Venezuela no puede caer en las dilaciones de falsos aliados mientras avanza el proceso judicial ante la CIJ. A nuestro juicio, lo mejor de nuestro razonamiento y pruebas jurídicas debe ser la respuesta en el escenario tribunalicio
- JOSÉ FÉLIX DÍAZ BERMÚDEZ
14/01/2024 05:00 am
La historia de la patriótica y justa reclamación de Venezuela sobre su territorio Esequibo que, con constancia y determinación, dignidad y talento venía realizando la República desde la independencia, alcanzó en el año de 1895, finalizando el agitado siglo XIX, dimensiones significativas.
Defendiendo con valor nuestro territorio, el 02 de enero de ese año, en el lugar donde confluyen el Cuyuní y el Yuruán, el general Domingo Antonio Sifontes venció a los invasores ingleses que se atrevieron a tomar el sitio de El Dorado.
Resultaba inaceptable la presencia extranjera en acto de amenaza e invasión en la margen derecha de aquel río inveteradamente nuestro. Con determinación y arrojo singular Sifontes actuó con soldados y civiles y logró desalojar al agresor británico.
Su acto sorprendió a gente del gobierno y de manera injusta se le obligó a indemnizar a los agresores, pero no obstante ese desconocimiento, su gesto viril y patriótico se correspondía con el más legítimo interés nacional.
Desde hacía décadas en la Venezuela de esa época, surgió y se afianzó un sentimiento de rechazo político, social, diplomático y jurídico en cuanto a la postura inglesa que desconocía conversaciones, solicitudes, compromisos que habían sido pactados como aquel del año 1850 cuando en Caracas, nuestro gobierno y el británico, había firmado el acuerdo de no: “ocupar ni usurpar el territorio disputado”, como lo ha hecho ahora sin escrúpulos su sucesora Guyana.
Por décadas, el silencio inglés se producía cada vez que Venezuela formulaba con bases suficientes sus argumentos sobre la legitimidad de sus derechos en ese sagrado territorio que alcanzaba hasta el Esequibo.
El acto de Sifontes que a simple vista pudo ser entendido como un acto aislado y temerario de un militar valiente, pero en realidad significaba el cumplimento de un deber ciudadano superior al que obligaba la razón, el patriotismo, el derecho, el honor y la dignidad venezolana.
La insólita penetración británica buscaba avanzar sobre nuestro territorio tergiversando hechos, mapas, realidades, con el objetivo de imponer su tesis de la: “administración necesaria”, absurda e ilegal, antihistórica, con la cual se materializaba un acto de fuerza y de despojo.
En el gobierno del presidente Crespo entonces insistió en proponer la influencia diplomática ante los Estados Unidos a fin de que se estableciese con el gobierno británico la posibilidad de un arbitraje. Ante nuestra solicitud y empeño, el presidente norteamericano Cleveland, exigió a los ingleses una respuesta concreta para la solución del delicado asunto.
Consecuente con esos intentos políticos y diplomáticos, el 17 de diciembre de 1895, sesenta y cinco años después de la muerte del Libertador, el insigne presidente norteamericano se quejaba de la postura británica al rechazar: “… los llamamientos hechos al sentido de magnanimidad y de justicia de una de las grandes potencias mundiales, en lo tocante a sus relaciones con otro país pequeño y comparativamente débil…”, y afirmaba: “Después de haber trabajado lentamente por muchos años tratando convencer a la Gran Bretaña de que accediese a someter tal disputa a arbitraje imparcial, convencidos finalmente que de que rehúsa hacerlo así, no nos resta aceptar tal situación y encararla tal como se presenta”.
De manera categórica concluyó: “constituirá el deber de los Estados Unidos, resistir por todos los medios a su alcance… la apropiación por parte de Gran Bretaña de cualesquiera territorios o el ejercicio de jurisdicción gubernamental sobre territorio alguno que… pertenezca de derecho a Venezuela”.
La negociación internacional no debe limitarse a evitarle un conflicto a Guyana y a permitir su consuetudinaria mala fe a la hora de conversar sobre nuestro reclamo. Venezuela, y su actual gobierno, no puede incurrir en el error, so pretexto de una pretendida unidad caribeña, de otorgar facilidades, celebrar negocios y permitir hechos y actos de sus funcionarios y terceros que afecten nuestros reclamos.
Venezuela no puede caer en las dilaciones de falsos aliados mientras avanza el proceso judicial ante la CIJ. A nuestro juicio, lo mejor de nuestro razonamiento y pruebas jurídicas debe ser la respuesta en el escenario tribunalicio corriendo el lapso pertinente.
La sapiencia de tantos juristas y diplomáticos ilustres, durante más de un siglo, aporta material suficiente y que debe dar resultados positivos afirmados en el legado de Fortique, Calcaño, Viso, Urbaneja, Rojas, Falcón Briceño e Irribarren Borges, entre otros, éstos últimos en los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoní, quienes fueron ejemplares en la lucha por nuestro Esequibo.
Esto significa una prueba más de verdadero patriotismo.
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