Primer “escrache”, frente al hotel Ritz, en Madrid. El primer “escrache” en España se produce por vez primera el 11 de marzo, frente al hotel Ritz, cuando la cúpula del PP se encuentra reunida en el mismo, en un acto que tiene por objetivo señalar a los diputados o políticos que han rechazado la ILP o no se han pronunciado sobre la misma. Si los diputados no quieren ir a las asambleas de la PAH a las queson invitados, éstas van a ellos. En Barcelona, los concentrados se dirigen a una finca de la calle de Balmes, donde vive la diputada del PP, Maria Ángeles Esteller. Tienen la intención de empapelar la portería con octavillas que llevan la fotografía de la diputada y un texto en el que se le invita a participar en las asambleas de la PAH para conocer el problema de sobrendeudamiento que viven miles de familias. Están convencidos de que si los diputados conocieran el problema, apoyarían la ILP. Pero la lluvia desluce la protesta y optan por explicar sus casos, megáfono en mano. “Vean lo que están haciendo al rechazan la ILP –explican en el reverso de postales con la cara de la diputada aludida–: nos están dando con la mano abierta. Que nadie de nosotros se compró una vivienda para vivir por encima de sus posibilidades”. Una mujer confiesa: “Yo también he pensado en el suicidio, pero todos estos compañeros me han hecho ver que hay que luchar. Ahora no me sacarán de mi casa ni los Geos, antes que dar el piso al banco le pego fuego”. Otra grita: “Si nosotros no podemos conciliar el sueño, que tampoco ellos duerman”.
Activistas de la PAH pegan carteles en la puerta de la casa de Pons. Otros “escraches” registrados en estos días aluden al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; al jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas, al vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons y a otros. Pons no se encuentra en su casa en el momento en que llegan los miembros del PAH. Pero su familia sí está. Desde Madrid, este abogado y político valenciano informa, al enterarse de los hechos: “Entraron en el portal de mi casa, subieron hasta mi domicilio, aporrearon la puerta durante 45 minutos. Ésta no es la forma de convencerme”. Pons, que interpuso una denuncia al considerar que se trataba de ataques a “representantes de la soberanía popular”, asegura a la prensa: “Asustar a mi familia es un método mafioso. Hoy lo hacen para que los políticos cambiemos el voto. Mañana lo harán con los jueces y pasado con los periodistas. Es algo muy peligroso. Dicen que me van a señalar, pero señalar es lo que hacían los nazis con los judíos”. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se manifiesta de forma similar, tras el Consejo de Ministros: “Algunas actuaciones invaden los derechos de otros. Pido respeto a los políticos, especialmente a sus familias, que sufren esta clase de manifestaciones frente a sus casas”.
“Las movilizaciones ciudadanas que echan el aliento en la nuca del político, pero solo el aliento, están más que legitimadas”, señala Jesús María Osés, profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad Pública de Navarra. “El límite infranqueable es la violencia física. O que la presión se ejerza contra la familia”. La PAH asegura que se trata de una “señalación pública y pacífica”, pero González Pons lo ve de manera muy diferente y acusa a la plataforma de “intimidar” a su familia llamando al timbre de su casa. La jurista Magda Oranich considera que es “lícita, siempre que no haya coacciones ni amenazas”, pero se manifiesta en contra. “No creo que sea la mejor forma de presión en democracia. Los diputados han sido elegidos, te guste o no”. En su opinión, sería mejor “manifestarse ante el Congreso, pero nunca en el domicilio”, porque se coacciona no solo al político, “que lo lleva implícito en el cargo”, sino “a sus hijos y vecinos”, que nada tienen que ver. Para José Juan Toharia, el catedrático de Sociología y presidente de Metroscopia, “el ciudadano es ambivalente en este tema. Aprecia que existe un riesgo de acoso, pero hay factores que hacen comprensibles estas campañas. La gente ve que la crisis no la provocan quienes la padecen. Además, pagan más los que menos tienen y los que son percibidos como culpables –los expertos financieros– no solo no han pagado, sino que reciben jubilaciones millonarias. Ese es el telón de fondo”. Esther Vivas, investigadora de movimientos sociales, destaca que “se busca visualizar una realidad; que se vea que detrás de las decisiones políticas hay personas. Esta acción está a la altura de la situación de crisis que vivimos”. La calificación como “violencia” del “escrache” genera también cierta controversia. Quienes las sufren se sienten “acosados” y consideran que se está vulnerando su derecho a la libertad. Hay quienes opinan, sin embargo, que es una reacción proporcionada a la magnitud de la crisis que azota a los ciudadanos. “La presión de las instituciones sobre las personas obliga a éstas a una legítima defensa”, argumenta Osés. El politólogo Íñigo Torrejón asegura que la PAHha visibilizado lo que antes era una violencia “privada y extrema. Hasta ahora, la violencia de echar a una familia a la calle sin que tenga adónde ir, era algo privado. La PAHlo ha politizado y lo ha hecho público”.
