Un día bastó para definir la suerte del Presidente paraguayo: El jueves 21, amparados en el Artículo 225 de la Constitución, 76 diputados aprobaron —1 en contra y 3 ausentes— un Juicio Político contra Fernando Lugo Méndez. El viernes 15 empezó la cuenta regresiva: 17 campesinos y policías murieron durante el desalojo de carperos —campesinos sin tierra, vinculados a figuras gubernamentales— que habían ocupado una hacienda en Curuguaty. La causa de la masacre se atribuyó a posibles francotiradores del guerrillero Ejército Popular del Pueblo —del que se habían denunciado vínculos de Lugo cuando fue su obispo, al igual que con Patria Libre.
Para el proceso sumarísimo, 39 senadores votaron por la destitución, 4 en contra —1 menos que el pronóstico— y 2 ausentes, más de los 30 requeridos. Para entender esta crisis, es necesario analizar que Lugo ganó las elecciones de 2008 apoyado por la Alianza Patriótica para el Cambio —unión dispareja de movimientos y partidos muy heterogéneos—, con la que tuvo una trayectoria de gobierno dispar. En su Programa de Gobierno prometió Reforma Agraria—77% de la tierra es de sólo 1% de los propietarios— pero no cumplió. Aunque Lugo no podía presentarse a las elecciones de 2013 por impedimento constitucional —que no pudo abrogar—, sí podía complicar el regreso de los Colorados, a los que venció. Y, además, las ex principales fuerzas de su Alianza necesitaban frenar a los movimientos más radicales, que estaban creciendo en poder.Lugo fue el cuarto presidente paraguayo enjuiciado y el primero destituido. Al margen de que constitucionalmente fue correcto el proceso de destitución, lo expedito de su realización deja la duda de cosa prejuzgada y hace pensar que los sucesos de Curuguaty pueden quedar “olvidados”.