Ahora estamos viendo, en toda su crudeza, el gran error que cometieron, insisto, unos y otros -los que lo dejaron abierto y aceptaron la interpretación unilateral de la Constitución, primero, y los que fueron cediendo ante los nacionalismos por una cuota de poder, después y hasta hoy-, permitiendo que -sin prisa, pero sin pausa- poco a poco las transferencias de las competencias en el área de Educación -entonces, con mayúscula- fueran derivando hacia la “doctrina” que ya es, en interés de los sobrevenidos reyezuelos autonómicos. El efecto de "lluvia fina" ha acabado por calar hasta los huesos a esas nuevas generaciones que "aprenden" lo que se les “enseña”, mientras el Estado mira para otro lado, no se vayan a enfadar sus "socios", tan interesados como insaciables. Así, hemos visto, cómo la verdadera Historia de España -con mayúscula también- ha venido siendo sustituida en los últimos casi cuarenta años, sobre todo en Cataluña -aunque por desgracia, no sólo allí-, por una serie de cuentos y relatos de historietas sólo existentes en las mentes, deformantes primero, y deformadas después por ese adoctrinamiento sectario. Y digo que por desgracia no sólo en Cataluña porque con mayor o menor descaro o resonancia mediática está ocurriendo en Baleares, Valencia o Vascongadas e incluso en regiones que nunca tuvieron el menor sentimiento nacionalista, como mi querida Andalucía de la que salí por motivos académicos y profesionales hace ya más de cincuenta años, pero que visito con frecuencia y sigo su actualidad con enorme interés -leí hace unos días que se va a empezar a "impartir" allí la asignatura de "Memoria histórica", homenaje a la “creación” del innombrable y sectario Rodríguez, “maestro” del resentimiento, que podemos imaginarnos por dónde va a ir y la objetividad que habrá en su programa-.
Fruto, sin duda, de esa “siembra”, a medio y largo plazo, ha ido tomando “cuerpo” la interpretación unilateral -tan peregrina como retorcida- de la palabra “derecho”, por parte de unos pocos, que quieren anteponer su capricho al verdadero sentido de esa palabra que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es, entre muchas de sus acepciones, la “Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor o que el dueño de una cosa nos permite en ella”, anteponiendo ese hipotético “derecho a decidir” sobre su independencia, que se permiten exigir, a lo que recoge explícitamente y sin ambages el Art. 2 de nuestra Constitución que “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española…” que ellos, unilateralmente, insisto, quieren ignorar, en detrimento del derecho de todos los españoles -incluyendo el de la parte de catalanes, mayoritaria hasta ahora, que no quieren la separación de España. Ojo con el Valle de Arán, que también reclama su derecho- a decidir sobre una cuestión tan relevante y capital como sería la desmembración de un trozo del territorio nacional, tan de “propiedad” de un gallego o de un andaluz -por citar sólo dos toponimias- como del más arraigado catalán que queramos considerar. Y, frente a esta -como digo- retorcida y unilateral interpretación del supuesto “derecho a decidir” de una parte de los catalanes, se contrapone la otra palabra del título de mi artículo, la “obligación -y, añado- ineludible”, del Gobierno y las Instituciones del Estado, de impedirlo desde el marco legal que les ampara. De todo el marco legal, empezando por la propia Constitución Española, desde el Art. 8.1: “Las Fuerzas Armadas … tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional” hasta el, últimamente, tan controvertido Art. 155.1: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente el interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general” o viceversa, ya que la aplicación del Art. 155.1 no supone la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas -como hiciera en Octubre de 1934 el General Batet ante la declaración de independencia de Luís Companys- sino que sería suficiente con la intervención administrativa de Cataluña y la destitución del Gobierno de la Generalidad -que también olvida que no es otra cosa que la representación del Estado en la región, por “delegación” de éste-. En esa línea, la Vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo hace unos días que, ante la pretensión de los soberanistas catalanes -“no hay ningún poder que pueda frenar el voto”, avisó de nuevo un desafiante Puigdemont- de aprobar una ley que, en 48 horas, permita declarar la independencia, "al Estado le bastan 24 horas para recurrirla y obtener su paralización". ¿Está dispuesto este Gobierno -pese a la “tibieza” del PSOE- a actuar de manera contundente -aunque, a mi juicio, con demasiado retraso- al desafío creciente de esa minoría catalana? Lo veremos en no mucho tiempo, porque el 1 de Octubre, fecha anunciada para el inicio de la “rebelión” -una fecha, por cierto, que tiene su morbo porque, como los mayores recordarán, ese día se celebraba en toda España -Cataluña incluida- el “Día del Caudillo”-.
Dejo un par de enlaces por si alguno de mis lectores quiere ampliar con lo que ya opinaba al respecto hace unos años: sobre el derecho a decidir (19.11.2014) y sobre el artículo 155 de la Constitución (4.08.2015). Termino con una frase que escuché hace unos días a Ignacio Astarloa, el que fuera Subsecretario de Justicia y Secretario Estado de Seguridad en el segundo Gobierno de José Mª Aznar -Mayo de 2000 a Abril de 2004-, que creo que viene que ni pintada para nuestro Gobierno actual: “Cuando se incumple la ley, la solución no es reformar la ley, la solución es hacerla cumplir”