Lo tomo de ‘La Vanguardia’:
Este es el
contenido íntegro de la declaración de independencia en castellano. Consulta la
versión original en catalán al final del texto.
DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE
CATALUNYA
Al pueblo de Catalunya y a todos los
pueblos del mundo.
La justicia y los derechos humanos
individuales y colectivos intrínsecos, fundamentos irrenunciables que dan
sentido a la legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional de
Catalunya, son la base de la constitución de la República catalana.
La nación catalana, su lengua y su cultura
tienen mil años de historia. Durante siglos, Catalunya se ha dotado y ha
disfrutado de instituciones propias que han ejercido el autogobierno con
plenitud, con la Generalitat como máxima expresión de los derechos históricos
de Catalunya. El parlamentarismo ha sido, durante los períodos de libertad, la
columna sobre la que se han sustentado estas instituciones, se ha canalizado a
través de las Cortes Catalanas y y ha cristalizado en las Constituciones de
Catalunya.
Catalunya restaura hoy su plena soberanía,
perdida y largamente anhelada, tras décadas de intentar, honestamente y
lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península
ibérica.
Desde la aprobación de la Constitución
española de 1978, la política catalana ha tenido un papel clave con una actitud
ejemplar, leal y democrática para con España, y con un profundo sentido de
Estado.
El estado español ha respondido a esta
lealtad con la denegación del reconocimiento de Catalunya como nación; y ha
concedido una autonomía limitada, más administrativa que política y en proceso
de recentralización; un tratamiento económico profundamente injusto y una
discriminación lingüística y cultural.
El Estatuto de Autonomía, aprobado por el
Parlamento y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, debía ser el
nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre Catalunya y España.
Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia del Tribunal Constitucional
y que hace emerger nuevas reclamaciones ciudadanas.
Recogiendo las demandas de una gran
mayoría de ciudadanos de Catalunya, el Parlamento, el Gobierno y la sociedad
civil han pedido repetidamente acordar la celebración de un referéndum de autodeterminación.
Ante la constatación de que las
instituciones del Estado han rechazado toda negociación, han violentado el
principio de democracia y autonomía, y han ignorado los mecanismos legales
disponibles en la Constitución, la Generalitat de Catalunya ha convocado un
referéndum para el ejercicio del derecho a la autodeterminación reconocido en
el derecho internacional.
La organización y celebración del
referéndum ha comportado la suspensión del autogobierno de Catalunya y la
aplicación de facto del estado de excepción.
La brutal operación policial de carácter y
estilo militar orquestada por España contra ciudadanos catalanes ha vulnerado,
en muchas y repetidas ocasiones, sus libertades civiles y políticas y los
principios de los Derechos Humanos, y ha contravenido los acuerdos
internacionales firmados y ratificados por el Estado español.
Miles de personas, entre las que hay
cientos de cargos electos e institucionales y profesionales vinculados al
sector de la comunicación, la administración y la sociedad civil, han sido
investigadas, detenidas, querelladas, interrogadas y amenazadas con duras penas
de prisión.
Las instituciones españolas, que deberían
permanecer neutrales, proteger los derechos fundamentales y arbitrar ante del
conflicto político, se han convertido en parte e instrumento de estos ataques y
han dejado indefensa a la ciudadanía de Catalunya.
A pesar de la violencia y la represión
para intentar impedir la celebración de un proceso democrático y pacífico, los
ciudadanos de Catalunya han votado mayoritariamente a favor de la constitución
de la República catalana.
La constitución de la República catalana
se fundamenta en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la
convivencia de todos los ciudadanos de Catalunya y de avanzar hacia un Estado
de derecho y una democracia de más calidad, y responde al impedimento por parte
del estado español de hacer efectivo el derecho a la autodeterminación de los
pueblos.
El pueblo de Catalunya es amante del
derecho, y el respeto a la ley es y será una de las piedras angulares de la
República. El estado catalán acatará y hará cumplir legalmente todas las
disposiciones que conforman esta declaración y garantiza que la seguridad
jurídica y el mantenimiento de los acuerdos suscritos formará parte del
espíritu fundacional de la República catalana.
La constitución de la República es una
mano tendida al diálogo. Haciendo honor a la tradición catalana del pacto,
mantenemos nuestro compromiso con el acuerdo como forma de resolver los
conflictos políticos. Asimismo, reafirmamos nuestra fraternidad y solidaridad
con el resto de pueblos del mundo y, en especial, con aquellos con los que
compartimos lengua y cultura y la región euromediterránea en defensa de las
libertades individuales y colectivas.
La República catalana es una oportunidad
para corregir los actuales déficits democráticos y sociales y construir una
sociedad más próspera, más justa, más segura, más sostenible y más solidaria.
En virtud de todo lo que se acaba de
exponer, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Catalunya, en el
libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato
recibido de la ciudadanía de Catalunya,
CONSTITUIMOS la República catalana, como
Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.
DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley
de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
INICIAMOS el proceso constituyente,
democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.
AFIRMAMOS la voluntad de abrir
negociaciones con el estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a
establecer un régimen de colaboración en beneficio de ambas partes. Las
negociaciones deberán ser, necesariamente, en pie de igualdad.
PONEMOS EN CONOCIMIENTO de la comunidad
internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la
República catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español.
INSTAMOS a la comunidad internacional y
las autoridades de la Unión Europea a intervenir para detener la violación de
derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del proceso
negociador con el Estado español y ser testigos.
MANIFESTAMOS la voluntad de construcción
de un proyecto europeo que refuerce los derechos sociales y democráticos de la
ciudadanía, así como el compromiso de seguir aplicando, sin solución de
continuidad y de manera unilateral, las normas del ordenamiento jurídico de la
Unión Europea y las del ordenamiento de España y del autonómico catalán que
transponen esta normativa.
AFIRMAMOS que Catalunya tiene la voluntad
inequívoca de integrarse lo más rápidamente posible a la comunidad
internacional. El nuevo Estado se compromete a respetar las obligaciones
internacionales que se aplican actualmente en su territorio y continuar siendo
parte de los tratados internacionales de los que es parte el Reino de España.
APELAMOS a los Estados y las organizaciones
internacionales a reconocer la República catalana como Estado independiente y
soberano.
INSTAMOS al Govern de la Generalitat a
adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta
Declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de transitoriedad
jurídica y fundacional de la República.
HACEMOS un llamamiento a todos y cada uno
de los ciudadanos de la República catalana a hacernos dignos de la libertad que
nos hemos dado y construir un Estado que traduzca en acción y conducta las
inspiraciones colectivas.
Los legítimos representantes del pueblo de
Catalunya:
Barcelona, 10 de
octubre de 2017