En la apertura de Ginebra 2, John Kerry defendió la posición de Arabia Saudita: exclusión de Irán, composición de la delegación de la oposición limitada a los actuales miembros de la Coalición Nacional, renuncia y enjuiciamiento de Bachar al-Assad.
Todos se preguntaron qué ha impedido a Estados Unidos iniciar, desde 2012, la aplicación del acuerdo concluido con Rusia en Ginebra aquel mismo año. Todos han sido testigos de las constantes dilaciones de Washington y de las incesantes contradicciones del secretario de Estado John Kerry en sus declaraciones. Todos recuerdan la evolución conciliadora de su discurso después de la crisis de las armas químicas y la convocación de Ginebra 2, seguida –para sorpresa general– de la declaración de los «Amigos de Siria» y de su discurso inaugural en Montreux, donde planteó como único objetivo un cambio de régimen en Damasco, violando así los compromisos contraídos y provocando el fracaso de la conferencia. Eso, sin entrar a mencionar la composición monocromática de la delegación de la «oposición siria» y la anulación in extremis de la invitación que ya se había enviado a Irán.
Desde hace 3 años, Washington acusa diariamente a Bachar al-Assad de los peores crímenes sin lograr explicar el por qué del creciente respaldo de los sirios a sus instituciones (apoyo que actualmente se sitúa entre el 60 y el 88%, según los estimados). Y ahora, desde hace una semana, Washington denuncia a una facción de la «oposición siria», acusándola de estar preparando atentados contra Estados Unidos.
Como todos los años, el miércoles 29 de enero de 2014, el director nacional de la comunidad de inteligencia estadounidense, James Clapper, presentó a la Comisión senatorial a cargo de esos servicios, una síntesis sobre las amenazas que se ciernen sobre «América». Al referirse a Siria, Clapper dio cifras totalmente irreales sobre la composición de las fuerzas «rebeldes» afirmando que el 80% de sus miembros son moderados y, por lo tanto, aptos para recibir la ayuda militar que el Congreso estadounidense aprobó en su sesión secreta. El señor Clapper subrayó principalmente que Siria se ha convertido en un imán para los terroristas de todo el planeta, y sorprendió a todos al declarar que algunos de ellos están preparándose para atacar Estados Unidos.
Varios senadores estadounidenses se reunieron, a puertas cerradas, con el secretario de Estado John Kerry al margen de la Conferencia de Munich sobre la seguridad. Dos de ellos, los republicanos John McCain y Lindsey Graham, revelaron a la prensa el contenido de la entrevista.
El domingo 2 de febrero de 2014, unos 15 senadores estadounidenses se reunieron con el secretario de Estado John Kerry al margen de la Conferencia sobre la Seguridad que se realizó en Munich. Dos de los participantes, John McCain y Lindsay Graham, hablaron del encuentro a los periodistas Fred Hiatt, del Washington Post; Jeffrey Goldberg, de Bloomberg, y Josh Rogin, del The Daily Beast. Según estos periodistas, el secretario de Estado reconoció ante los senadores que Washington ha fracasado en Siria y habló de entregas de armas letales a algunos «rebeldes».
Los voceros del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, respectivamente Jen Psaki y Jay Carney, se apresuraron a contradecir a los dos senadores. Pero no hay que dejarse engañar: el secretario de Estado, los dos senadores republicanos y los tres periodistas están preparando a la opinión pública para un viraje político.
El 4 de febrero, el Washington Post publicaba un editorial –sin firmar– llamando a reconsiderar la política estadounidense que ha fracasado en Siria. El editorial concluye: «Con acción de la ONU o sin ella, ya es hora de que la administración Obama reconsidere cómo comprobar los crímenes [que se imputan al] régimen y la creciente amenaza [para Estados Unidos que se imputa a] al-Qaeda. Como al parecer reconoció el señor Kerry, por el momento no hay respuestas.»
¿Qué quiere decir esto?
