La opinión ha sido prácticamente unánime entre los políticos y también entre los ciudadanos y los medios de comunicación, que para salir de esta crisis debe cambiarse el “modelo productivo”, abandonando la actividad inversora del “ladrillo”. Pocos han avanzado sin embargo ideas más concretas para llevar a cabo este cambio productivo, aunque a veces se ha oído decir que se trata de la necesidad de invertir en sectores de alta tecnología y alto valor añadido, energías renovables, biotecnología y en investigación, desarrollo e innovación.
El “modelo productivo” a seguir en el futuro será, en cualquier caso, el que determine el mercado y éste lo hará en función del marco macroeconómico existente en cada momento, marco que condicionará las decisiones inversoras de los empresarios. Y puede resultar que el actual marco macroeconómico lleve consigo elementos negativos que debamos corregir.
El gobierno de Felipe González llevó a cabo en 1985 una negociación para acceder a las Comunidades Europeas que supuso de facto una fortísima revaluación del tipo de cambio de la peseta, revaluación que pudo haber superado la apreciación de la peseta en una banda del 80-100%. Ante este revaluación que dejaba el tipo de cambio sobrevaluado, infravalorando las importaciones, el empresariado español ha rehuído desde entonces invertir en los sectores productivos - principalmente la industria – sujetos a competencia internacional (sectores “tradable”).
Dirigiéndose en cambio la inversión a los sectores “non-tradable” que, como la construcción, la promoción inmobiliaria y los servicios en general, quedan normalmente alejados de la competencia internacional.
La asfixia actual de la economía productiva española, viene causada principalmente por la persistente sobrevaluación del tipo de cambio en España. Primeramente de la peseta a resultas de la negociación para acceder a las Comunidades Europeas en 1986 y en segundo lugar, habiendo accedido a la unión monetaria de la zona del euro, por la política del Banco Central Europeo de mantener el euro deliberadamente sobrevaluado, lo que alejaba el espectro de la inflación pero a costa de llevar sin embargo los sectores productivos nacionales a un prolongado estancamiento, ante importaciones artificialmente baratas.
Es la asfixia de la economía española que no dispone de ahorro público ni privado para invertir, que no dispone de crédito para la función productiva, que dispone de un tipo de cambio sobrevaluado que incentiva la importación con la que se satisface a bajo coste el consumo, que utiliza tipos de interés muy bajos para incentivar el consumo y ayudar a las administraciones públicas a abaratar el servicio de la dueda de sus abultados déficits, a la vez que desincentiva el ahorro necesario para llevar a cabo la inversión. Y todo ello, en un marco macroeconómico en el que el empresario español rehuye invertir en sectores como la industria, sujeta a competencia internacional, prefiriendo la inversión – con notables dosis de corrupción y economía sumergida – en los sectores de la construcción y los servicios.
España comparte la mayoría de estos desequilibrios con otros países europeos de la UE. Sin embargo el nivel de desempleo dobla en España la media europea, lo que ocurre precísamente por lo pernicioso de la revaluación de la peseta llevada a cabo en 1985 que supuso el abandono de amplios sectores industriales por parte del empresariado español, limitándose a sobreinvertir en sectores que como la construcción fueron objeto de una euforia especulativa y posterior crisis sin precedentes, con notoria eliminación de mano de obra.
Un cambio de “modelo productivo” es ciertamente necesario pero de nada servirá sin crear previamente las condiciones necesarias para que el empresariado español encuentre rentable invertir, no solamente en sectores protegidos de la competencia internacional, sino también en aquellos sectores “tradable” que, como la industria en general, fueron abandonados desde 1986 en manos de las corporaciones multinacionales, a las cuales no les afecta la sobrevaluación del tipo de cambio de la moneda.
Puesto que una devaluación de la moneda – el euro actualmente – no entra en las posibilidades de la Administración española, y la salida de la Unión Monetaria del euro sería 2 cuando en el año 2009 los mercados de divisas operaron una severa correccción al euro respecto al dólar, cayendo desde el máximo registrado de 1,60 dólares por euro (1er semestre 2008) a 1,191 (junio 2010), los dirigentes políticos europeos podían haber saludado con optimismo esta mejora de competitividad que proporcionaba a las economías europeas la bajada del euro. Pero no fue así. Los gobiernos europeos se concertaron con el Banco Central Europeo para invertir la tendencia bajista del euro e influir en los mercados para situar el euro en una banda de 1,35-1,40. Se vió entonces claro que la UE prefería la sobrevaluación del euro a una mejora de la competitividad, aunque ello significara un aumento de las importaciones en perjuicio de la actividad económica de los países miembros. En efecto, la sobrevaloración del euro frenaba sí las tendencias inflacionistas, pero el aumento de las importaciones que ello traía consigo tenía como consecuencia el cierre de empresas con el consiguiente aumento del desempleo.
Aunque traumática y prácticamente imposible de llevar a cabo con rapidez, la economía española no puede librarse de llevar a cabo una “devaluación interna”, es decir una reducción importante y generalizada de salarios y precios para recuperar la competitividad de la economía y reducir el déficit comercial, lo que precisa la colaboración eficaz y decidida de los sindicatos, las organizaciones patronales y el gobierno. Esta necesaria devaluación interna comenzará sin duda por una fuerte reducción de precios en el sector inmobiliario. Y ésto comenzará tan pronto como los bancos efectúen un necesario saneamiento rápido y profundo del riesgo inmobiliario, es decir:
- Dejen de renovarse o ampliarse créditos fallidos con objeto de evitar efectuar provisiones o asumir pérdidas en el balance y/o en espera de ver una recuperación del mercado.
- Reduzcan el valor contable en libros de los activos adjudicados inmobiliarios (llamados activos “tóxicos”), valorándolos a su verdadero valor del mercado.
Al mismo tiempo que se acomete también un decidido empeño en reducir el servicio de la deuda, principalmente exterior, vía reducción del déficit de las administraciones públicas.
Sin lo cual España se puede ver abocada a solicitar la aplicación de ciertas claúsulas de excepción ante la UE que permitieran a España la reintroducción de algunas de las medidas proteccionistas que fueron eliminadas en 1986 con ocasión del acceso de España a las Comunidades Europeas. Otras alternativas pueden considerarse: la salida del euro de los países que presentan mejores “ratings” en los mercados internacionales de deuda, seguido de una fuerte depreciación del euro.
Fuente: España, una economía asfixiada. Por Carlos Sánchez-Marco.
C. Marco