Docenas de miembros de PAH ocupan una sucursal del B. Popular, en Barcelona.
Ada Colau, el rostro visible de la PAH, niega que las actuaciones de la plataforma constituyan algún tipo de acoso ni hayan superado los límites de la legitimidad: “Nos estamos volviendo locos y hemos dejado de ver el conjunto. El límite no lo han traspasado los ciudadanos, sino la praxis bancaria y los gobiernos que les inyectan dinero público mientras la gente se tira por la ventana”. Según la activista, la plataforma apela “a la conciencia individual de cada diputado”, pidiéndole que vaya “más allá de la disciplina de voto del partido”. Doscientos activistas de la PAH ocuparon una sede de Banesto en el Paseo de Gracia, de Barcelona. “La legalidad es un concepto construido –explica el psicólogo, Jaume Funes–. Lo legal debería ser legítimo y lo legítimo debería hallar un cauce de legalidad, aunque no siempre es así”. Y ahonda en cómo los jóvenes se rebelan contra los imperativos del sistema: “Para tratar los “escarches” no sirve invocar que algo es legal. El argumento de muchos jóvenes es: ‘será legal, pero no mi legalidad’. No se sienten representados por un sistema que ven injusto”. Según el politólogo Errejón, las líneas rojas “se traspasaron desde hace tiempo. Hay quien considera que pegar pegatinas y hacer sonar una cacerola es grave. Quizá, pero esta gente no es la primera en quebrantar las cosas”. Los críticos con estas acciones sostienen, sin embargo, que se ha traspasado una línea roja fundamental. Y que es preciso poner coto a este tipo de protestas. El portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, remite una carta a los diputados de su grupo en la que señala que “algunos compañeros y sus familias han sufrido situaciones de acoso que no debemos pasar por alto” y les indica que, ante “cualquier amenaza”, se mantengan en la calma e informen a la dirección del partido, que tomará las “medidas legales oportunas”. Elena Valenciano, número dos socialista, muestra su apoyo expreso a lo declarado previamente por la vicepresidenta del Gobierno: “Sé que la gente lo está pasando mal – señala–. Pero no se puede promover la violencia y el acoso a gente a la que se ha votado”.
El pasado lunes, ante la casa de Belén Juste, diputada del PP en el Congreso, se ejecutaba un “escrache”. Según informa la PAH, la Policía Nacionalidentificó a unas 60 personas que participaban en la acción, relataron sus casos particulares y colgaron carteles con botones verdes y rojos alusivos a las votaciones en el Congreso sobre una posible modificación de la ley hipotecaria. El miércoles, Ana Blanco, una de las portavoces de la PAH Valencia, explicaba que, pasadas las 11.00, tres furgonetas de la Policía Nacionalcortaron la calle en la que estaba situada la vivienda de González Pons. Su intención era “acercarse” al diputado para explicarle en primera persona, de manera “pacífica y ordenada”, los daños que estaba ocasionando a “miles” de familias, con su “rechazo” a los cambios propuestos por la ILP sobre los desahucios. Blanco explicó que algunos miembros de la PAHaccedieron al portal en donde “no había nadie” y dejaron unas cartas dirigidas a González Pons. Éste advertía, desde Madrid, que la protesta frente su casa no era la forma de convencerle “para que vote en un sentido o en otro” una modificación de la ley hipotecaria. El diputadoexplicaba que había conocido lo ocurrido en Valencia a través de lo que sus hijos le habían contado. “Han entrado dentro del portal, han subido hasta la casa y han estado aporreando la puerta durante 45 minutos. No hago comentarios sobre los carteles, entrar en casas de los vecinos, cortar el tráfico o molestar a todo el mundo por la calle. Yo sólo quiero que sepan que dentro de la casa había niños y que han estado aporreando la puerta. Supongo que, a partir de ahí, no les parecerá igual de bien que la puerta de mi domicilio siga saliendo constantemente en televisión”. El parlamentario del PP denunció esta acción como una ‘coacción’. “En el País Vasco –añadió–se han vivido coacciones similares durante mucho tiempo. Que alguien pueda justificar que se metan en el portal de mi casa, lleguen hasta la puerta y la aporreen con insultos, cuando dentro sólo hay niños, me parece inaceptable”.
