Dictadura de Venezuela, de la política a la delincuencia organizada
Los hechos en imágenes y documentos que muestran la realidad de Venezuela, prueban ante el mundo la perpetración diaria de delitos infraganti cometidos por el gobierno convertido en un grupo que actúa concertada y criminalmente con el propósito de obtener directo beneficio político, económico e impunidad. Este grupo, con Nicolás Maduro a la cabeza, con intervención externa y con el delito como principal mecanismo, tiene el control total del poder con incalculables beneficios económicos de la corrupción y el narcotráfico. La situación ha dejado de ser política porque “la dictadura de Venezuela es un grupo de delincuencia organizada”.
En algún momento, quizás desde su origen, pero ciertamente hace mucho tiempo, los actuales gobernantes de Venezuela dejaron de constituir una “organización política” y se convirtieron en un grupo de “crimen organizado”. Los partidos y organizaciones políticas son “entidades de interés publico que promueven la participación de los ciudadanos en la vida democrática de un estado”, sus fines son lícitos y su actividad es reglada por la ley en el marco de “estado de derecho”. En cambio, una organización criminal es un “grupo de más de tres personas que buscan alcanzar objetivos de riqueza, poder y hegemonía mediante la comisión de delitos”. La organización criminal se convierte en “crimen organizado” o “delincuencia organizada” cuando adquiere vínculos con el poder o es el poder para ser impune.Con estos sencillos conceptos de vigencia universal afirmados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), nadie puede dudar que la dictadura de Venezuela encabezada por Nicolás Maduro bajo intervención cubana, es un ente de delincuencia organizada, un grupo delictivo de crimen organizado, pues se trata de personas que utilizaron y utilizan el poder político para cometer infinidad de delitos que el mundo ve en tiempo real por la prensa internacional y las redes sociales. Estamos ante verdaderos con concursos delictivos, recurrentes, simultáneos e institucionalizados por el poder político de facto.La “Convención contra la delincuencia organizada transnacional” llamada “Convención de Palermo” y adoptada el año 2000, entró en vigor el 29 de septiembre de 2003, fue ratificada por Venezuela el 13 de mayo de 2002, por Cuba el 9 de febrero de 2007, por Bolivia el 10 de octubre de 2005, por Ecuador el 17 de septiembre de 2002, por Nicaragua el 9 de septiembre de 2002, y por mas de 150 estados. En su Anexo 1, Art. 2, “definiciones”, establece que “por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o mas personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material” (el poder político es el gran beneficio material directo pues sirve para que la organización delictiva funcione y para encubrir sus delitos).
Maduro y su castrochavismo -que mutó de ser un indicativo político a convertirse en una denominación criminal- han cometido y cometen delitos para enriquecerse ilegítimamente: con corrupción que va desde el cohecho activo y pasivo en las entidades publicas como PDVSA o sobornos en contratos de construcción como Odebrecht; malversación de recursos nacionales como la distribución de dineros e intercambios en Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Salvador; el destinar el petróleo venezolano en el caso de Petrocaribe; delitos económicos en contratos chinos, en emisión de bonos, deudas; contratos, lobbies, servicios de relaciones públicas, compras con sobreprecios de armamento innecesario; la destrucción de la economía y el patrimonio nacionales; atribuirse los derechos del pueblo; deuda externa indeterminada…Este grupo de delincuencia organizada perpetra delitos contra la integridad de las personas, asesinatos, secuestros, encarcelamientos ilegales, acusaciones falsas atribuyendo sus propios delitos a sus víctimas a quienes encarcela u obliga al exilio; grupos armados irregulares con los que aterroriza a la población; destruido organizaciones políticas; planeado y ejecutado delitos de falsedad material e ideológica; suplantación y fraude electoral; viola la libertad de prensa y la libertad de expresión; confiscado bienes, usurpado propiedades, forzado ventas, simulado contratos y cometido todos los delitos de la legislación penal; ha convertido a Venezuela en el eje del tráfico de drogas transformando el país en un “narcoestado” con “cárteles” señalados internacionalmente integrados por miembros y figuras prominentes civiles y militares del gobierno (grupo de delincuencia organizada).La indicación de algunos delitos es solo enunciativa y no limitativa, pues parecería que no hay delito que el castrochavismo haya dejado de cometer en Venezuela. Su cita tiene el propósito de reiterar que se trata de delitos infraganti, muchos ya probados y casi todos encubiertos por el poder político que detenta el grupo de delincuencia organizada con el control del sistema de justicia reducido a solo un brazo del grupo criminal. El control de la justicia y la impunidad otorgan al castrochavismo la condición plena de “grupo delictivo organizado”, con el que el dictador Maduro que es en verdad solo un capo, busca detentar indefinidamente el poder para ser impune .La situación es aún mas peligrosa internacionalmente al constatar que el grupo delictivo del castrochavismo de Venezuela es solamente la principal operación del grupo transnacional organizado y liderado desde la dictadura de Cuba, con acciones similares en Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Rafael Correa (Moreno?), Nicaragua con Daniel Ortega, los Kirchner en Argentina y Lula Da Silva en Brasil, entre otros. Un grupo transnacional que convirtió la política en actividad criminal y los gobiernos en grupos de delincuencia organizada, con pruebas por todas partes. Creen que no pueden ser juzgados mientras están en el poder y lo retienen precisamente para continuar sus crímenes y tener impunidad.
Carlos Sánchez Berzaín - @CsanchezBerzain*Abogado yPolitólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
“Las imagenes que salen en la portada, no son de responsabilidad del autor del escrito”
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