No parece importarles demasiado a los políticos el hecho de que se hayan convertido en uno de los tres problemas de mayor importancia para la ciudadanía. La oleada de casos de corrupción con que nos inundan a diario los medios no parece arredrarles en absoluto. Ellos siguen a lo suyo, como quien oye llover y cuando se ven en apuros ante la opinión pública tiran de hipocresía o, lo que es peor, del más descarado cinismo.
Mientras los ciudadanos asisten atónitos a la mayor escalada de corruptelas y amiguismo que ha conocido la democracia española, nuestros políticos actúan como si no fuera con ellos, gastando todas sus energías en el ejercicio sin límites del “y tú más” y sin mirar hacia los adentros de sus propios partido, exiliando por completo un ejercicio sensato de autocrítica que nos dé esperanza a los ciudadanos de que algo tan necesario para la convivencia como la política todavía tiene posibilidades de salvación.
Este escenario se convierte en un escarnio público insufrible en épocas como las que atravesamos, donde una inmensa mayoría de la ciudadanía lo está pasando francamente mal a causa de las decisiones implantadas por esta casta de privilegiados, que se preocupan más por mantener el estatus exclusivo de sus cargos que por el interés general de quienes los eligieron para estar ahí.
El sentido común y la coherencia exigidos a quienes aspiran a representarnos brillan por su ausencia y, como en la antigua mili, se les suponen, sin que rara vez lleguen a demostrarlo en el ejercicio de sus funciones. Porque si ambas cualidades imperaran en la clase política española, sería improbable el espectáculo bochornoso que están ofreciendo.
Los innumerables casos de corrupción que están aflorando a la opinión pública ponen de manifiesto bien a las claras que aquí lo relevante no es el servicio a los demás, sino el servirse de ellos para el interés personal y la ambición política de uno mismo. Y esto incumbe a todo el espectro político con independencia de la ideología, que más bien brilla por su ausencia, y del color de cada cual.
No es de recibo que alguien como Javier Arenas se comprometa a “poner en marcha una campaña por la regeneración de la vida pública”, cuando en su propio partido se da el visto bueno a listas con hasta diez imputados en procesos judiciales que tienen que ver con la corrupción. Como tampoco lo es que Izquierda Unida impulse un “compromiso ético contra la corrupción” que están obligados a suscribir todos sus candidatos y consienta en mantener como candidato a la alcaldía de Sevilla a Antonio Rodrigo Torrijos, imputado recientemente en el caso de la venta de suelos de Mercasevilla, aún a costa del serio peligro de sufrir una grave crisis en el seno de la coalición. Y, por supuesto, lo es menos que el candidato socialista a la misma alcaldía, Juan Espadas, cuya formación se jacta de no llevar ningún imputado en sus listas, justifique la decisión del hasta ahora socio de gobierno en la capital andaluza con comparaciones que ni vienen al caso, ni en rigor son aplicables.
La sensación que nos queda a los ciudadanos ante este espectáculo lamentable no puede ser otra que la de que se están riendo de nosotros en nuestras propias narices. No se trata de condenar a nadie de antemano, ya somos bastante mayorcitos para saber que imputado no es sinónimo de condenado. Tampoco de dudar de la honradez de nadie antes de que existan pruebas que desmonten su inocencia.
Se trata simplemente de exigir un mínimo ejercicio de coherencia política, de cumplir a rajatabla los compromisos que se adquieren libremente ante la ciudadanía. Porque no se pueden lanzar al viento con redobles de campana códigos éticos especialmente diseñados para que después se puedan pasar con una facilidad asombrosa por el forro de los caprichos. Eso es de cínicos, sin más.
La vida política de este país necesita con urgencia un baño de dignidad que la legitime ante los ojos de la ciudadanía. El ciudadano ha de pasar a primer plano e ir restando protagonismo a esos engranajes monstruosos y con realidad paralela propia que son los partidos. El sistema democrático no está ideado para que el poder judicial se convierta en la única esperanza de la ciudadanía a causa de un deseo de justicia e igualdad que rara vez se ve satisfecho.
La democracia está secuestrada. Es hora de ir liberándola de sus ataduras. Y eso no será posible mientras los políticos no recuperen su dignidad ante los ojos de los ciudadanos y éstos no se muestren decididos a exigírselo.