La prensa conservadora advierte que la PAH ya ha dejado de ser ese grupo de personas con camisetas y señales de STOP que se encerraba en las sucursales bancarias para evitar un desahucio, negociar una dación en pago o lograr un alquiler social para familias desahuciadas por impago. Y dice que, ahora, aunque sigan ocupando bancos u oficinas municipales de vivienda, sus reivindicaciones están llegando a las líneas rojas marcadas. “La frontera del espacio privado, la familia –encabezaba en un artículo el diario ABC del viernes, 22 de los corrientes–. Varios han sido los ‘escarches’ que los grupos antidesahucios han llevado a cabo en diferentes ciudades. Comenzaron en un lugar tan cercano a la ciudadanía como el Hotel Ritz, donde la cúpula del PP celebraba una reunión. Después, en Barcelona, la diputada popular Ángeles Estellertambién fue informada de la situación. Le siguieron el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y Jorge Moragas, jefe del gabinete del presidente del Gobierno, hasta que el último ‘escrache’ recayó en Esteban González Pons. Los activistas también se acercaron el viernes a la casa del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón. Del mismo modo, se plantaron ante un edificio en el que se alojaban múltiples diputados del PP, en Madrid. Entre ellos, Iñaki Oyarzábal”. Y el ABC del domingo destacaba que la protesta contra el reelegido presidente provincial del PP de Pontevedra y titular de la Diputación, Rafael Louzán, con motivo de las preferentes, se suma a “las vividas esta semana por diputados del PP por las movilizaciones de la plataforma de desahucios”.
Ada Colau: “El único acoso es el de las entidades financiera y las fuerzas del Estado”
Algunos medios hablan de “acoso salvaje al PP”; otros se preguntan si esta técnica, nacida en la Argentina, que señalaba a los responsables de la dictadura, supone “responsabilidad penal” para quien la ejerza. La PAH asegura que se trata de “una iniciativa pacífica” y que no son “partidarios de la violencia”. De hecho, desde que esta campaña da comienza, no se registra ningún incidente ni la más mínima agresión o signo de violencia. Otras voces se preguntan por su legitimidad. Si los diputados representan a la ciudadanía que les respalda con su voto, ¿es legítimo perseguirlespara informarles de lo que no se está haciendo bien? Muchos de los que ponen la legitimidad sobre la mesa son los mismos que no aplican el término “legítimo” a otras cuestiones como la deuda pública, el rescate bancario a entidades que han jugado y perdido con los ahorros de sus clientes o el uso fuerzas de seguridad del Estado para desalojar viviendas propiedad de los bancos privados. El comportamiento de la PAHes considerado por ella misma de “prudente y ejemplar”. “Demasiado prudente y paciente, teniendo en cuenta las aberraciones que estamos viviendo cada semana”, explica Ada Colau, quien asegura que el “único acoso es el de las entidades financieras y el de las fuerzas del Estado que se ponen al servicio de estas entidades. La ciudadanía nos conoce, sabe nuestra trayectoria desde hace más de cuatro años y sabe que hemos tenido un comportamiento ejemplar, mientras que las entidades financieras subcontratan a empresas privadas para acosar a las personas que están devastadas por la situación precaria que están viviendo”.
La portavoz de la plataforma antidesahucios asegura que las acusaciones de la delegada del Gobierno en Madrid y de otros dirigentes populares son “infamias” y suponen un insulto para las víctimas del terrorismo. Ada Colau no descarta tomar acciones legales contra Cristina Cifuentes, por haberla acusado de apoyar a grupos proetarras, y contra otras acusaciones de dirigentes del PP. Defiende de forma contundente que la PAH es una plataforma “apartidista, independiente y plural”, y atribuye las afirmaciones de Cifuentes y de otros responsables del PP a la voluntad de desviar la atención con mentiras e infamias.“Es realmente inmoral –deplora Colau–, y no descartamos acciones legales por la difamación y el clima de confusión y tensión”. Asegura que las palabras de Cifuentes han provocado que usuarios de las redes sociales la hayan “amenazando de muerte”, durante los últimos días. La activista cree que se trata de una “cortina de humo” para no modificar la ley hipotecaria pese a la sentencia europea que la ha declarado ilegal, porque el Gobierno está presionado por las entidades financieras para no cambiar la norma. “Esperamos que éste condene el acoso y la violencia de los bancos contra la población”. Colau dice que Cifuentes insulta a la Plataforma, a la ciudadanía y, además, a las víctimas del terrorismo. Rechazalas acusaciones de que los integrantes de la PAH utilizan la violencia y la coacción en sus acciones, y agrega que realizan un ejercicio democrático: “El único caso de violencia –insiste– es lo que hacen las entidades financieras. Estamos esperando que el Gobierno condene con contundencia el acoso y la violencia de estas entidades contra la población”.
