Los responsables de la Sedronar analizan la decisión del gobierno de Mujica de iniciar una profunda reforma que, entre otros puntos, incluye la legalización de la venta del canabis y la regulación estatal de ese mercado.
Mientras nuestro país es escenario de la discusión sobre despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, del otro lado del río “de sueñera y de barro” los debates muestran una tonalidad de mayor amplitud cromática. A nuestra margen sólo han llegado los ecos de uno de los temas que allí se discuten: la legalización de la marihuana y la regulación estatal del nuevo mercado. Trataremos de echar algo de luz sobre el alcance real de la escena que se despliega en nuestro país hermano.
Recientemente se dio a conocer un documento titulado Estrategia por la vida y la convivencia. En sus veinte páginas se desarrolla un diagnóstico general sobre las causas que han llevado a la situación de desagregación social, y se presenta una estrategia de acción acorde, basada en tres ejes, para la recuperación del espacio y la vida en común. El texto focaliza el objeto central de la preocupación ciudadana: la violencia. Para el cambio social se debe vencer el miedo, gris amalgama contemporánea de las relaciones entre pares. Y para ello, el documento plantea tres respuestas operativas: el ejercicio de la autoridad como vehículo para hacer efectiva la protección de los derechos ciudadanos, la práctica de la reciprocidad –donde se vincula el pleno ejercicio de derechos con las obligaciones– y, por último, el desarrollo de la convivencia a partir de una profunda transformación de los valores sociales reinantes. Dentro de ese planteo global, uno de los primeros pasos que subraya el gobierno uruguayo radica en el ajuste de los instrumentos legales a las condiciones y los requerimientos del presente, atendiendo a la compleja dinámica social propia. De allí se plantea una secuencia de ocho ítems, entre ellos el agravamiento de penas para la corrupción policial y la reparación a las víctimas del delito. La legalización regulada y controlada de la marihuana constituye apenas el último de éstos. Como en aquellas salas de espejos de los parques de diversiones, vemos en sus debates fragmentos de nuestra propia imagen, sólo que distorsionada. Plantear que en Uruguay la reforma pasa únicamente por la legalización y la regulación de la marihuana implica, cuanto menos, deslucir un interesante estado de polémica. El momento es propicio para abrir el debate en toda su extensión, la hora señalada para tirar de la sábana que envuelve al fantasma. Para ser precisos con el alcance real de lo que en estos días sucede enfrente, debemos expresar que no se trata de leyes con estado parlamentario, ni siquiera de proyectos de ley. Nuestros vecinos han tenido la inteligencia necesaria para abrir el asunto en toda su extensión. En este sentido, y como en todo proceso de discusión, no se puede dar por cerrado el juego hasta que no se señala el centro del campo. Hay voces en todas direcciones: a favor de avanzar con la ley, en contra de su tratamiento, y con apoyos parciales y selectivos. Lo importante a nuestro juicio es que este tema, tan complejo y con múltiples determinaciones, sea discutido en profundidad y desde la perspectiva propia de nuestra región. La riqueza de este cuadro radica en el juego de pliegues que se da entre la particularidad de cada país y la dimensión múltiple y singular de los países vecinos. Esta doble perspectiva nos blinda contra uno de los peligros más frecuentes: transpolar los modelos desarrollados en contextos particulares a realidades cimentadas en su propia matriz social, cultural e institucional. Nuevamente entramos en el cuarto de espejos deformantes. Vemos en Uruguay un rostro similar al nuestro, sus rasgos nos son familiares. Sin embargo, las dimensiones que se reflejan no coinciden con las propias. Nuestros contornos exigen un trato singularizado, esto es, la construcción de las propias preguntas y las propias respuestas. Ahora bien, ¿cuáles son los rasgos comunes de este debate entre ambas orillas? En primer lugar, el consumo de cualquier sustancia psicotrópica y estupefaciente implica conflictos con la salud. Luego, la criminalización de los usuarios constituye, cuanto menos, un sinsentido. Asimismo, a más de cuatro décadas de la declaración de “la guerra a las drogas”, podemos concluir que las políticas prohibicionistas han generado más daño a los derechos que soluciones al problema. El segundo punto a considerar es la importancia que en ambas orillas damos a la centralidad de contar con un plan de asistencia integral de las adicciones. La discusión respecto del modo de regular la oferta y la demanda de un mercado no es tan relevante como la necesidad de plasmar una propuesta de alcance universal para todas las personas afectadas por un consumo problemático de drogas. Recordemos que en la patria de Artigas se está construyendo un programa de seguridad ciudadana centrado en la garantía del ejercicio de derechos y la erradicación de la violencia. Este programa no se limita a la legalización y regulación de la marihuana. En tercer término, debemos tomar en consideración que la regulación del Estado en cualquier campo de la vida social implica la asunción de costos. La intervención siempre requiere inversión. Se impone una pregunta: ¿adónde vamos a enfocar nuestros recursos, siempre limitados? No alcanza con querer hacer las cosas, es necesario precisar cómo hacerlas, sobre la base de evidencia empírica. A simple vista, sin querer ser precipitados, no parece sencillo regular un mercado de demanda constante y en crecimiento sin que aparezcan articulaciones paralelas que sigan sirviéndose de los reversos de dicha regulación. Entendemos este estado actual de debate como una realidad deseable y positiva. Dicho lo que antecede, y por lo que respecta a la Argentina, hay urgencias que no pueden esperar. En ambos lados del “charco”, tenemos un desafío impostergable y urgente: dar respuesta a los niños, niñas y jóvenes que se constituyen como víctimas del paco. Las condiciones de extrema vulnerabilidad social posibilitan y se potencian con la ingesta de ese veneno, cuyo daño excede cualquier descripción naturalista. Tal como plantean nuestros vecinos en el documento aquí comentado, debemos asumir el ejercicio de la autoridad para dar una respuesta firme (y definitiva, si somos aptos) a este flagelo. No podemos permitir sin más que nuestros pibes se consuman en pipas. Esto no es materia de ningún debate. Mg. Ignacio O´Donnell SEDRONAR Fuente Diario Perfil "Cambios de Paradigmas"