Ya están disponibles, por ejemplo, los documentos "Hacia una Nueva Legislación Laboral" de un grupo de expertos de la Universidad Adolfo Ibáñez y "Manifiesto Laboral" de la Fundación Sol. En tanto, en los próximos días conoceremos en detalle las propuestas del "Grupo RES Pública Chile".
Esas iniciativas reflejan el esfuerzo de distintos actores por visibilizar e impulsar reformas sustanciales que posibiliten generar empleo de calidad, aumentar la productividad, incrementar salarios, reducir la rotación y mejorar las relaciones laborales.
A pesar del trabajo realizado, y de los intentos por instalar un debate profundo, la idea de que la superación de la desigualdad entre hombres y mujeres requiere mirada de género –una que atraviese transversalmente el diseño y la implementación de las reformas laborales- no ha logrado instalarse. No al menos en las propuestas que hasta el momento conocemos.
Efectivamente, si bien en general se reconoce que reducir esa desigualdad es un desafío mayúsculo, que mantiene sistemáticamente rezagado a Chile en comparaciones internacionales, la situación y perspectivas de las mujeres aparecen sólo lateralmente tocadas.
Enfrentamos un gran desafío: participar en todos los debates, visibilizando que la desigualdad que afecta a las mujeres no logrará revertirse incluyendo uno o dos ítems aislados en la discusión. No se trata de una lista de supermercado, se está discutiendo una reforma laboral global.
En ese contexto, debemos ser capaces de mostrar que las reformas planteadas que dicen relación con los sindicatos, el ejercicio del derecho a huelga y la negociación colectiva por sí solas no apuntan ni garantizan mayor igualdad entre hombres y mujeres.
Para una proporción significativa de mujeres, obtener un trabajo remunerado es aún una carrera de obstáculos. Mientras tanto, una de cada cuatro de las que lo logra se declara auto-empleada (uno de cada siete entre los hombres declara lo mismo). Por último, 25% de ellas estaría trabajando en empresas con 50 o más trabajadores/as, al tiempo que 30% de ellos lo haría, de acuerdo con estadísticas elaboradas a partir de Casen 2011. Ello da cuenta de que las reformas propuestas, si bien son deseables, alcanzarían potencialmente a una menor proporción de mujeres que de hombres.
Si nos referimos a aquellos espacios donde el sindicalismo con mayor probabilidad podría jugar un rol importante (empresas medianas y grandes), actualmente solo 22% de los cargos directivos de los sindicatos en Chile están ocupados por mujeres (Encla 2011). Y todo indica que del otro lado de la mesa negociadora la situación es aún peor.
Efectivamente, la presencia de mujeres en cargos de toma de decisión en las grandes empresas no supera el 3% y en gremios empresariales no llega a 6%, según el estudio "Mujeres y Poder: Participación en espacios de decisión" de ICSO, UDP.
En suma, los esfuerzos de sistematización, análisis y propuestas hasta ahora difundidos deben complementarse. Se debe responder, entre otras preguntas: cómo incidirá sobre el empleo femenino, en su conjunto, el paquete de reformas en discusión; qué efectos tendrá sobre la informalidad (más alta entre las mujeres); cuál es su alcance en lo que refiere a empleados y empleadas de pequeñas y microempresas; y qué medidas se sugieren para compensar la sub-representación que tendrán las mujeres en las negociaciones, en las que se discutirá, por ejemplo, respecto de jornadas laborales, un tema especialmente sensible para ellas.
Por Andrea Bentancor, directora de Estudios ComunidadMujer Columna escrita para el Observatorio de Género y Equidad