Carmen Maniega, diputada nacional del PP por Asturias, presentaba el lunes una denuncia en la Comisaría de Policía de Avilés contra “el acoso” que asegura estar recibiendo de miembros de la PAH del Principado. La diputada avilesina ya puso en conocimiento de la Policía Nacional varios episodios de acoso de este movimiento contra los desahucios y ratifica que no se puede pasar por alto esta situación. Explica que la pasada semana fue perseguida por un grupo de activistas, a la salida de una reunión de Federación Asturiana de Concejos, al grito de “asesina, criminal y sinvergüenza”. Dice que los activistas la persiguieron durante más de una hora por las calles de Oviedo hasta que tuvo que pedir ayuda a la Policíapara poder entrar en un taxi. La parlamentaria asegura que es víctima, al igual que otros compañeros suyos de escaño, de un método consistente en perseguir a cargos públicos y acusarles de determinadas responsabilidades políticas conocidas como “escrache”. En una nota de prensa, la PAH explica que “en ningún momento ha coaccionado, acosado, insultado o amenazado”, que desconoce su domicilio y que, cuando se realizó el “escrache”, no iba acompañada de sus hijos. Sí reconoce que, en Asturias, han realizado dos “escarches” a la diputada, pero matiza que en ninguno de los dos iba acompañada de menores. La PAH explica que, con su campaña, sólo pretende “informar” a los diputados que han dicho que votarán que no a la iniciativa legislativa popular (ILP) de la realidad diaria a la que se enfrentan los miles de afectados por los desahucios ilegales. “Entendemos que, con la presentación de la ILP, hemos agotado todas las vías posibles para modificar la ley hipotecaria y dado que los diputados no responden a nuestras cartas ni acuden a nuestra llamada al diálogo, nos vemos obligados a ir a explicárselo allá donde se encuentren”.
Luis Losada, subdirector de La Gaceta de los Negocios, “amenaza” a Ada Colau con “publicar su dirección en Barcelona”, que, según dice, le ha “pasado” un amigo. La razón aludida es que está molesto porque miembros de la PAH se manifestaron delante del domicilio del ‘popular’ Esteban González Pons “para dialogar con él y para que conozca la realidad de la calle”. Losada declara que la izquierda española está copiando los actos de repudio del castrismo. “Cientos de violentos rodean tu casa y te amenazan a ti y a tu familia. Allí, la Policía mira para otro lado”, añade el periodista de Intereconomía. La diferencia, según Elplural.com, es que la PAH actúa, en España, bajo las normas de la democracia y “la izquierda española” no es que copie los “actos de repudio” de Cuba contra los disidentes, sino que simplemente se manifiesta, porque hace uso de su derecho constitucional. “Además, lo hace para defender a miles de españoles que sufren un estado de indefensión ante la justicia. El hecho es que ha tenido que intervenir el Tribunal Europeo para parar los desahucios. El indefenso y ‘acosado’, aquí no es el político, sino el ciudadano, que no sabe ya a dónde ni a quién mirar, en medio de un estado de corrupción extendida entre la clase política”. Losada insiste: “El derecho de manifestación tiene que ser compatible con el derecho a la privacidad y a la intimidad personal y familiar”. Elplural.com recuerda que, en 2011, cuando a González Pons le convenía, era un político que no veía la expresión libre de los ciudadanos como “un acoso”, sino que todo lo contrario y llamó al pueblo español, como hacía el egipcio, a salir a la calle a manifestarse. Y Losada termina confesando que un amigo le pasó la dirección de Ada Colau, en Barcelona. “Seguro que muchos quieren hacerle una visita. Pero no la publicaré. Es su intimidad. Y tiene tanto derecho a ella como González Pons”.