Hace más de un año publiqué en el semanario ruso Odnako un largo artículo sobre las grandes líneas del acuerdo secreto sobre el Medio Oriente al que habían llegado Washington y Moscú. Subrayaba yo en ese artículo que, para la Casa Blanca, lo importante en la región no era el petróleo, ni tampoco Siria, sino Israel. Barack Obama estaba dispuesto a renunciar a una parte de la influencia occidental en el Medio Oriente a cambio de la garantía rusa de protección para «el Estado judío».
Escribí entonces:
«Después de la estabilización de Siria, una conferencia internacional por una paz global entre Israel y sus vecinos debería desarrollarse en Moscú. Estados Unidos estima que no es posible negociar una paz separada entre Israel y Siria porque los sirios exigen, en nombre del arabismo, que se resuelva primero la cuestión de Palestina. Pero tampoco es posible una negociación de paz con los palestinos, debido a la extrema división que reina entre estos últimos, a menos que Siria se encargue de obligarlos a respetar un acuerdo aceptado por la mayoría. Por lo tanto, toda negociación debe tener un carácter global, según el modelo de la Conferencia de Madrid (realizada en 1991). Según esa hipótesis, Israel se retiraría lo más posible hacia sus fronteras de 1967 y los territorios palestinos se fusionarían con Jordania para conformar el Estado palestino definitivo, cuyo gobierno estaría en manos de la Hermandad Musulmana, lo cual haría esa solución aceptable para los actuales gobiernos árabes. Posteriormente, se devolvería a los sirios la meseta del Golán a cambio de que renunciaran al lago Tiberíades, conforme al esquema ya estudiado en 1999 durante las negociaciones de Shepherdstown. Y Siria se convertiría en garante del respeto de los tratados por la parte jordano-palestina.»
Todo parece indicar que la demora de Estados Unidos en la aplicación de sus compromisos, al igual que sus actuales contradicciones y el anuncio de un próximo cambio de su política, se debe a lo difícil que le está resultando avanzar simultáneamente en el tema palestino.
En la Conferencia sobre la Seguridad realizada en Munich, el secretario de Estado John Kerry insistió ante su auditorio, el 1º de febrero, en que lo más importante no es la paz en Siria sino en Palestina.
Esa fue, por demás, la prioridad que subrayó John Kerry durante la sesión de preguntas y respuestas que realizó públicamente junto con el embajador Wolfgang Ischinger en la conferencia de Munich, el 1º de febrero. Kerry declaró:
«Todos tenemos un poderoso, poderoso interés en resolver ese conflicto. Donde quiera que voy en el mundo –y lo digo sin exagerar, en el Lejano Oriente, África o Latinoamérica– una de las primeras preguntas que me hace el ministro de Relaciones Exteriores, el primer ministro o el presidente es “¿Qué pueden hacer ustedes para ayudar a poner fin al conflicto israelo-palestino?”».
En julio de 2013, John Kerry impuso a palestinos e israelíes un plazo de 9 meses para negociar la paz –o sea, antes de finales de abril de 2014. Una exigencia sorprendente. ¿Por qué fijar una fecha tope para un proceso de paz al que nunca se habían puesto límites de tiempo y que además se ha prolongado por 65 años? A menos que se considere que la paz en Palestina está vinculada a la paz en Siria.
El 2 de febrero de 2014, el primer ministro de Jordania, Abdullah Ensur, presentó al parlamento el estado de las negociaciones insistiendo en el hecho que, por vez primera, las discusiones se desarrollan a puertas cerradas y que no se ha filtrado a la prensa prácticamente nada. El primer ministro precisó además la posición del reino hachemita.
