Por Iris Alandia, responsable de Global Humanitaria Bolivia.
En Bolivia, en los últimos años, la producción de alimentos genéticamente modificados (transgénicos) se extendió a otros rubros además de la soja, como la caña de azúcar, el arroz, el algodón y el maíz. Estos cultivos que desde el oriente boliviano (especialmente Santa Cruz) aportaban seguridad y soberanía alimentaria al país, están siendo desplazados principalmente por la soja transgénica. Según un informe de la fundación Milenio, existen 780.000 hectáreas con soja de este tipo, lo que equivale al 88 por ciento de la superficie total cultivada en Santa Cruz.
La revista rural El Conosur Ñawpaqman de CENDA, afirma: “El crecimiento de los cultivos transgénicos se multiplicó en los últimos años, no sólo con la permisividad del gobierno, sino con políticas que benefician a los grandes empresarios que en desmedro de los pequeños tienen el control total de la semilla, el negocio de las tierras, los créditos, los insumos y agroquímicos”.
Por otro lado, en una entrevista a Sara Crespo de PROBIOMA (Proyectos de la Unidad de Biodiversidad de Productividad Biosfera y Medio Ambiente), citada por la misma revista, menciona que el monocultivo de la soja transgénica mantiene la lógica extractivista porque son las semillas que se extraen y venden como materias primas en el mercado internacional y por ende afecta a los recursos naturales y la seguridad alimentaria de la población boliviana. “Asociar la seguridad alimentaria con el uso de la soja transgénica es un discurso totalmente vacío porque más del 90 por ciento de la producción no es para Bolivia”, afirmó la especialista.
A pesar de que en Bolivia la legislación nacional se orienta hacia la prohibición de la producción, importación, distribución y comercialización de transgénicos, la realidad es bastante diferente a lo que establecen las normas. Es un tema polémico, que sintetiza una de las de las mayores contradicciones del proyecto político del MAS, fuerza política gobernante del país.
Por un lado, la constitución política del Estado, en su artículo 408 establecía: “se prohíbe la producción, importación y comercialización de transgénicos”, pero posteriormente, en base a acuerdos políticos, esto se modificó mediante el artículo 409, que establece: “la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley”. En la actualidad la soja es el único producto con autorización legal para su producción transgénica, sin embargo, se conoce que existen otros transgénicos sembrados en territorio nacional.
Si bien se ha realizado avances a nivel normativo aún no han logrado asegurar y garantizar que los ecosistemas y el medioambiente estén libres de alteraciones y contaminación, tampoco han permitido resguardar nuestro material genético generado en miles de años por las y los productores indígenas y campesinos, y por ende, proteger la seguridad alimentaria de la población.
Ciertamente, no se trata estrictamente de hacer cumplir las normas, sino de la voluntad política para hacerlo y para impulsar verdaderamente los sistemas comunitarios indígenas y campesinos mediante el desarrollo de capacidades locales, el fortalecimiento de mercados locales para su producción y políticas claras de fomento de la investigación y revalorización de saberes ancestrales.
Bien conocemos que detrás de los transgénicos hay todo un modelo (capitalista) de agricultura y desarrollo, que involucra monocultivos, deforestación, uso indiscriminado de agroquímicos, dependencia de transnacionales donde se prioriza la ganancia económica y presión del mercado internacional, por lo que, mientras se admitan, va a ser muy difícil hablar de seguridad y soberanía alimentaria basada en un modelo de desarrollo de los pueblos que buscan alcanzar el “vivir bien”.