Malvar prosigue: “Cuando Cristina Cifuentes dice de Ada Colau que es de la ETA, no es comparable, por ejemplo, a que dijera yo aquí que a Cifuentes solo le falta dejarse bigote para escribir Mein Kampfy ponerse a incinerar judíos o, en el caso concreto que nos ocupa, darle vuelta y vuelta en la barbacoa a un par de desahuciados. Si yo dijera eso, podría ser llevado ante los tribunales de nuestra independiente justicia y ser castigado a pagarle el tinte de rubia a la Cifuentes durante los próximos 30 años. Pero cuando se dicen verdades tan incontestables como la expresada por Cifuentes, de que Colau es simpatizante de la ETA, presenta tal cantidad de pruebas irrefutables que no ha lugar a la participación de la ciega (…) La valentía de Cifuentes a la hora de denunciar la filiación etarra no solo de Ada Colau, sino también de todos los miembros de la PAH, únicamente tiene parangón, en nuestro pasado reciente, con la gran audacia de Aznar, que arriesgó su propia vida invadiendo Irak mientras apoyaba los pies en la mesa de cristal de uno de los más sanguinarios presidentes de la historia de los EEUU. Ahí se ve dónde hay cojones. Eso un tío sin arrojo no lo haría ni borracho. La PAH debería ser rebautizada como Ada Ta Askatasuna tras estas esclarecedoras y bellas palabras de Cifuentes, que siempre dice verdades tan grandes como los puños de los policías que envía a machacar los labios del pueblo cada vez que el pueblo intenta abrir la boca en la calle para demandar sus imaginarios derechos. Para que después a alguien se le ocurra decir que las rubias sois tontas, Cris, o sea. No cejes, que’jpaña te necesita”.
“A través del equinoccio –escribe Cive Pérez en Carnet de Paro–, la Naturaleza nos ofrece una lección: todo fluye, y entre las probabilidades del flujo, también el estado de igualdad es posible. El final de los tiempos del despido libre, de bajada de salarios y pensiones, llegará cuando el miedo cambie de bando. El primer paso consiste en desahuciar al miedo de nuestras mentes (…) En esa guerra, la patronal sí está activa y permanentemente movilizada, como demuestra la política del partido que representa sus intereses, el Partido Popular. Millones de trabajadores que confiaron incautamente su voto a este partido ahora ven con desolación el resultado: bajada de salarios, descenso brutal de las pensiones y leyes que otorgan barra libre al empresario para despedir sin indemnización.'Alfon' Fernández, el joven madrileño que estuvo encarcelado casi dos meses tras su detención durante la jornada de huelga del 14-N, declaró muy convencido que: ‘El miedo va a cambiar de bando’. Pero para que eso suceda, para que el miedo cambie de bando, el primer paso consiste en echarlo de nuestra casa. Desahuciar al miedo de nuestra mente. Será entonces, cuando el miedo, miedoso por definición genética, buscará el modo de conseguir alojamiento en otro lado. Mientras nosotros, liberados de su opresiva presencia, podremos imaginar nuevas vías de atacar a la clase propietaria”.
“Con la ingenuidad que nos caracteriza –escribe Juan Carlos Escudier en un artículo titulado ‘Cómo distinguir un escrache real de uno falso’, editado en Público.es– habíamos pensado que el ‘escrache’ no dejaba de ser una forma de protesta que consistía en acudir al domicilio de un responsable político o de un empresario, llamar su atención con la percusión de unos cazos o de la gama completa de Magefesa y, ya puestos, cantarle las cuarenta a capela (…) Ha venido a sacarnos del error, entre otros, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, mujer informada y comedida, que ha corrido a advertirnos de que los activistas antidesahucios que han alterado la tranquilidad de varios diputados del PP son, en realidad, ‘borrokas’ disfrazados, de igual manera que los dos jóvenes con bufandas del Real Madrid que hace año y medio irrumpieron en el portal de Esperanza Aguirre completamente cocidos y se mearon en las petunias presidenciales, eran aviesos perroflautas que pretendían dar un golpe de estado autonómico con nocturnidad y toda la alevosía que proporciona llevar una tajada como un piano. En auxilio de Cifuentes, han llegado al galope algunos de sus opinadores de cabecera, que no han tardado en comparar estos ‘escraches’ con el fascismo o con el marcaje que se hacía a los judíos cuando se les cosía en el abrigo la cruz de David. En resumidas cuentas, los antidesahucios no son manifestantes que quizás se excedan en su protesta sino filoetarras, fascistas, nazis, antisistema y, posiblemente, independentistas, que eso ya es el acabose.
Pep Roig nos presenta: Nuevo proyecto de ley, ideas sueltas, la incompetente cloaca, la tranquilidad de la cloaca y España menguante.
La PAH se concentra en la estación de Atocha para intentar explicarles a los diputados que llegan a Madrid la situación de los ciudadanos desahuciados. La Policía interviene y detiene a dos activistas.
La delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, acusaba el lunes pasado a la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, de haber apoyado a Bildu, a Sortu y a otros grupos “proetarras” y de emprender una “estrategia política radical” a partir del movimiento antidesahucios.
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, afirma que las palabras de Cristina Cifuentes son “una intoxicación y una inmoralidad”.
Terminamos ya con la melodía de este artista callejero que nos demuestra que en la calle se puede encontrar de todo.