Griesa ya había acogido previamente los reclamos de los fondos tenedores de bonos de la deuda argentina original defaulteada en 2001 con el argumento de la cláusula pari passu (igual tratamiento a todos los acreedores). Para cobrar, los buitres quisieron embargar hasta la casa de San Martín en Boulogne Sur Mer, Francia, pero hasta ahora nunca pudieron echar mano de los activos públicos argentinos, protegidos por tratados de inmunidad internacional en la mayoría de los países. Excepto, por ejemplo, en Ghana, donde un juzgado local retiene la Fragata Libertad, a pedido del fondo NML Capital, el mismo que ahora juega a forzar el default de Argentina a través del tribunal de Nueva York.
El escándalo esta vez es mayúsculo. Griesa no sólo ordenó a Argentina depositar en una cuenta custodia el total reclamado por los fondos especulativos antes del 15 de diciembre (fecha del próximo vencimiento para quienes entraron en el canje). Además, para que los buitres pudieran capturar a su presa, dispuso que el país no modificase la forma en que venía pagando a los bonistas del canje, y, lo más insólito, estableció que si la República no satisfacía a los holdouts demandantes, todos los intermediarios participantes en el pago a los “canjistas” serían cómplices de su incumplimiento. En esta bolsa, que Griesa no detalló, entrarían desde el Bank of New York Mellon, agente de pago de la deuda argentina, hasta los depositarios de los títulos, los bancos donde los bonistas cobran sus acreencias, los propios bonistas, y el sistema de clearing bancario y electrónico. Es decir, cualquiera que se contamine tocando la plata maldita que priva a los buitres de su alimento. Exagerado pero cierto. Esta decisión del octogenario juez, que por ahora quedó en suspenso, podría convertir a Nueva York, principal jurisdicción financiera internacional, en un tembladeral pantanoso donde cualquier cosa puede ocurrir, y precipitar la huida a otras plazas, como Reino Unido o Hong Kong, corazón financiero chino y angloparlante.
Por eso, Argentina no está sola en su lucha contra los chicos malos de las finanzas mundiales, sino que comparte su interés directo en frenar a los fondos buitre con pesos pesados de la Gran Manzana como el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el ya mencionado Bank of New York Mellon y los fondos de inversión, como Gramercy y Brevan Howard, que aceptaron el canje con fuertes quitas y extensión de plazos, y esperan cobrar el 15 de diciembre. Todos ellos presentaron sus quejas y pedidos al magistrado Griesa, sin éxito. Pero la segunda instancia los reconoció como partes interesadas y estiró los plazos, así que Argentina podrá realizar este pago tranquilamente y seguirá batallando todo el verano. La Corte Suprema de los Estados Unidos quedará como último recurso para resolver sobre la cuestión de fondo.
Todos quieren su tajada…
No hay que olvidar que el default soberano argentino, de 81,8 mil millones de dólares, fue el mayor de la historia, es decir que, aun con quitas, generó enormes honorarios y comisiones para multitudes de abogados, bancos, intermediarios y otras yerbas, principalmente localizados en la ciudad donde los zapatos de Frank Sinatra vagabundean bajo las estrellas. Esos agentes no están dispuestos a sacrificar otras suculentas tajadas de las futuras reestructuraciones soberanas, varias de ellas inminentes, ni de las futuras emisiones de bonos internacionales para que los buitres tomen su parte. En este sentido, si la orden de Griesa, ahora suspendida, quedara firme, los fondos especulativos obtendrían una victoria pírrica que dañaría seriamente la confianza en la seguridad de la jurisdicción neoyorquina. Este es uno de los argumentos de la apelación presentada por el gobierno argentino, apoyado incluso por medios conservadores y pro-financistas, como el Financial Times, y hasta, como dijimos, por la Reserva Federal de Nueva York. Aunque todos ellos vociferen contra las políticas de mayor autodeterminación de la Argentina y de otros países del Cono Sur…
Por otra parte, el gobierno argentino no puede negociar con los holdouts a menos que el Congreso, que ya entra en receso veraniego, modifique la llamada ley cerrojo, que no permite reabrir el canje de los bonos defaulteados ni realizar cualquier tipo de transacción judicial o extrajudicial respecto de los que no se presentaron al canje. El objetivo de esa cláusula, además de acotar el plazo de dicha operación, fue, justamente, cerrar el paso a los fondos buitre, que practican la usura –no sería mala idea impulsar un tratado internacional para prevenirla– y pretenden beneficiarse individualmente del esfuerzo colectivo al que nunca contribuyeron, sino todo lo contrario.
Argentina pudo crecer porque logró reestructurar su deuda heredada de las dos dictaduras, la militar y la de los mercados, y desprenderse de esta última. Las deudas en divisas (dólares, euros, yenes, libras esterlinas, etc.) sujetas, por ende, a jurisdicciones extranjeras, se fueron reduciendo, así como los montos de moneda externa requeridos para atenderlas. El crecimiento económico se financió con ahorro interno, en un círculo virtuoso. Es sabido que los países no quiebran en su propia moneda, de modo que sustituir deuda externa por la del mercado doméstico, como ha hecho Argentina, es sumamente estabilizador. Pero, como en las películas de zombies, afloran manos de mundos oscuros que pretenden sujetar a la República para volver a sumergirla en las pesadillas del default y la desesperanza.