¿Se pudre/ la mano metida en la razón?Se sufre
aquí./De los muertos se levanta /un párpado, un agui-
jón, una pregunta/ en su nueva batalla. Los vivos
están untados/ de espanto…
Juan Gelman
Situación actual
En unos momentos de especial crudeza para la ciudadanía palentina, con un incremento sustancial del desempleo, que supera en la ciudad de Palencia las 7000 personas, todas las decisiones políticas deberían ir orientadas a la generación de empleo. En cambio, los problemas en las administraciones públicas, derivados de la crisis económica y sus responsables, junto con la modificación constitucional para priorizar el déficit público por encima de cualquier necesidad ciudadana (llámese educación, sanidad, servicios sociales), han desviado la dinámica política municipal hacia otros ámbitos que no son los que preocupan y ocupan a la ciudadanía.
Antes de entrar a debate sobre tasas e impuestos, tendríamos que tener presente cuáles son las competencias municipales y cuáles de estas son competencias impropias, que el Ayuntamiento se ve obligado a proporcionar ante la dejación de funciones de la Junta de Castilla y León o el Gobierno de España. No es lógico que los Ayuntamientos sigan sin tener una adecuada financiación municipal, como administración más próxima a la ciudadanía tendría que disponer del 35% de financiación para las políticas municipales oportunas.
A nadie se le escapa que las subidas de las tasas se ha producido por encima del incremento del precio de la vida, han desaparecido determinados abonos, se ha incrementado la zona azul, … El IPC va por un lado y el Ayuntamiento de Palencia de la mano del partido popular va por otro, incrementando los precios de las tasas hasta intentar que desaparezca el “déficit”.
Criterios para establecer el coste de los servicios municipales
Algunos servicios públicos son imprescindibles y se tienen que proporcionar a la gente aunque no sean rentables económicamente, sí lo son desde el punto de vista social, medio-ambiental, … Lo que el partido popular busca con este proceso de incremento de tasas y disminución de los servicios públicos y que estos dejen de prestarse dignamente y desincentivar su uso. Eliminar el fin social de los servicios públicos que pasan a ser prestados por empresas privadas en caso de ser rentables. Lo público se queda para una minoría lo cual disminuye la calidad de dicho servicio en gran medida. Se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias teniendo en cuenta solamente los criterios económicos, hay otros criterios que tendrían que aparecer:
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No es lo mismo tener a tu hija matriculada en una escuela infantil municipal o utilizar el transporte público, que pagar una determinada tasa por jugar al golf, o que se amplíen las zonas azules y se incremente el precio de las mismas. Hay servicios públicos que son básicos y esenciales para mejorar la vida de la ciudadanía.
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De qué manera llevas a término dicho incremento: puedes incrementar el precio del impuesto de los vehículos que contaminan más, gravar más las viviendas vacías mediante el cobro de un Impuesto de bienes inmuebles mayor, cobrar las tasas en función de las rentas de la gente, … Los impuestos no son de izquierdas ni de derechas, es según a quiénes gravas con ellos y en qué medida, cuando se puede discernir si estos van orientados al 1% o al 99% de la población.
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Más que de rentabilidad económica los poderes públicos se tienen que ocupar de la rentabilidad social y hacer políticas que no dificulten la utilización de un servicio público por parte de la ciudadanía, sobre todo de aquella que dispone de menos recursos. La política debe buscar proteger determinadas actividades, valores y actitudes entre la ciudadanía.
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Hay que repercutir los problemas económicos del Ayuntamiento sobre quienes más tienen, de una manera más justa desde el punto de vista fiscal y minimizando el déficit que generen dichas políticas.
La opción ideológica de la privatización como gestión
El sobrecoste en las actividades y servicios que se prestan a la ciudadanía viene en parte de que no sea el propio Ayuntamiento quien preste los servicios. La privatización es una opción ideológica que encarece el servicio que se presta y precariza la calidad de los puestos de trabajo. El encarecimiento de la privatización viene obviamente de la plusvalía que se tiene que llevar la empresa privada que se encarga de gestionar dicha actividad, un 20, 30 ó 40% La ventaja para quienes han sido elegidos para gestionar los público son, entre otras, la comodidad de responsabilizar a un tercero de cualesquiera circunstancias se dén en dicho servicio y la facilidad para dejar de prestarlos (como por ejemplo, el Espacio Joven), … Se da la paradoja que quienes están encargados de la gestión de lo público por parte de la ciudadanía, son quienes más contribuyen a su desprotección en aras a unas supuestas leyes del mercado.
Uno de los múltiples inconvenientes de esta opción es que es el Ayuntamiento el responsable de establecer un Pliego de condiciones a dicha privatización y de vigilar para que dichas condiciones se cumplan. Así por ejemplo, que el grupo municipal de Izquierda Unida solicite información sobre las titulaciones del personal de educación infantil de las escuelas municipales y de si están las ocho personas contratadas a jornada completa como establece el pliego de contratación puede costar en torno a siete meses para que las empresas encargadas de realizar dicho servicio pase esa información al Ayuntamiento y éste lo facilite al grupo municipal. Lo cual hace muy difícil el cumplimiento de las normas de contratación que se establecen por parte del Ayuntamiento, es la empresa la que manda si los responsables políticos hacen dejación de sus funciones.
Plan de pago a proveedores
Para contextualizar de qué estamos hablando voy a citar unas palabras del ministro Montoro con respecto al Real Decreto Ley del Pago a proveedores: “Este plan beneficiará principalmente a las grandes empresas españolas y multinacionales relacionadas con la sanidad, las polítcas sociales y la educación, despejando su futuro y su presente”.
Una vez planteado parte del problema que atañe a todos los Ayuntamientos de España, pasamos a desglosar porque en Izquierda Unida votamos contra este Plan:
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Porque es una intervención de los Ayuntamientos por parte del Gobierno de España. Es la interventora quien hace el plan de Viabilidad a 10 años, ignorándose que en la gestión política no existe neutralidad profesional.
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Es un chantaje a Palencia porque se puede entrar a cambio de presentar un plan de recortes(viabilidad) y porque la opción de voluntariedad no es tal, ya que desaparece parte de la financiación estatal que llegaba a los Ayuntamientos y estará condicionada a la presentación de este plan.
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Se vende como una medida destinada a proporcionar liquidez a pequeñas empresas y autónomos pero se transforma en una nueva ayuda para la banca. Bancos y cajas reciben dinero público del Banco Central Europeo al 1% y se lo prestarán al Ayuntamiento al 5%.
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Con esta operación el Ayuntamiento de Palencia verá aumentar su endeudamiento y la asfixia económica que padece.
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Como va a tener que respetar el equilibrio financiero se van a tener que disminuir más la prestación de servicios municipales para pagar la deuda. Seguiremos la espiral que nos llevará a más recortes, menos servicios públicos y peores, una dinámica impuesta por los poderes económicos.
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Cuando los proveedores acceden a las facturas del Ayuntamiento tienen que indicar si aceptan una disminución de las cuantías que les debe el Ayuntamiento, de tal manera que aquellas empresas que acepten quitas tendrán prioridad sobre las que no lo acepten, lo cual significa una ventaja sobre las grandes empresas que se pueden permitir disminución de las deudas municipales con respecto a ellas, sobre las pequeñas y medianas empresas que tienen más problemas económicos y trabajan con precios más ajustados a sus costes. (Si había una factura habrá que pagarla aunque políticamente algunas son inasumibles).
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Y por último no hay exigencia de que una vez lo contratistas hayan cobrado, abonen sus deudas a subcontratas o a sus trabajadores.