Abdullah Ensur, ex cuadro del Banco Mundial y del FMI, pretendía garantizar los intereses de su propio país, inicialmente creado por los británicos precisamente para resolver el problema palestino. Jordania está dispuesta a absorber la población palestina de Cisjordania y Gaza, pero no a cualquier precio. El rey Abdallah II parece haber aceptado otorgar la ciudadanía jordana, sin condición alguna para quien la solicite, a los 3 millones de palestinos que residen en Jordania y a los 4 millones de palestinos de los territorios. Se volvería así a la situación existente antes de la Guerra de los Seis Días, en 1967, cuando Jordania –no la OLP– representaba a los palestinos y su jurisdicción abarcaba Cisjordania y el este de Jerusalén.
A cambio de la concesión jordana anteriormente mencionada, el rey parece haber solicitado una ayuda internacional para financiar los derechos sociales de los 7 millones de posibles nuevos súbditos del reino hachemita. El primer ministro Abdullah Ensur habría situado el monto de esa ayuda entre 16 000 y 20 000 millones de dólares.
Se sabe, por otro lado, que –basándose en un documento escrito del puño y letra del presidente estadounidense Harry Truman– los negociadores árabes han rechazado la idea de reconocer Israel como «Estado judío» y Palestina como «Estado musulmán». Y decidieron que, en caso de reconocimiento mutuo entre ambos Estados, los 1,6 millones de palestinos que viven en territorio israelí y los 500 000 israelíes que viven en el Estado palestino puedan permanecer en esos lugares con la posibilidad de adoptar (o de conservar) la nacionalidad del territorio donde residen. Mahmud Abbbas propuso que se desmilitarice Palestina y que la seguridad de esta última esté garantizada por una fuerza «neutral»… la OTAN. A pesar de lo anterior, el ejército israelí estaría autorizado a mantenerse en el valle del Jordán durante los primeros 5 años.
No sólo los gobiernos están implicados en esas negociaciones. Desde hace 2 años, y por iniciativa del Foro Económico Mundial de Davos, capitalistas palestinos e israelíes –bajo la presidencia de Munib R. Masri y de Yossi Vardi– hacen proyectos sobre cómo desarrollar la región con el dinero de la comunidad internacional. Más que a la defensa de los intereses de los pueblos implicados, esa iniciativa –llamada Breaking the Impasse– parece orientada sobre todo a favorecer los intereses personales de este grupo de capitalistas, contando con aleatorias promesas de donaciones internacionales.
Pero esos proyectos encuentran la oposición de los palestinos del exilio –quienes perderían todo esperanza de regreso– y de los Estados que los han acogido y respaldado, a pesar de que ninguno de esos países tiene actualmente reales posibilidades de oponerse a tales proyectos: Libia y Sudán están inmersos en sus propias guerras tribales, Egipto está enfrascado en su propia lucha contra la Hermandad Musulmana, el Líbano carece de gobierno y el Hezbollah ha tenido que entablar combate contra al-Qaeda, Siria enfrenta una invasión extranjera, Irak se halla en plena guerra civil e Irán está negociando. Convendría entonces que los palestinos adquiriesen la nacionalidad de los Estados donde residen, lo cual traería de inmediato nuevos problemas (por ejemplo, con el equilibrio comunitario en Líbano). En todo caso, si al-Fatah, el Hamas y Jordania llegasen a aceptar esa mala solución, ¿quién podría oponerse?
Por el momento, parece que el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, se comprometió en Munich a que su país reconociera el Estado de Israel en el marco de ese arreglo, afirmación desmentida de inmediato por su propio ministerio.
Después de haber garantizado el principio mismo del restablecimiento de la paz en Palestina, Washington aceptaría –¡por fin!– dejar tranquila a Siria, a condición de que esta apruebe y garantice la solución adoptada. Hasta entonces, prosigue la guerra. A pesar de que la delegación de la oposición presente en Ginebra ya reconoce que sólo controla unas cuantas «zonas liberadas», cuya población no debe pasar de 250 000 personas, el Congreso de Estados Unidos reunido en sesión secreta le ha concedido financiamiento y armamento ofensivo hasta el 30 de septiembre de 2014.
Fuente: Voltairenet