Ciego, sordo y mudo ha permanecido el Banco de España ante los reiterados abusos y las evidentes malas prácticas de los bancos de este país, así que si en algún momento el “supervisor” ha defendido el interés de alguien en esta crisis ha sido sobre todo el de los propios bancos. En ese contexto, si hay un caso especialmente sangrante por el coste que ha supuesto para los españoles es el de la salida a Bolsa de Bankia, autorizada por el “supervisor” y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a pesar de los informes en contra de los inspectores del Banco de España advirtiendo de que la operación no era viable.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el ex gobernador del “supervisor bancario” que una semana sí y otro también nos sermoneaba sobre contención salarial y reformas del mercado de trabajo, tendrá que responder como imputado junto a la cúpula que le acompañaba al frente del Banco de España y al ex presidente de la CNMV. Estamos expectantes por conocer cómo justifican todos ellos que desoyeran las advertencias reiteradas y contundentes del riesgo que suponía permitir que cotizara un gigante con pies de barro como el Banco Financiero de Ahorros, la matriz de Bankia, con un pasivo de más de 21.000 millones de euros que hemos terminado pagando los españoles y los accionistas con la pérdida de valor de sus títulos en cuanto se descubrió el falseamiento de las cuentas.
Todos los indicios apuntan a que la autorización de la salida a Bolsa de Bankia despreció los criterios técnicos – que debieron haber sido los que primaran – y se sustentó en criterios políticos. En el Gobierno de Zapatero había una imperiosa necesidad de hacer creer a los mercados que España tenía un sistema financiero a prueba de bombas hasta el punto de permitirse el lujo de fusionar un buen número de cajas y crear con ellas un banco capaz de competir en el mercado bursátil. De otro lado, con Rato convertido en el hombre de moda entregarle un gran banco para que pudiera seguírselo llevando crudo a través de tarjetas de todos los colores era casi una obligación ineludible. ¿Qué importaba que unos inspectores pelmas dijeran que si Bankia salía a bolsa se terminarían nacionalizando sus pérdidas y las acabarían pagando todos los españoles, como en efecto ocurrió?
Estas son las consecuencias de designar a políticos con disfraz de economistas para dirigir instituciones de la importancia del Banco de España, responsable teórico de la estabilidad, la transparencia y las buenas prácticas del sistema financiero; o para encargarse de la Comisión del Mercado de Valores, el organismo dependiente del Ministerio de Economía que debe garantizar que los accionistas no tiran su dinero a la basura invirtiendo en empresas ruinosas. La decisión judicial de imputar a los responsables de que Bankia saliera a Bolsa debería servir para acometer una profunda reforma de dos organismos cuyo prestigio, que tampoco era ya muy brillante, ha quedado seriamente magullado. Ya es hora de acabar con la práctica de colocar el frente de instituciones clave como estas dos a meras correas de transmisión del partido en el gobierno y de los intereses privados. Esa es la única manera de que no volvamos a ver nunca más al Rato de turno tocando la campana en la Bolsa y a los españoles tocándonos el bolsillo y las narices.