Las conclusiones, extrapolables a un sinnúmero de casos, son bien sencillas:
1) Se debe reducir tanto el número como la remuneración y prebendas de nuestros representantes públicos. La política es una vocación para una actividad temporal, no un oficio en el que sus profesionales cambién de puesto a puesto de libre designación, en absoluta ignorancia, numerosas veces, del cometido que han de desempeñar.
2) Se debe aplica el código penal de modo especialmente inflexible con quienes roban a todos los españoles. Tanto por meter descaradamente la mano en la caja, como por el encargo de obras faraónicas malgastando caudales públicos y con el único fin de percibir las comisiones correspondientes.
3) Ni el ministro, ni el presidente del gobierno, ni el yerno del rey, ni nadie, puede estar por encima de la legislación vigente. Las prosiones están hechas para albergar a los delincuentes, sea cual sea su condición o nivel económico y social. El Sr. Urdangarín, por poner un ejemplo, tiene todo el aspecto de haberse lucrado personalmente hasta límites insospechados, por ser yerno de Su Majestad; cuesta creer que su esposa estuviese en la más absoluta ignorancia, lo que representaría la pena correspondiente para Dª Cristina.
4) Urge un cambio de la ley electoral que da alas a las minorías separatistas y defiende el ascenso de los mediocres en las formaciones políticas mediante las listas cerradas. Una circunscripción única a nivel nacional y un serio recorte al número de funcionarios y políticos autonómicos, junto con la desaparición de las administraciones provinciales, son medidas urgentes para permitir la recuperación económica en la que los políticos han pasado a formar parte de la solución, para serlo del problema.