rama de los ejércitos coinciden con sus santos y patronas, y las denuncias por no respetar los deseos de los soldados de separar la espiritualidad de lo profesional se hacen habituales.
En ningún partido español la recolocación de colaboradores es tan descarada y vergonzante como la llevada a cabo por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que después de perder las elecciones autonómicas y ser nombrada ministra de Defensa por M. Rajoy, conseguía colocar a quince de sus antiguos colaboradores en destacados puestos de la Administración General del Estado, con remuneraciones de 90.000 euros de media. A estos enchufados de Cospeda habría que añadir los nombres ilustres de Juan Carlos Ortiz Argüelles, excomisario general de Extranjería y Fronteras, policía muy cercano a Cospedal, que fue jefe superior de la Policía en Castilla-La Mancha y que hace unas semanas fue nombrado por otro de los colocados de la secretaria general del PP, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, para la Jefatura Central de Información, Investigación y Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.