Desgraciadamente oímos con demasiada frecuencia términos como quiebra, suspensión de pagos y concurso de acreedores. Cada vez que alguna empresa llega a una de estas situaciones intuimos que su situación es bastante delicada, aunque quizás no sepamos que estos conceptos son distintos. Veamos la diferencia entre ellos.
- Suspensión de pagos: En este caso, la insolvencia se debe a un problema de liquidez, aunque puede ocurrir que los bienes de la empresa tengan un valor superior al de sus deudas, (el valor de sus activos es mayor que el de sus deudas). Por ejemplo, imaginemos el típico caso de una empresa rentable que trabaja para un ayuntamiento y éste le debe una cantidad de dinero importante. A medida que el pago por parte del ayuntamiento se va retrasando, puede llegar un momento en que la empresa ya no pueda pagar a sus trabajadores y al resto de acreedores, entrando en suspensión de pagos.
- El otro caso es la situación de quiebra, que se da cuando el valor de los activos es inferior al de sus deudas. En esta situación diríamos que la empresa ha entrado en quiebra. Un ejemplo de esto puede ser una empresa que ve reducir sus ingresos y no puede hacer frente a sus pagos aunque vendiese todas sus propiedades.
Según acabamos de ver, la principal diferencia entre una situación de suspensión de pagos y una situación de quiebra es que la primera puede ser de carácter transitorio. Es decir, la empresa o el particular que se ha declarado insolvente puede superar la situación y continuar con su actividad. Sin embargo, cuando se produce una quiebra, la situación es irreversible y definitiva.
Cuando se da cualquiera de estas dos situaciones de insolvencia, en España se puede originar un procedimiento legal llamado concurso de acreedores. Mediante este procedimiento, se nombra un administrador concursal que trata de organizar las finanzas de la empresa siguiendo unas normas establecidas, de manera que pueda pagarse parte de las deudas a los acreedores de la forma más justa posible. En este proceso se intenta pagar primero a las partes más débiles, como los trabajadores de una empresa, y se dejan para el final a los acreedores que han podido tener alguna influencia en la mala situación económica de la empresa.
El concurso de acreedores puede ser solicitado tanto por el deudor como por un acreedor y uno de los objetivos que fija la ley concursal es intentar ante todo que la empresa pueda continuar con su actividad, recurriendo a la liquidación de la misma solamente en casos excepcionales.