No transcurre un día en nuestro país sin que se escuche de una nueva denuncia por violaciones a la ética profesional o a la moral; jueces y funcionarios judiciales cuestionados por enmarañar casos penales para que prescriban, fiscales que se extralimitan o dejan de cumplir el deber; congresistas que solo legislan para favorecer a sus financiadores de campañas electorales, contratistas que especulan con la calidad de las obras y sobornan para burlar los controles técnicos, o para obtener otros contratos en licitaciones amañadas; grupos empresariales que amparados en la débil o incompleta legislación consiguen la adjudicación de miles de hectáreas de baldíos por efecto de las artimañas legales que sus apoderados emprenden; funcionarios que permiten registrar propiedades que han sido obtenidas por medios fraudulentos o violentos; reformas constitucionales como la reciente ley de salud apadrinada por el ministro y economista Alejandro Gaviria, que según se denuncia solo favorece al capital privado, pues permite que los aportes públicos de los ciudadanos se transformen en dineros privados a través de astutas manipulaciones.
Y como si toda esta serie de infaustas noticias no fuese suficiente, ahora se pone al descubierto la falta de escrúpulos técnicos y profesionales en los que incurren algunas compañías constructoras de vivienda, como se ha evidenciado con la catástrofe anunciada del desplome del edificio Space en la ciudad de Medellín.
Este complejo multifamiliar está compuesto por viviendas avaluadas entre los 132 mil hasta los 265 mil dólares, en un país en donde un salario mínimo es de 314 dólares mensuales aproximadamente; en consecuencia con ese nivel de precios estos habitáculos son considerados residencias para el estrato más alto.
Por consiguiente llega el cuestionamiento ¿hasta dónde nuestra fragilidad ética se extenderá? Si ni siquiera está a salvo ahora el patrimonio considerado de mayor valor para las familias, el que exige los planes de financiación con el mejor plazo además en consecuencia tiene un alto costo, y por el que la mayoría de las personas realizan el mayor esfuerzo para su adquisición; si ya no es fiable la calidad de la vivienda entonces que quedará verosímil en este país.
Ante un aparato judicial, legislativo y policial permeado por la corrupción o intimidado por la violencia, cual es el destino de nuestra nación.
Para cerrar reseño el actual panorama de incumplimientos, por el desdén y la displicencia de los funcionarios públicos de primer nivel con los sectores indígenas y campesinos que deben usar otra vez la amenaza de paros y tomas de las principales carreteras del país, para así obligar a ejecutar los acuerdos pactados.
Cuando entenderán las elites que nos gobiernan y administran, que hemos entrado en un espiral de protestas y desesperación por cortesía de los sucesivos atropellos y de las decisiones arbitrarias, como la que recientemente ha otorgado un descarado aumento de 7.8 millones mensuales a los congresistas, mientras se fabrican disculpas absurdas sobre el presupuesto nacional y la productividad de comercios e industrias para otorgar aumentos pírricos en el salario mínimo, o para otorgar los subsidios y ayudas a los sectores vulnerables.
¿Insensibilidad? Y entonces si la sal está insípida o es ya tal su estado de decadencia que esta corrupta, cual es el camino de solución.
Creo que cada uno de nosotros debe interiorizar una reflexión y responder a esta pregunta.