Los ejemplos, por supuesto, son conocidos. En las últimas leyes relativas de compra y venta de automóviles y casas, las transacciones no requieren de la intervención de organismos y funcionarios estatales: solo las partes contratantes ante notario. El Estado queda lejos, haciendo lo que es usual en cualquier país: cobrar el impuesto. Recientemente, una reunión ampliada del Consejo de Ministro decidió reducir el servicio telefónico en los organismos estatales, para redistribuir líneas y aparatos en el sector residencial. (Desde luego, para quienes no vivan en Cuba ese detalle carece de importancia.) También barberos y peluqueras pasaron a la categoría de trabajadores por cuenta propia mediante el arriendo de locales e instrumentos.
La distribución de tierras, a pesar de las limitaciones del tiempo y el espacio del usufructo –trece hectáreas por diez años renovables, y que necesariamente no demorarán en ser ampliados-, es también una reducción del predominio estatal en la agricultura y, en cambio, significa acrecentar, más bien refundar, un campesinado envejecido y disminuido por el éxodo familiar hacia las ciudades. La tierra, por supuesto, pertenecerá a la nación representada por el Estado. De qué otra manera se podría evitar la geofagia, las cercas corridas, los litigios por linderos y las muertes que desde 1550 hasta 1959 marcaron con sus cruces los campos cubanos. La Constitución de 1940 proscribía el latifundio. Sin embargo, no lo impidió. Los gobiernos posteriores, que desde los Estados Unidos son a veces elogiados por su ejecutividad y limpieza, nunca promovieron las leyes que harían efectiva la prohibición de que, como dijo Lino Novás Calvo en Bohemia, falsas herencias litigaran ante jueces venales para multiplicar el mapa del archipiélago a costa del conuco campesino en zonas realengas. Cuántos geófagos poderosos, incluso empresas norteamericanas, escribía Novás Calvo en 1948, alegaban derechos sobre las mismas áreas. El censo agrícola de 1946 reveló que las fincas más extensas –el 1,4 por ciento del total de fincas– ocupaban el 47 por ciento de todas las tierras explotables.
Regresando al principio, comprendo que cubanos residentes en el exterior duden de la verdad y la sinceridad de esa política. Su visión sobre Cuba padece de astigmatismo por la frustración de no haber podido reinstalar el viejo estado capitalista y por la influencia distorsionadora de algunos medios informativos. Pero a ciertos cubanos del archipiélago tampoco les agrada la idea de desbrozar y agrandar el espacio de los individuos: parecen que los más pierden la sensación de seguridad social y otros, enquistados en las nóminas de la burocracia, temen la quiebra de sus intereses. La pregunta más recurrente clava en las paredes la sospecha de que pueda hacerse el socialismo con menos intervención estatal. La raíz de ese pensamiento radica en que la experiencia soviética se encapsuló en la ideología predominante en Cuba. Y parece que nada podría sobrevivir sin ese aparato absolutista de un Estado cuya naturaleza no socializa efectivamente la propiedad, sino la administra, según el marxista mexicano Sánchez Vázquez, mediante una estructura postcapitalista.
A través de la web, incluso, la sangre parece llegar al río. Algunos teóricos cubanos y extranjeros acusan al Gobierno de apartarse del marxismo. Y, más marxistas que Marx, que confesaba no serlo, proponen discurrir por el “camino correcto” mediante la entrega total de los medios de producción a los trabajadores en ejercicio de autogestión, también sellado con el fracaso en el experimento yugoslavo hace tanto tiempo que no se recuerda.
Quizás ese fuera el alegrón más febril de la Casa Blanca y el exilio intransigente. Porque qué harían los trabajadores cubanos con entidades ineficientes, casi en bancarrota y sin saber emplearlas como empresarios y sin antecedentes positivos de donde tomar lecciones. ¿No parece que la teoría, cuando se aparta de las circunstancias políticas y materiales de cualquier sociedad, suele presentar el rostro más fiero y cerril del extremismo de izquierda o de derecha?
A pesar de toda la crítica oficial a errores y tendencias relacionados con un Estado sumamente centralizado y responsable de toda la actividad económica, social y política, recientemente leí, en el periódico Granma, la carta de un lector que insiste en la defensa del antiguo papel totalizador del Estado. Por mi parte, expreso otro punto de vista cuando se define una equivalencia maquinal entre estatalización y socialización de la propiedad.
La diferencia se advierte. En ciertos países capitalistas, hay propiedad estatal sobre los ferrocarriles o los hidrocarburos u otros sectores, y ello no supone una fórmula socialista. No creo que la solución para conseguir la plenitud del socialismo, toda la justicia, sea nuevamente la propuesta del Estado paternalista y controlador. La propiedad social, a mi entender, es aquella que convierte al obrero y al trabajador en copropietarios de los medios de producción. Copropietarios efectivos. Tanto como para que cada miembro de la colectividad laboral tenga espacio para labrarse el bienestar, sin regalos ni estafas. Y con voz y voto para decidir sobre el medio que le asegura la vida, sin que por ello deje de existir un consejo de dirección con poder empresarial. Tal vez lo más cercano a la perfección democrática y socialista fuera que la propia comunidad laboral eligiera o aprobara a sus jefes.
Esa, la reforma en la esfera empresarial, será una de las tareas más delicadas del Gobierno cubano. ¿Autonomía? ¿Participación de los trabajadores en las ganancias y la dirección, para ser copropietarios efectivos? ¿Independencia del sindicato con respeto a la dirección? Lo que ocurra en el porvenir equivaldrá a la total confirmación de que los cambios de concepto y estructuras anunciados por el Presidente Raúl Castro, responden a un propósito cuya finalidad es edificar una sociedad racionalmente equilibrada donde el papel del Estado se fortalezca al ocuparse solo de lo esencial o estratégico, como guardián de la justicia social y preservador de la independencia. Claro, no esperen lo único que no pueden esperar: que pongan en riesgo las aspiraciones hacia un socialismo por redescubrir o reinventar.