Otra de las defensas del ciudadano frente a una posible corrupción y degradación del poder es el sistema de Justicia, que debe ser independiente y funcionar libremente, al margen de los demás poderes del Estado.
Pero esas garantías a veces no funcionan porque los poderes ejecutivos y, mas concretamente, los todopoderosos partidos políticos han logrado neutralizarlas, controlando la Justicia y sometiendo a control férreo a policías y militares, lo que deja al pueblo indefenso ante una posible degeneración del sistema y los desmanes de gobernantes injustos y egoístas, que anteponen sus propios intereses al interés general.
Si algo ha quedado claro en todo el mundo y, de manera especial, en países como Venezuela y algunas falsas democracias de América, África, Asia, Europa y el mundo árabe, entre ellas España, es que los controles que establecen las democracias para limitar el poder político han saltado por los aires y que esas falsas democracias se han convertido, realmente, en dictaduras camufladas que patrocinan la injusticia, amparan la corrupción, marginan e, incluso, aplastan a sus respectivos ciudadanos.
¿Deben, en esas circunstancias, las policías y ejércitos mantener la obediencia ciega al poder o deben colocarse del lado del pueblo, en vista de que el sistema ha sido trucado y ha quedado degradado?
De la respuesta a esa pregunta depende el futuro del mundo porque en el presente se está librando una verdadera guerra entre los ciudadanos y sus clases dirigentes, rechazadas, repudiadas y combatidas por unos ciudadanos que se sienten marginados, explotados y mal gobernados.
El caso de la Justicia es diferente, aunque mantiene similitudes con los de la policía y el ejército. La Justicia, si es capaz de ser justa, representa el mayor freno para los sinvergüenzas, corruptos y saqueadores, pero si está politizada y bajo control de los políticos, deja también de ser garantía del sistema para convertirse en mecanismo de opresión y de tiranía.
Las lealtades tienen que ser revisadas y deben surgir en el seno de los ejércitos, de las fuerzas de seguridad y de la Justicia procesos de reflexión que les lleve a discernir sobre el gran dilema: si defienden a gobernantes que, por haber sido elegidos en las urnas, se consideran legítimos, a pesar de que violan las reglas del juego y, con sus gobiernos, llenan de oprobio a la nación, o si se colocan del lado de la ciudadanía sufriente, convencidos de que el sistema ha sido violado y que los derechos fundamentales del ciudadano han dejado de respetarse.
Es un debate fascinante y difícil que va a durar todo este siglo, en el que gobiernos poco democráticos y pueblos oprimidos y descontentos van a enfrentarse de manera constante. Su resultado tiene mucho que ver con la concepción que se tenga de la democracia. Si se considera, como quieren la mayoría de los políticos en el poder, que democracia sea la elección de gobiernos en las urnas y poco mas, entonces es explicable (aunque no justificable) que la lealtad de los policías y militares se mantenga al lado de la autoridad, pero si se cree que la democracia es mucho mas que un sistema de elección de gobernantes, todo un sistema que garantiza la Justicia, la igualdad de oportunidades, la vigencia de los valores y la convivencia pacífica, y que también existen reglas inviolables que generalmente se violan, como son el respeto al ciudadano, la separación de los poderes y la independencia de la Justicia, entonces la lealtad de esas fuerzas de seguridad, incluido el Ejército, sin las cuales los gobiernos inicuos no podrían sostenerse, debe colocarse del lado de la democracia y de la ciudadanía maltratada.
El cambio de lealtad de la policía y el ejército suele ser decisivo e inclina la balanza de un lado u otro. En Egipto, Túnez y Ucrania esas fuerzas se pusieron al lado del pueblo que protestaba, pero no ocurrió así en Siria, ni en Grecia.