Como ha denunciado el alemán Die Welt, ante el desastre económico de los países del sur de Europa, entre ellos España, prefieren acusar a Alemania de colonialismo y de nazismo antes de reconocer la verdad de que sus gobiernos son corruptos, ineficaces y culpables directos de la ruina que les afecta.
El artículo de opinión, titulado "Una cuestión de decencia" y firmado por el periodista Ulrich Clauss, se lamenta la proliferación de imágenes de Angela Merkel con bigotes hitlerianos y de mensajes "groseros" y "anti-alemanes" en países como España, Italia, Grecia y Chipre.
En España, concretamente, ningún periódico o televisión es capaz de afrontar directamente los dos problemas mas graves que afectan al país: el primero es que toda su clase política está infectada de corrupción y es la principal culpable del desastre de la economía y de la ética; la segunda es que el país no es una democracia, una verdad conmovedora que los periodistas y los medios ocultan de manera activa hablando constantemente de "la democracia española", un fantasma inexistente en un país sin controles al poder de las castas políticas y los partidos, sin una Justicia independiente, sin separación de poderes, sin que el ciudadano pueda elegir sin trabas a sus representantes, sin castigo para los corruptos y sin defensa alguna de la verdad, sin una información limpia al servicio del ciudadano y sin una ley que sea igual para todos.
Es una verdadera lástima que tenga que ser la prensa extranjera la que desvele las grandes verdades de España, una vergüenza que reedita lo que ocurria en tiempos del dictador Franco, en los que había que leer la prensa internacional para saber la verdad sobre España.
Ese ocultamiento de la verdad carga de ignominia y de culpa a los periodistas españoles y sus medios de comunicación, incapaces de sumarse a la necesaria lucha que algunos ciudadanos aislados están librando, de manera desigual, contra el poder inmenso de los corruptos y los antidemócratas que controlan el poder.
Delante de las propias narices de los medios de comunicación españoles, sin que sus periodistas salten como un resorte para denunciarlos, se han cometido los abusos más indecentes y los peores atentados contra la ciudadanía. Los medios no se han lanzado al cuello del poder por sus violaciones de la ley al infectar lo público de corrupción; no se han denunciado las mentiras del poder y los incumplimientos de los programas electorales, lo que invalida y deslegitima la democracia; tampoco se ha denunciado el robo a los ciudadanos mediante las participaciones preferentes; no se ha denunciado la terrible contaminación de la Justicia, ni el hecho indecente en democracia de que los partidos políticos nombres a jueces y magistrados; tampoco se ha resaltado que existe un auténtico clamor popular, desatendido por los partidos políticos, como es habitual en España, que exige el fin de la financiación de los partidos y sindicatos con dinero procedente de los impuestos ciudadanos<; los medios han silenciado el abuso de poder que representa que los españoles, que padecen sueldos bajos e insuficientes, estén pagando, proporcionalmente, los mayores impuestos de toda la Unión Europea; finalmente, nadie ha denunciado que los últimos gobiernos, sin publicidad y con disimulo, hayan metido la mano en los fondos de la seguridad social reservados para pagar pensiones y los hayan mal invertidos en comprar deuda española.
Hay otras mil fechorías, maldades y canalladas del poder silenciadas por los medios y por periodistas influyentes que silencian los dramas para seguir cobrando como colaboradores en los grandes medios. Las cajas de ahorro han sido saqueadas sin que la prensa lo denunciara como sus ladrones políticos y sindicales lo merecían, quizás porque esas cajas tenían cuentas generosas de publicidad con los medios. Nadie habla de las torturas camufladas, de los abusos policiales, de los desahucios injustos, de los miles de políticos que no pueden justificar sus abultados patrimonios, de los abusos de las organizaciones patronales y sindicales, de la inflación de empresas, instituciones, observatorios y otros muchos chiringuitos del poder, creados para colocar allí a los familiares y militantes. Nadie denuncia, por último, que el mayor problema de España es su degradada e inmoral clase política, ni que el Estado español, construido por los políticos, es tan injusto, enorme y costoso que si fuera adelgazado y limitado a su dimensión racional, más de la mitad de los problemas de financiación del país desaparecerían de manera fulminante. Ni siquiera se denuncia con la contundencia que merece el hecho dramático de que los ciudadanos rechazan masivamente a sus políticos, desconfían de ellos y transforman, poco a poco, ese rechazo en odio.
Seguir hablando de "la democracia española" rn las presentes circunstancias es, por lo menos, una indecencia que descalifica a los periodistas sometidos y a buena parte de los degenerados medios de comunicación españoles, incapaces de servir a la verdad y dedicados por entero al servicio de sus amos y financiadores.