Hasta el 14 de diciembre se extenderá la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) inauguró el lunes pasado en Dubai, y que constituye una nueva amenaza contra la libertad de expresión según Google y sus propaladores, por ejemplo nuestros La Nación y Clarín. Por si cupiera alguna duda, ayer martes el primer periódico difundió la palabra de Vinton Cerf, evangelizador de Google (que también escribe para el New York Times). Siempre atento a sus propios intereses, el segundo diario prefirió publicar un artículo de la senadora María Eugenia Estenssoro que califica el encuentro en los Emiratos Árabes como “otro 7D tanto o más trascendente que el día que simboliza la batalla del Gobierno contra el Grupo Clarín”.
El célebre buscador explica aquí “qué está en juego” en esta cumbre: en pocas palabras, “un mundo libre y abierto (que) depende de una Web libre y abierta” (vaya simplificación). Asimismo, la brevísima presentación online explica que “algunos gobiernos quieren aprovechar reuniones a puerta cerrada para autorizar la censura y regular la Web”, y recuerda que “Internet es libre: ningún gobierno, usuario u organización la controla”.
En al menos una, dos, tres, cuatro, cinco ocasiones, Espectadores se permitió cuestionar la pretendida libertad de Internet o, dicho de otro modo, la proclamada ausencia de manos que la modelan/moldean o la supuesta aplicación de la doble consigna liberal “laissez faire, laissez passer”. Desde este punto de vista, la campaña liderada por Google contra la convocatoria de la UIT (que, atención, es agencia subsidiaria de la ONU) sorprende tan poco como la generalizada cobertura parcial de los medios.
Para botón de muestra, basta la escasa difusión acordada a la gacetilla de prensa que la entidad internacional también publicó ayer martes. El título “La Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales afirma el derecho a la libertad de información online” y el copete “Los delegados enfatizan la preeminencia de los tratados de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos” deberían llamar la atención de los periodistas realmente interesados en contextualizar la denuncia sobre el espíritu totalitario del encuentro.
Prosigamos con la lectura de algunos párrafos de la gacetilla (escrita en inglés):
Los delegados da la segunda sesión del Plenario de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales apoyaron con contundencia la importancia del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma el derecho de todas las personas a la libre opinión y expresión -incluido el derecho a sostener opiniones sin ninguna interferencia- y a buscar, recibir, impartir información e ideas a través de cualquier medio y sin importar fronteras. La CMTI’12 se lleva adelante para renegociar las Regulaciones de Telecomunicaciones Internacionales (RTIs), tratado global que facilita la interconexión e interoperabilidad mundial de los servicios de información y comunicación, y que contiene principios generales destinados a asegurar el libre flujo de información en todo el planeta y a promover un acceso económico y equitativo para todos. La delegación de Túnez propuso incluir en el primer artículo del nuevo documento el objetivo de proteger la libertad de expresión y la aclaración específica de que “los mismos derechos que las personas tienen offline deben ser protegidos online”.
En medio de un encendido debate sobre este tema, Túnez recordó la serie de eventos recientes ocurridos en distintas regiones del mundo, que interrumpieron las telecomunicaciones internacionales en contra del reconocimiento formal de las mencionadas libertades. Dados semejantes antecedentes, la delegación en cuestión insistió en la necesidad de que la CMTI’ 12 envíe una señal contundente en este sentido.
El mismo Secretario General de la UTI, Hamadoun I. Touré, se pronunció al respecto en el discurso de apertura del lunes 3 de diciembre: “Uno de los mitos más persistentes [sobre la CMTI'12] compromete la libertad de expresión, y sugiere que esta conferencia de alguna manera busca restringir el libre flujo de información. Sin embargo, en el Artículo 33 de la Constitución de la UTI, los Estados miembro reconocen este derecho público internacional que ningún otro artículo de nuestra Constitución ni las RITs pueden contravenir”.
Por teleconferencia el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, también fue claro en cuanto a la necesidad de asegurar la libre expresión. “La Primavera Árabe ilustró el poder de las TICs como herramientas que la gente utiliza para expresar sus legítimos reclamos por los Derechos Humanos. La administración de tecnologías de información y comunicación debe ser transparente, democrática e inclusiva para todos… La ONU respalda el objetivo de una Internet abierta y recuerda que las libertades de opinión y expresión, enmarcadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, no son negociables”.
En su denuncia corporativa, Google sostiene que “en la UIT sólo están representados los gobiernos, incluidos aquéllos que no están a favor de la libertad y la independencia de Internet. Los ingenieros, las empresas y los usuarios que forman la Web no están representados”. Sin embargo, en esta página institucional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones se presenta como “organización donde los sectores público y privado están asociados desde su creación”: de hecho la conforman 193 países miembro y alrededor de setecientas entidades del sector privado.
En esta otra página la UIT también explica que, el 11 de julio de 2012, su Consejo decidió abrir el borrador del proyecto del futuro Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales (RTI) al público general y crear una página web igualmente accesible para que “todas las partes interesadas pudieran expresar sus puntos de vista y opiniones acerca del contenido del citado documento o de cualquier otro asunto relacionado con la CMTI”.
Entre toda la información que omiten, Google y sus propaladores no cuentan que el actual RTI tiene su génesis en el reglamento del servicio telegráfico de 1865 y en los reglamentos telegráfico y telefónico de 1932. Tampoco explican que la versión actual data de 1988, cuando Internet apenas asomaba en el horizonte comunicacional, ni que la conferencia en Dubai pretende actualizarlo habida cuenta de la revolución digital registrada en las últimas décadas.
En este interesante artículo, el especialista cubano en TICs Juan Alfonso Fernández González recuerda la existencia de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN por sus siglas en inglés), que desde los Estados Unidos coordina los identificadores de las direcciones web, función que contribuye a restringir accesos y a denunciar contenidos críticos (recordemos el caso de Wikileaks). Dada esta realidad, sería interesante conocer la postura de este país miembro en los Emiratos Árabes.
Quién hubiera dicho que Google también evangeliza a nuestros senadores.